Por CHRISTIAN GUTIÉRREZ*
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El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, dijo hoy que apelarán el fallo del juez Fredy Orellana, quien dictó falta de mérito por dos delitos al exdiputado Baudilio Hichos y que lo benefició con arresto domiciliario.
El pasado viernes, el juez, Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, ligó a proceso al exdiputado únicamente por el delito de tráfico de influencias, dictando falta de mérito por los delitos de asociación ilícita y fraude.
Hichos, tras permanecer prófugo de la justicia desde 2016, también fue beneficiado por el juez con arresto domiciliario, pagando una fianza de Q35 mil.
Además, el exlegislador tiene prohibido salir del país y de comunicarse con peritos, testigos o personal de la Contraloría General de Cuentas.
“Al realizar un análisis de lo actuado por el juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, el Ministerio Público planteará dos recursos de apelación, uno dirigido en contra de la resolución que dictó falta de mérito por algunos de los hechos que fueron imputados por la fiscalía”, mencionó Sandoval.
Asimismo, el jefe de la FECI agregó que el otro recurso estaría dirigido en contra de la resolución que emitió el juez que resolvió otorgar medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Según Sandoval, esta decisión “deriva de muchas situaciones que serán plasmadas en el recurso que será interpuesto, entre ellas lo relativo a que la presentación de él –Hichos– en la judicatura no podría considerarse de manera espontánea, tomando en consideración que existía una orden de detención con más de tres años de vigencia y la cual él se encontraba rehuyendo”.
El excongresista se presentó la mañana del pasado viernes al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, en donde el juez le dio audiencia y se escucharon las imputaciones que la FECI tenía en su contra por su supuesta vinculación en el Caso IGSS-Chiquimula.
La Fiscalía vincula a Hichos con la negociación ilícita para el arrendamiento del consultorio y Caja Departamental del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Chiquimula a la entidad Comercial y Constructora Siboney, S.A., que estaba bajo su control, según se señala en las investigaciones.
Al momento de relatar los hechos, los fiscales mencionaron que desde agosto del 2014 ya se había oficializado, por parte del IGSS, la intención de arrendar un inmueble que albergara la sede de la institución en Chiquimula.
La investigación agrega que el monto por el que se benefició la institución mercantil fue de Q2 millones 160 mil, por una duración de dos años y tres meses.
*Con información de Cristian Velix.
