El Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil dio trámite al recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, luego de no decretarse el amparo provisional presentado por el magistrado de conciencia. En este se solicitaba dejar sin efecto el contrato de arrendamiento de bienes de uso ferroviario, según dictó el pasado 28 de enero, el juez Mynor David Rangel Coromac.
El juez elevó las actuaciones a la Corte de Constitucionalidad (CC), a efecto de que resuelva el amparo provisional. En sus redes sociales, Rodas comentó que está en manos de este máximo órgano, la posibilidad de suspender el negocio ilegal de Ferrovías, S.A. “el cual fue hecho a medida de un único ofertante”.
SOBRE LA ACCIÓN
El amparo provisional es una figura legal cuya función radica en que mientras se obtiene la sentencia definitiva del amparo, este sirve para preservar la materia de fondo que debe resolverse en el proceso de amparo. Es decir, se trata de una disposición o instrumento tendiente a preservar una situación fáctica o jurídica, o asegurar expectativas futuras. Conlleva las características de una medida cautelar, según definió en una tesis el abogado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Arturo Sierra.
La PDH informa que el Juzgado Octavo dio trámite a la apelación que plantearon por un amparo que no se otorgó por el contrato de Ferrovías-Remed S.A. https://t.co/0BjyOTckRR
— Diario La Hora (@lahoragt) January 31, 2022
El amparista, en este caso el PDH, puede solicitar un amparo provisional con el fin de detener un hecho delicado u obra civil, por ejemplo. A petición del interesado, el juez que conoce el caso, lo decreta como una petición accesoria. Si el juez considera que no concurren las circunstancias de emergencia de este amparo provisional, luego de ser notificado, el interesado tiene tres días para interponer un recurso ante la Corte de Constitucionalidad, explica el abogado Roberto González.
CITACIÓN
Este día, la Bancada Semilla citó al Interventor de Fegua, Augusto Ponce; autoridades del Ministerio de Comunicaciones, con la presencia de representantes de la PDH, con el fin de aclarar el negocio de Ferrovías con bienes públicos sin la supervisión del Estado, así como un plan para reubicar a cerca de 65 mil personas –estimadas a nivel nacional– que podrían verse afectadas por el proyecto del Ferrocarril Bicentenario.
Por segunda vez, el Procurador General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado, se excusó de participar en esta citación, de acuerdo con la transmisión en vivo de esta bancada.
INFORMES
El Procurador de los Derechos Humanos, PDH, Jordán Rodas, en el expediente 8227-2021 dejó constancia de la presunta violación de los derechos humanos de la población guatemalteca por parte del Ministro de Economía, Antonio Malouf, y el PGN debido a la presunta celebración de un contrato anómalo, firmado el pasado 12 de diciembre, entre Ferrovías, S.A. en el cual se firmó un contrato de arrendamiento de bienes inmuebles de utilidad ferroviaria usufructuados a favor de Ferrovías, con la empresa mexicana Remed, S.A. para la habilitación de la primera etapa del proyecto Ferrocarril Bicentenario.
El Estado de Guatemala es el accionista principal de Ferrovías, S.A. con el 81.19% de las acciones. Por tanto, el contrato contó con el voto favorable del PGN, quien es el representante del Estado.
En su primera etapa, el Ferrocarril Bicentenario contempla habilitar 235 kilómetros de vía férrea en la División Pacífico, ruta entre Tecún Umán, San Marcos hasta Puerto Quetzal, Escuintla.
