Nueva reforma fortalece la lucha contra la discriminación y el racismo en pueblos indígenas

Este viernes 22 de noviembre, el Gobierno de Guatemala publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo Número 189-2024, que modifica el artículo 390-2002 que fortalece la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas. La reforma afecta los artículos 2 y 3, redefiniendo las funciones y la estructura de la Comisión.

NUEVAS FUNCIONES PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN 

El objetivo de la reforma es ampliar el alcance de la Comisión y brindar un enfoque más efectivo en la lucha contra la discriminación y el racismo. Entre las nuevas funciones destacan:

• Asesoría a instituciones públicas y privadas para promover acciones contra la discriminación hacia los pueblos indígenas.
• Formulación de políticas públicas para prevenir prácticas discriminatorias y monitorear su cumplimiento.
• Sugerencias a instituciones sobre criterios específicos para evitar la discriminación.
• Registro y reporte de casos de discriminación para que las entidades competentes puedan actuar y corregir la situación.
• Denuncias ante el Ministerio Público y acompañamiento en casos de discriminación y racismo.
• Presentación de informes semestrales al Presidente sobre el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, así como reportes internacionales.
• Campañas de sensibilización para combatir la discriminación y el racismo en la sociedad.

Además, la Comisión actuará como enlace entre los pueblos mayas, garífuna y xinka, y el Ejecutivo, asegurando una comunicación efectiva en temas de discriminación.

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

La reforma establece que la Comisión estará integrada por cinco miembros, hombres o mujeres, designados por el Presidente de la República. Los comisionados tendrán un mandato de cinco años, y la coordinación rotará anualmente comenzando con el miembro de mayor edad.

El Presidente podrá remover a cualquier integrante a petición de las autoridades indígenas si consideran que su desempeño no cumple con el mandato de la Comisión o que no representa adecuadamente a los pueblos indígenas. En caso de renuncia o remoción, se designará a un sustituto para completar el período restante.

El Acuerdo entrará en vigencia a partir del día de su publicación, marcando un nuevo compromiso del Gobierno para garantizar los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas en Guatemala.