La falta de transparencia, secretismo y el temor de posibles daños al país figuran entre los argumentos expuestos por el procurador de Derechos Humanos y el diputado Luis Fernando Pineda, para solicitar a la Contraloría General de Cuentas (CGC), auditar de inmediato la firma del Contrato de Arrendamiento entre Ferrovías, S.A. y la empresa mexicana Remed, S.A. para la construcción del tramo en la División Pacífico del Ferrocarril Bicentenario.
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, solicitó al titular de la CGC, Edwin Salazar, intervenir para efectuar un análisis, fiscalización y pronunciamiento al respecto, basándose en un contrato que no fue otorgado de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, al recordar que el 81.1% de las acciones de la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A. (Ferrovías), son propiedad del Estado de Guatemala.
Por medio de sus redes sociales, Rodas exhortó al contralor General de Cuentas “evitar que surta efectos jurídicos el arrendamiento a todas luces ilegal que Ferrovías otorgó a Remed por un plazo de 26 años y “apenas pagando el 4.5% sobre los ingresos sin garantía alguna”.
El funcionario de conciencia también presentó un amparo la semana pasada en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil en contra de Ferrovías, S.A., al que ya se le dio trámite y se exhortó a la entidad a presentar un informe en un plazo de 48 horas.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
Además, Pineda, del bloque Semilla, y quien fue el primero en alertar sobre supuestas irregularidades en las negociaciones para la creación del Ferrocarril Bicentenario, también demandó la actuación de la CGC para que efectúe una auditoría de cumplimiento al Contrato de Arrendamiento firmado entre Ferrovías, S.A. y la empresa Remed, S.A.
En un expediente de tres páginas, Pineda expone el secretismo y discrecionalidad con el cual se ha manejado este negocio, iniciado en 2019 y el cual tiene una enorme trascendencia financiera y comercial para el país.
El PDH, Jordán Rodas solicitó la intervención urgente del Contralor General de Cuentas, Edwin Salazar para verificar las negociaciones que se están llevando a cabo en relación al contrato de arrendamiento de ferrovías a favor de REMED. pic.twitter.com/iBaRLU911S
— Diario La Hora (@lahoragt) January 18, 2022
Uno de los señalamientos es la falta de información pública relacionada con los términos del contrato, que supera los US $700 millones, el cual debe transparentarse con el fin de “evitar un grave perjuicio al patrimonio de los guatemaltecos y deducir responsabilidades”, expone.
Como parte de su labor de fiscalización, Pineda cuestiona la suscripción de un contrato directo con una empresa mexicana, Remed, la cual no ha demostrado capacidad técnica, administrativa ni financiera para ejecutar un proyecto de esta magnitud y naturaleza, “por lo que se desconocen los criterios para que haya sido seleccionada”.
Asimismo, el cambio de postura de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que tuvo un giro radical en el criterio de este contrato, quien, además, actúa en su calidad de representante legal del Estado, que es el propietario de más del 80% de las acciones de Ferrovías, S.A.
A esto se suma, un contrato que no tomó en cuenta la Ley de Contrataciones del Estado, al afirmar que debió sujetarse a esta legislación, puesto que el Estado es el que posee el mayor porcentaje de acciones.
CONTRALORÍA: SE HA MONITOREADO
El subcontralor de Calidad del Gasto de la CGC, José Ramírez Crespin, informó a través de la vocera, Mónica Monge, que el caso Ferrovías se ha monitoreado a través de la Dirección de Monitoreo y Alerta Temprana, quienes han emitido las alertas correspondientes. “Se realiza el análisis y la auditoría de cumplimiento con seguridad limitada”, informó, además de explicar que estas alertas son documentos internos sin acceso público.
En cuanto a la auditoria solicitada por Pineda, responden que hasta la culminación de la misma podrán determinar los extremos planteados por el parlamentario.
OTROS ACCIONISTAS EVITAN OPINAR
Ferrovías, S.A. celebró una asamblea extraordinaria de Accionistas el pasado 12 de enero para aprobar el contrato con la empresa mexicana Remed, propiedad de Carlos Álvarez de Alba. De los resultados de esta votación, hubo un 81.6% de voto favorable hacia este negocio, con el voto del procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado y un accionista más, el cual se desconoce.
Además, hubo un 18.4% de voto en contra. Trascendió que dos de los accionistas son Cementos Progreso con un 15% de las acciones y el resto particulares, entre ellos Inversiones Maratón. Sin embargo, al ser consultados ambos sobre su negativa, evitaron pronunciarse al respecto.
NO HAN SIDO NOTIFICADOS
El caso de Puerta del Istmo, Zona de Libre Comercio ubicada en la frontera de Tecún Umán, San Marcos, que tiene un contrato con Ferrovías por uso no exclusivo de 1.3 kilómetros de línea férrea, y a quienes trascendió que durante dicha asamblea se les rescindió el contrato, informaron que todavía no accionan con una respuesta legal, pues hasta el momento Ferrovías no les ha notificado oficialmente de tal decisión.
“Estamos a la espera, cualquiera que sea su posición”, informó Fredy Palma, gerente general de Puerta del Istmo.
