Por Cristian Velix
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La jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, decidió que la excandidata a la presidencia, Sandra Torres, debe enfrentar proceso penal por dos delitos imputados en su contra en el Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Asimismo, la jueza ordenó que Torres continúe en el Mariscal Zavala, guardando prisión preventiva.
La juzgadora explicó que, a su criterio, Torres probablemente se asoció de forma ilícita y agregó en cuanto al delito de asociación ilícita, que la comisión de los hechos en esta investigación no fue fortuita o aislada, sino con el fin de cometer conductas contrarias a la ley, por lo que la ligó a proceso por ese ilícito.
Por otra parte, también dictó auto de procesamiento en contra de la exprimera dama por el delito de financiamiento electoral no registrado, señalando que existen indicios racionales de que ella pudo haber incurrido en esa conducta penal.
Asimismo, Domínguez ordenó a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que ampliara la investigación hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), para establecer si hay más personas vinculadas a este expediente judicial.
INVESTIGACIÓN LA DELATA
Según las pesquisas realizadas por la FECI y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la ex aspirante a la primera magistratura del país formó parte de una estructura cuyo objetivo era recaudar fondos para la campaña de la UNE en 2015, los cuales de manera “consciente” y “deliberada” no fueron descritos en los registros contables de la agrupación política. Los aportes que aparentemente Torres consintió fueron al menos siete por casi Q6 millones, explican los entes investigadores.
