Este miércoles fue publicado en el Diario Oficial el decreto que anuncia el Estado de Prevención en todo el territorio nacional. Esto, con el argumento de evitar el aumento de contagios de Covid-19 y sus diversas variantes.
En líneas generales establece las siguientes restricciones: limitar la celebración de reuniones al aire libre y consumo de bebidas alcohólicas. Las reuniones o manifestaciones públicas no se prohibieron. Pero se requirió contar con la autorización necesaria y con los protocolos de bioseguridad conocidos, prohibiendo portar armas u otros elementos de violencia.
También se incluye prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos, cuyos pasajeros no cumplan con las medidas sanitarias, y las fuerzas de seguridad podrán impedir la salida de las poblaciones, o en su caso, someterlos a registros para que cumplan las reglas biosanitarias.
El Estado de Prevención está contemplado dentro de la Ley de Orden Público que data de 1965. En el capítulo II, artículo 8, indica que tal como lo dispone el artículo 151 de la Constitución de la República, este no necesita la aprobación del Congreso. Su vigencia no excederá de 15 días y durante ella el Ejecutivo podrá tomar medidas contempladas en la Ley.
En ese contexto, dos expertos en seguridad analizan el impacto de esta medida, creada en un contexto de control contrainsurgente, y que en años recientes, se ha utilizado en territorios específicos para el combate del crimen organizado.
EL RECURSO DEL MIEDO
Carlos Menocal, ex ministro de Gobernación, indicó que esta es una ley que limita las garantías constitucionales, restringe la movilización ciudadana y las manifestaciones.
La Ley de Orden Público también contempla el Estado de Sitio, una medida que se ha aplicado en circunstancias relacionadas con el control territorial que tiene presencia del crimen organizado. “Esto requiere de un mayor instrumento legal del Estado para realizar todas las acciones coercitivas”, explica. Por ejemplo, en 2010 se impuso en Cobán, Alta Verapaz para desmantelar la estructura del grupo “Los Zetas”. Un año después, en mayo de 2011, la masacre de 27 jornaleros en finca Los Cocos, en Petén, provocó que el Estado impusiera de nuevo un Estado de Sitio.
Según Menocal, las manifestaciones recientes no representan una amenaza a la estabilidad social ni para la propagación del virus, pues no se trata de 15 mil personas en un lugar. “Creo que hay más gente en los centros comerciales. Lo que busca el presidente Alejandro Giammattei es el control social, e imponer el recurso del miedo para que la ciudadanía no se manifieste”, expone.
A su criterio, se trata de un experimento que puede mantenerse vigente y extenderlo por dos vías: Primero, con el uso de recursos legales a su alcance para controlar a la población y que no se exprese por el mal manejo de la pandemia y del país. Segundo, convencer a la población por medio de redes sociales y por los canales de TV abierta (que todavía tienen influencia) hacia una calificación positiva de su gobierno.
AUTORITARISMO
Por su parte, Arnoldo Villagrán, también ex viceministro de Gobernación, considera que Giammattei usa la fuerza y las instituciones del Estado para gobernar, debido al escaso apoyo popular. Recordó cómo el gobierno de Carlos Arana Osorio gobernó bajo Estado de Excepción casi todo su período. Coincide con Menocal en la posibilidad de que Giammattei pueda extender esta medida por más tiempo.
En su opinión, desde un inicio Giammattei manifestó rasgos de autoritarismo, ha gobernado dentro de Estados de Excepción, como un recurso para mantener el control político sobre la sociedad. Recuerda que la Ley de Orden Público formó parte de la estrategia Contrainsurgente en los años del Conflicto Armado. Fue una herramienta utilizada por el Estado para mantener por la fuerza el control político sobre la población.
“Esta norma no corresponde a la actual práctica democrática; tiene vigencia, es legal, pero es ilegítima y se debe reformar o cambiar. A pesar de tener rango constitucional, es una ley que corresponde a la etapa de la guerra y en la actualidad no tendría razón de ser”, expresa Villagrán.
Un gobierno autoritario es un gobierno débil, que solo por la fuerza puede mantenerse en el poder e imponerse sobre la población, neutralizando o reprimiendo sectores que cuestionan su autoridad. Ello genera inconformidad, en la medida que la población es coaccionada. Por lo tanto, el gobierno reduce su fortaleza hegemónica, legitimidad y gobernabilidad, donde las autoridades, no son percibidas como representantes de los intereses colectivos.
En su opinión, el poder coercitivo lo utiliza el Estado para forzar la obediencia de la población, con diversos grados de coacción. “Pero el poder coercitivo no es suficiente, porque crea descontento, impone un desgaste continuo y oposición organizada. En esas condiciones, la sociedad le pasa la cuenta al régimen, tal como sucedió en 2015, cuando la población tomó la Plaza y expulsó a los gobernantes corruptos de turno”, comentó Villagrán.
