A pocos días de las elecciones generales 2023 continúa la discusión por la compra y utilización del sistema de transmisión de datos adquirido por la Junta Electoral de Guatemala y la Junta Electoral del Distrito Central. Ahora el secretario general del Partido Republicano, Carlos Velásquez Monge, presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en contra de los referidos órganos electorales temporales.
El referido partido político considera que las dos juntas electorales que compraron el sistema habrían cometido los delitos de malversación de fondos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Según informó el Ministerio Público (MP), la denuncia ya fue remitida a la Fiscalía contra Delitos Electorales para que se realice la investigación correspondiente.
El Partido Republicano denunció ante el @MPguatemala no solamente por la confusión que pueda crear un sistema paralelo, sino también, por el uso indebido de fondos públicos para adquirir otro sistema sin una verdadera justificación. La rendición de cuentas es para todos. https://t.co/M9De3WqDYd
— Carlos Velásquez Monge. (@cvelasquezmgt) June 21, 2023
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Velásquez Monge explicó que el presidente de la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC), José Murúa, dio declaraciones a un medio de comunicación en las cuales indicó que ellos iban a realizar dos conteos de votos, uno en el centro de votación y otro en el Centro Nacional de Información, por lo cual se comete una ilegalidad porque la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) especifica que las únicas personas que pueden contar votos, son las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Asimismo, señaló que las juntas electorales estarían abusando de su autoridad porque no están facultadas para contar los votos ni para comprar ningún sistema.
“El sistema que ellos compraron junto con la departamental de Guatemala alcanza casi los Q8 millones, y el Tribunal Supremo Electoral ya compró un sistema, el cual conocemos como TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), en el cual van a duplicar las funciones del Tribunal y van a usurpar funciones”, afirmó.
Además, indicó que las juntas electorales departamentales o municipales tienen establecido en la LEPP el marco para desarrollar sus labores, y que la normativa no establece que serán encargados de realizar compras. Aseguró que estas funciones son específicas para los magistrados del TSE y no son delegables.
“Aquí vemos usurpación de funciones, muy delicada, y ponen en riesgo la democracia del país porque ellos no tienen ninguna autoridad para contabilizar votos”, manifestó.
PRESENTARÁ DENUNCIA ANTE LA CGC
Velásquez Monge también informó que presentarán ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) una denuncia en contra de las mismas juntas electorales por malversación de fondos, y para que el ente fiscalizador inicie una auditoría por calidad del gasto.
“No puede ser que los guatemaltecos estemos pagando doble, y me voy a presentar al Ministerio Público ampliar la denuncia”, indicó.
JEDC SE PRONUNCIA
La JEDC señaló que los partidos políticos están violando la autonomía de su organización al inmiscuirse en la decisión de la compra del sistema informático para el procesamiento del conteo de votos.
A través de un comunicado, los integrantes de la Junta declararon que “cualquier intromisión e intimidación al trabajo de la JEDC pone en riesgo la autonomía y transparencia del proceso electoral”.
Derivado de la situación, varios partidos políticos solicitaron al TSE, el pasado jueves 15 de junio, anular la compra del sistema informático efectuada por la JEDC.
La Junta también declaró que la compra es “un aspecto fundamental de su plan de trabajo”, y agregó que se hizo con la intención de “contar con una herramienta que confiera certeza, rapidez, confiabilidad, legalidad y legitimidad a la expresión de la preferencia de los ciudadanos, manifestada en el voto”.
La JEDC reiteró que se debe respetar su autonomía dada por el TSE, máxima autoridad del proceso electoral. Agregó que “las reglas del juego las impone el árbitro, no los jugadores (partidos políticos), pues eso implicaría desnaturalizar el proceso electoral y poner en riesgo la garantía de objetividad, transparencia y confiabilidad” de la democracia.
TSE SIN FIJAR UNA POSTURA
En la última reunión efectuada por el TSE con los fiscales de los partidos políticos, estos señalaron las inconsistencias que observaron en el funcionamiento del sistema informático comprado por las referidas juntas electorales, durante el desarrollo de los simulacros.
De esa cuenta, las agrupaciones políticas solicitaron a los magistrados del órgano electoral reconsiderar la cancelación de la adquisición o declarar lesivos los contratos.
Ante esto, la presidenta del TSE, Irma Palencia, informó que la decisión sobre el uso de la herramienta sería discutida por el pleno de magistrados el miércoles 21 de junio, sin embargo, no han fijado ninguna postura oficial luego de la reunión.
