Treinta y tres senadores demócratas pidieron al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden que se designe un nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS), para El Salvador, Honduras y Nicaragua, además, se otorgue a Guatemala debido a la situación humanitaria de los tres países.
En una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y al jefe de la diplomacia Antony Blinken, los senadores expresaron su grave preocupación por las condiciones humanitarias en Centroamérica, agravadas por la pandemia de COVID-19 y las catástrofes naturales, que han contribuido a un repunte de la emigración de la región, afirma en un comunicado el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez.
«La crisis en Centroamérica es urgente (…) Las designaciones y redesignaciones de TPS proporcionarían protecciones críticas para los beneficiarios elegibles y les permitirían satisfacer las necesidades básicas de sus seres queridos en su país de origen e invertir en alternativas más seguras a la migración irregular”, escribieron los senadores.
El TPS es un programa temporal y renovable que impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país de origen debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.
El envío de dinero de los migrantes a sus familias en América Latina y el Caribe ha crecido un 21.6% este año, informó a mediados de octubre el Banco Mundial (BM).
Los senadores estiman que el TPS en estos casos se justifica «por los graves daños causados por huracanes consecutivos hace poco más de un año, combinados con condiciones de sequía extrema y las crisis sociales y económicas exacerbadas por la pandemia de Covid 19».
Los países de la región «han sufrido un grave retroceso democrático y la persecución política va en aumento, incluso a través de la consolidación de una dictadura en Nicaragua, el desmantelamiento de los poderes judiciales independientes y los esfuerzos para intimidar y silenciar a la sociedad civil y los medios independientes», añaden los senadores.
En la carta recuerdan que más de un millón de centroamericanos «han sido desplazados por la violencia y la inseguridad».
Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, Estados Unidos registró 1.7 millones de entradas ilegales por su frontera suroeste, muchas de ellas de habitantes de Centroamérica.
