Más de un centenar de policías y soldados con fusiles resguardaban este domingo la zona colindante entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, tras la masacre de 13 personas, entre ellos niños y un policía, ligada a un viejo conflicto territorial entre dos municipios.
La fuerza pública se apostó a la orilla de la carretera Interamericana, cerca del camino de tierra que lleva a la aldea Chiquix, en el municipio de Nahualá, 171 km al oeste de la capital, donde ocurrió la masacre entre viernes y sábado, observó un equipo de la AFP.
Los uniformados, con equipo antidisturbios, se concentraron previo al inicio de un operativo de seguridad ante temores de un nuevo brote de violencia, comentó bajo anonimato un policía a la AFP.
Algunas personas circulaban en picops y microbuses hacia las comunidades de Nahualá y la vecina de Santa Catarina Ixtahuacán –enfrentadas por el centenario conflicto por el control de territorios limítrofes, donde hay bosques y cauces de agua– ante la mirada atenta de los agentes y sin detenerse a hablar.
Las autoridades no habían dado hasta el momento la identidad de los muertos y la Fiscalía señaló en Twitter que se «procesó la escena del crimen», donde también se localizó un camión semiquemado y una patrulla con perforaciones de bala.
El policía muerto fue identificado como Luis Reinoso, de 34 años.
Por su lado, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, deploró en un comunicado la matanza que, según esa institución, ocurrió cuando una familia que se dirigía a «levantar sus cosechas» fue «emboscada por un grupo de hombres que portaban armas de grueso calibre». La prensa local señaló que las víctimas iban a recolectar maíz.
Rodas recomendó al presidente, Alejandro Giammattei, «otorgarle la máxima prioridad a la grave situación de seguridad en el área, pues existen indicios de que los ataques armados más recientes han rebasado el histórico conflicto limítrofe».
En mayo del año pasado, poco después de una nueva escalada de violencia entre los dos municipios habitados por indígenas mayas, Giammattei decretó un Estado de Sitio e instaló una comisión para intentar resolver el conflicto.
Las comunidades indígenas, muchas de las cuales viven en condiciones de pobreza, representan más de 40% de los casi 17 millones de guatemaltecos, según cifras oficiales.
