El Procurador puntualizó que debe darse prioridad a aquellos menores que padezcan enfermedades crónicas o comorbilidades, con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad por COVID-19. Foto La Hora

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo en contra del Presidente de la República Alejandro Giammattei y el Ministerio Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), por la omisión de incluir a menores de 5 y 11 años, en el Plan Nacional de Vacunación.

De acuerdo con el acto reclamado en el amparo, las autoridades impugnadas, como entes rectores, deben adquirir, importar, incluir dentro del plan de vacunación contra el COVID-19 y suministrar las vacunas conforme lo estipulado en el Decreto 1-2021 a aquellas debidamente autorizadas por las entidades regulatorias a nivel mundial a los menores de edad comprendidos en el rango de los 5 a los 11 años, a nivel nacional.

Además, el Procurador puntualizó que debe darse prioridad a aquellos menores que padezcan enfermedades crónicas o comorbilidades, con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad por COVID-19 y mitigar las consecuencias humanas y socioeconómicas derivadas de la misma.

Jordán Rodas, presentó ante la CC un amparo en contra del Presidente de la República Alejandro Giammattei y MSPAS. Foto La Hora

El agravio que motivó la acción de amparo es el “menoscabo y violación a derecho humano a la salud, integridad física y el derecho humano a la vida”, de los menores que comprenden dicho rango etario, en virtud de que existe una “omisión significativa por parte de las autoridades”.

SALUD NO SE PRONUNCIA

Por su parte, el MSPAS indicó que harán pública su postura ante el amparo hasta el miércoles 26 de enero.

CLASES EN ALERTA ROJA

En medio de una creciente ola de contagios atribuidos a la variante ómicron, la cartera de Salud anunció que flexibilizó las restricciones en alerta roja y delega a los directores y padres de familia decidir, siempre que cumplan ciertas condiciones, reactivar las clases presenciales en los centros educativos privados ubicados en los municipios que el tablero COVID-19 marque con la máxima alerta.

La modificación adoptada por la cartera de Salud se dio a conocer un día después de que el termómetro de alerta sanitaria ubicara en color rojo al municipio de Guatemala, que concentra la mayor cantidad de colegios en el país.

La condición consiste en una autorización excepcional que se otorga a los colegios bajo la estricta responsabilidad de los directores y padres de familia, informó este domingo 23 de enero en un comunicado conjunto de los ministerios de Salud Pública y de Educación.

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