Fiscal López: MP está llamado a investigar los hechos cometidos en el conflicto armado para que no se repitan

POR REGINA PÉREZ
rperez@lahora.com.gt

El jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, dirige algunas de las investigaciones más importantes por violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno. En esta entrevista, detalló a La Hora cómo el testimonio de dos exsoldados los llevó al descubrimiento de 558 osamentas en Creompaz, Alta Verapaz, caso por el que están sindicados 14 militares. Además, explicó por qué las denuncias contra exmiembros de la guerrilla no avanzan al mismo ritmo que los casos contra militares. López considera que, independientemente del bando responsable, la importancia de investigar las violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado reside en garantizar la justicia para las víctimas y evitar que tales hechos se repitan.

1. ¿Cómo iniciaron las investigaciones del Ministerio Público (MP) que llevaron al arresto de 14 militares en el caso Creompaz?
El MP informó en la rueda de prensa que las pesquisas iniciaron con base en el Caso Plan de Sánchez, ¿cuál sería la vinculación de ese caso con el de Creompaz?  

Es la misma causa y el mismo juzgado. El Caso Plan de Sánchez se trabaja (hasta hoy hay personas con órdenes de aprehensión) en el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, en la causa en donde se pidieron las órdenes de aprehensión del Caso Creompaz, donde inicialmente se pidieron las órdenes de allanamiento para ingresar a la zona militar número 21.

Estábamos en la fase preparatoria o intermedia del Caso Plan de Sánchez. No habíamos llegado a la fase del debate, cuando surge un testigo que dice que él había estado en la zona militar 21 y que había presenciado muertes. Habló de unas seis o siete muertes, y explicó por qué las presenció. Y dijo que él iba a cavar el agujero donde enterraron a estas personas.

Nos contó que su hermano estuvo en la zona militar 21 y que él le comentó que también había presenciado, o sabía, de alguna ejecución más grande que se había hecho, y que enterraron a la gente dentro de la zona. Hablamos con el hermano en más de una sesión, días completos, y narraron un montón de cuestiones que vivieron dentro del Ejército.

Lo importante es que son dos personajes que fueron miembros del Ejército quienes nos dan la información. Cuando nos enteramos de eso –era una información importante a la que había que darle seguimiento– le comento a mis jefes, y ellos me dicen: “Hay que hacer la solicitud”. Hablamos con la licenciada Carol Patricia Flores (entonces jueza del Juzgado de Mayor Riesgo “A”) y ella dijo, está bien, vengan y pidan las órdenes de allanamiento para la zona.

Fuimos y no nos permitieron el ingreso porque las órdenes estaban como “ingresar a la zona militar número 21” y nos dijeron: “Aquí es CREOMPAZ, así que no pueden entrar”. Pasamos ahí el medio día y le dijimos al comandante: “El problema es que ahora ustedes saben que nosotros vinimos y buscamos alguna evidencia. El temor es que si nos vamos y regresamos ya no vamos a encontrar lo que ahora estamos buscando”. El comandante dijo: “Pasen adelante, ustedes saben lo que van a buscar, observen el inmueble acá, tomen fotos y van a encontrar las cosas la próxima vez que vuelvan como están ahora”. Así se hizo, rectificamos la orden de allanamiento, fuimos 15 días después y entramos. Acababa de empezar el gobierno de Otto Pérez Molina.
El comandante hizo sus coordinaciones y unas dos horas después de empezar a excavar comenzamos a encontrar las osamentas. Esto derivado de la investigación del Caso Plan de Sánchez, que ocurre en la jurisdicción de la zona militar número 21, donde surge la información de que ahí había osamentas. Por eso se ingresó con el apoyo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).

En el Caso Plan de Sánchez ya hubo una sentencia que fue posterior al ingreso del MP a la zona militar 21. Esa sentencia es firme y es una sentencia histórica porque se emitió una condena de más de 7 mil años de prisión contra cinco personas, un comisionado militar, soldados y Expatrulleros de Autodefensa Civil. En esos hechos mataron a 256 personas, les dispararon, les prendieron fuego y las osamentas ardieron toda una noche. Eso ya se acreditó ante el Tribunal y ya se emitió una sentencia condenatoria. Hay órdenes de aprehensión pendientes todavía.

2. Muchos piensan que las capturas actuales de la Fiscalía constituyen un ataque contra el Ejército como institución y no para individualizar responsabilidades. Desde el punto de vista penal, ¿cómo se manejaría la responsabilidad de los acusados?

La responsabilidad penal es personalísima. Es cierto, el Ejército llevó a cabo una política contrainsurgente dentro del conflicto armado interno, pero esa política violentó el derecho internacional humanitario y el derecho interno. La pretensión de ellos era ganar la guerra y considero que la ganaron, pero violando el derecho internacional humanitario. No digo que solo los del Ejército lo violentaron, también lo hicieron las organizaciones subversivas. Había dos bandos en conflicto, ellos podían matarse en combate, pero había otro sector que jugaba un papel muy importante para la subversión y el Ejército, que era, la población civil. Ambos decían: “quien tenga el apoyo de la población va a ganar la guerra”.

La guerrilla estaba teniendo simpatía por parte de la población, sin duda alguna, el Ejército detectó esto, y por eso fue que atacó a la población civil. Eso está en el Manual de Guerra Contrasubversiva que estaba vigente durante todo el conflicto armado interno, ellos tenían que aplicar los principios y doctrinas que estaban en ese Manual. En este documento se menciona que había que aniquilar a la población civil que no estuviera a favor del Ejército. Eso es un dato muy relevante. Hubo una política de tierra arrasada, de desaparición forzada. No eran hechos aislados, sino sistemáticos y analizados porque ocurrían uno tras otro.

Había mandos que evidentemente dirigían estos operativos y los mismos se hacían con el consentimiento, con la anuencia y la aquiescencia que ellos daban. Y ellos tenían que tener consentimiento. ¿Por qué? aquí se da lo de la cadena de mando también, porque los subalternos informan a sus mandos superiores…Yo no dudo que hay militares de principios, de valores, que no estaban conformes o que no ejecutaron hechos como los de Creompaz o Plan de Sánchez. No digamos ahora, seguramente el Ejército hoy es otra institución o es diferente porque no está en un conflicto armado interno.

Pero, ¿qué pasaría si hubiera otro conflicto armado interno? Ahí es donde surgen los componentes de la justicia de transición: la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Por eso estamos llamados, como MP y fiscales objetivos, a investigar estos hechos para garantizar que estos no se vayan a repetir. Porque si no se hace justicia… imagínese esto de la conflictividad social, lo de las mineras e hidroeléctricas, esto se está poniendo fuerte y en algún momento podría desencadenar otro conflicto. Hay que garantizar haciendo justicia, que estos actos no se vuelvan a cometer.

Pero no estamos agarrando a cualquier militar, Benedicto Lucas García (exjefe del Estado Mayor del Ejército), ¿por qué está siendo perseguido penalmente? De todos los que fueron capturados en el Caso Creompaz es el único que no estaba en la zona militar 21, sino en la ciudad de Guatemala.

Porque él tenía mando sobre el comandante que estaba en la zona 21 y tenía que tener el control y ellos tenían que estar informándole. Eso es cadena de mando. El resto estaba allá, estamos hablando de los comandantes, subcomandantes, S-2, S-3 (de la zona militar zona 21). ¿Por qué son varios? Por el período de tiempo. De las 558 osamentas que se han recuperado se han identificado 97, pero de 88 tenemos declaraciones testimoniales y son las que nos marcan un tiempo y un espacio. ¿Dónde se ejecutó el operativo, de dónde los llevaron? porque la zona militar número 21 está en Alta Verapaz, pero tenía jurisdicción en Alta y Baja Verapaz. Todos los hechos que el Ejército pudo haber cometido en ese lugar fueron responsabilidad del comandante de la zona.

3. Otra percepción de un sector es que las denuncias se realizan por dinero. En su experiencia como fiscal y ahora como jefe de la Fiscalía de DD. HH., ¿Las víctimas se interesan en dinero y reparación o piden justicia?

Yo le hablaba de la justicia de transición. Está el derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación digna y a la no repetición. Hay un componente ahí de la reparación. De alguna forma el Estado dañó a toda esta gente, no solo a los que murieron, sino a los que sobrevivieron. Las condiciones de vida seguramente son mucho más difíciles cuando no se tiene a un papá que cuando si está. Yo creo que tienen derecho a una reparación. Incluso la nueva reforma del Código Procesal Penal hace énfasis en el tema. Yo no descarto que haya algunos que sí impulsen estos casos porque quieren una reparación. Porque hay muchos, cientos, si no es que miles de casos de denuncias ante el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) y ahí les han resarcido cierta cantidad económica.

Si me mataron a mi papá, a un hermano, si violaron a mi mamá, que me den Q20 mil o Q40 mil, no es mucho. Pero no creo que ese sea el motor que impulsa a los familiares y víctimas a impulsar este tipo de casos. Yo creo que es porque quieren que se les haga justicia, pero principalmente, que se sepa la verdad –aquí hablo de desaparición forzada– y encontrar a sus familiares.

Nos sentimos satisfechos cuando hemos encontrado osamentas, cuando se les ha identificado y se les ha entregado. Me imagino que ellos cierran ciertos círculos de tantos años de estar buscando a sus seres queridos y finalmente los encuentran y saber qué pasó con ellos. Es uno de los mandatos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que le ordena al Estado buscar a las víctimas desaparecidas del conflicto armado y eso es lo que estamos haciendo. Aquí hay dos pasos fundamentales en la justicia de transición, uno es encontrar a las víctimas y el segundo es encontrar responsables.

4. ¿Por qué el MP únicamente ha avanzado en un caso contra exguerrilleros? ¿Es necesario que existan denuncias y testigos, o de oficio pueden conocer los casos?

De oficio conocemos los casos. Me estoy interesando por la masacre de Chacalté (en San Gaspar Chajul, Quiché), en el caso del secuestro de Ricardo Méndez Ruiz (padre, ya fallecido), en una denuncia que existe de gente que fue capturada aquí en Guatemala y que supuestamente fueron ejecutados en Nicaragua. Considero que es más difícil investigar una organización clandestina que a una organización que goza de institucionalidad, que es el Ejército, donde hay órdenes generales, cadena de mando, una ley orgánica que rige sus principios, su jerarquía.

Por otro lado, quien cometió más graves violaciones a derechos humanos fue el Ejército. Las fuerzas guerrilleras también los cometieron y nosotros tenemos la obligación de investigar cualquier masacre que pudo haber sido cometida por la guerrilla. De los comentarios que hacen, no toda la población, sino los familiares de las fuerzas castrenses, “¿por qué persiguen a los militares y por qué no a los guerrilleros?”. Ante esos comentarios uno reacciona y obviamente queremos dar resultados en los casos cometidos por los guerrilleros pero sí es más complicado.

5. ¿Cuál es el porcentaje de violaciones a derechos humanos cometidas por ambos bandos?

Es relativo. Lo que sí es cierto es que las fuerzas de seguridad, el Ejército, la Policía Nacional que estaba subordinada, la Policía Militar Ambulante, la Guardia de Hacienda, fueron los que más violaciones a derechos humanos cometieron. Yo manejo un 90 a un 93% de los hechos cometidos y un 5% o 6% por parte de la guerrilla.

Esto tiene que ver con las investigaciones que el MP realiza. En la Unidad del Conflicto Armado Interno hay 3 mil 500 denuncias o expedientes. Se ha sistematizado Huehuetenango, Quiché, Alta y Baja Verapaz porque fueron algunos de los departamentos más afectados. Ahí hay 9 mil 500 expedientes, pero falta sistematizar Quetzaltenango, Sololá, San Marcos, Petén y el resto de departamentos, donde seguramente encontraremos unas 20 mil denuncias interpuestas por la población civil en contra del Ejército.

Quien hace las denuncias generalmente es la población civil, porque fue la más afectada. Denuncias contra guerrilleros hay 65 o 118, pero varias de estas están conectadas. Hay 65 denuncias, y el resto tiene algún tipo de relación.

Si uno compara, eso se refleja con el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), con la investigación que hacemos. Y no solo nosotros, los denunciantes también corroboran ese informe ¿por qué? Denuncias contra militares con facilidad encontramos unas 20 mil, mientras que denuncias contra guerrilleros, 65 o 118. Las sentencias que se han logrado en la fiscalía corroboran también el informe de la CEH. Tampoco es que haya 30 sentencias contra militares o 100 o 500. Estamos hablando de 10 sentencias y una en contra de un mando medio guerrillero por la masacre de El Aguacate.

6.   En estos casos, ¿existe colaboración de los denunciantes hacia la labor de la Fiscalía o de testigos únicamente?

Ese es otro punto. Han hecho denuncias en contra de 2 mil personas o 50 y dan el número. O dan 50 nombres. Y cuando los fiscales han solicitado el apoyo, no ha habido… es decir, las denuncias no tienen mucho fundamento. No sé por qué razón. Igual, nosotros estamos para investigar y corroborar lo que estén denunciando.
Cuando un fiscal compara un expediente de una denuncia hecha contra un subversivo y una denuncia contra un militar, se ve la diferencia. Esas denuncias son muy vagas, no tienen demasiado fundamento. En cambio, las que se hacen contra los militares son más sólidas.

Le pongo un ejemplo, usted y yo somos enemigos a morir. Usted tiene sus hijos y yo tengo los míos. Sus hijos desaparecen y después los encuentran en el jardín de mi casa, amontonados, con vendas en los ojos, con las manos hacia atrás. ¿Tendré responsabilidad? Por supuesto que sí y si no, tendría que dar una explicación lógica de por qué sus hijos están enterrados ahí. Si yo digo, “lo que pasa es que sus hijos murieron en el terremoto, y por eso están aquí enterrados”, o “es un cementerio de la comunidad”, esa no es una explicación lógica. Son explicaciones que los sindicados, sus familiares y las organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo y la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) dicen para tratar de desvirtuar los hechos que se cometieron, que son evidentes.

7. ¿Por qué es importante para el país la persecución de casos ocurridos en el pasado, como parte de la lucha contra la impunidad? ¿Qué repercusiones hay si no se juzgan las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno?

Los hechos se pueden repetir y eso es lo que hay que evitar. Hay que procurar que esas graves violaciones no queden impunes. Deberíamos procurar que ni un robo quede impune.

Lamentablemente es sabido que aquí reina la impunidad y la corrupción. Se están dando pasos muy importantes contra la corrupción. Si lográramos desaparecer la corrupción, empezaría a desaparecer la impunidad. El MP, como un órgano auxiliar de la justicia, está hartamente obligado a disminuir los índices de impunidad que hay en Guatemala, más aún en graves violaciones a derechos humanos, por hechos que lesionan a la humanidad en su conjunto, no a una persona individual.

8. ¿Qué relación hay entre la corrupción y la impunidad?

Corrupción es cuando una persona sindicada negocia con el fiscal o con el juez, por ejemplo, para liberarse de un proceso penal. Pero también el Ejecutivo, el Legislativo, en los Ministerios; si ahí hay corrupción, a la hora que se les quiera investigar y perseguir, cuando es gente que tiene mucho dinero, podría comprar voluntades de fiscales, de la PNC, de Gobernación y lograr cometer hechos delictivos y no pagar por haberlos cometido. Pienso que hay una relación íntima entre corrupción e impunidad. Al no haber corrupción, los índices de impunidad van a disminuir.

9. ¿Ha recibido ataques por su labor al frente de la Fiscalía? 

Sí. Soy más conocido por los ataques en mi contra que por la labor que hemos realizado. Ha habido repercusiones y han sido para limitarnos a que sigamos haciendo lo que hasta hoy hemos hecho. ¿Quién me denuncia? La Fundación contra el Terrorismo, por cuestiones infundadas. Por una entrevista que ofrecí, que me sindiquen de 10 delitos, ¿qué fundamentos puede tener eso? Es como si por la entrevista que usted me hace digan que estoy cometiendo un delito. Y unos delitos que si uno ve la descripción de lo que me tratan de imputar, no encuadra con dar una entrevista o por participar en un acto conmemorativo.

Me llamaron en España a conmemorar la sentencia (por genocidio contra Ríos Montt), que aquí se logró y que la CC anuló la última parte del juicio. Fui y comenté lo que he dicho aquí a los medios de comunicación, y por eso me querellaron. La Unidad Especial de Casos del Conflicto Armado Interno me respaldó ¿y qué hacen? amplían la querella contra ellos. También ampliaron la querella contra el personal de información y de prensa, porque ellos publicaron el comunicado de respaldo en la página del MP.

Estábamos en una audiencia de una vista pública de un amparo, en una sala de apelaciones porque me habían arraigado. El juez Darwin Porras me expulsó a mí y al MP de la audiencia donde se iba a discutir las medidas cautelares en mi contra. Me citaron, llegué y me sacaron, y lo peor es que sacaron al MP. Se planteó el amparo, lo ganamos, pero en la vista pública mis argumentos sirvieron para que viniera Ricardo Méndez Ruiz y presentara una segunda querella, que la conoce el Juzgado Tercero. La querella es porque supuestamente lo amenacé y lo intimidé en los argumentos que hice.

Siempre he dicho que si yo no fuera un fiscal de derechos humanos, que he trabajado en casos del conflicto armado interno, no estuviera sindicado en dos querellas y una denuncia. Básicamente es por el trabajo que hacemos y nos quieren limitar para que no continuemos.

“En este documento (Manual de Guerra Contrasubversiva) se menciona que había que aniquilar a la población civil que no estuviera a favor del Ejército. Eso es un dato muy relevante. Hubo una política de tierra arrasada, de desaparición forzada. No eran hechos aislados, sino sistemáticos y analizados porque ocurrían uno tras otro.” – O. López

“¿Qué pasaría si hubiera otro conflicto armado interno? Ahí es donde surgen los componentes de la justicia de transición: la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Por eso estamos llamados, como MP y fiscales objetivos, a investigar estos hechos, para garantizar que no se vayan a repetir” – O. López

“Si me mataron a mi papá, a un hermano, si violaron a mi mamá, que me den Q20 mil o Q40 mil, no es mucho. Pero no creo que ese sea el motor que impulsa a los familiares y víctimas a impulsar este tipo de casos. Yo creo que es porque quieren que se les haga justicia, pero principalmente, que se sepa la verdad y encontrar a sus familiares.” – O. López

“Es más difícil investigar una organización clandestina que a una organización que goza de institucionalidad, que es el Ejército.” – O. López

“Denuncias contra militares con facilidad encontramos unas 20 mil, mientras que denuncias contra guerrilleros, 65 o 118.” – O. López

“Soy más conocido por los ataques en mi contra que por la labor que hemos realizado (…) Siempre he dicho que si yo no fuera un fiscal de derechos humanos, que he trabajado en casos del conflicto armado interno, no estuviera sindicado en dos querellas y una denuncia.” – O. López