Por Cristian Velix
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La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente el acuerdo con el que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) delegó en el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal la función de que conozca “exclusivamente” los casos de delitos cometidos por empleados y funcionarios públicos.
La decisión de la Corte se dio por una inconstitucionalidad de carácter general que promovió la Asociación Colectivo de Investigaciones Sociales y Laborales (COISOLA), la cual interpuso la acción tras la publicación en ese acuerdo en el Diario de Centro América el 25 de junio pasado.
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Pese a la suspensión, la decisión dividió a la Corte ya que Gloria Porras, Bonerge Mejía, José Francisco de Mata y José Par Usen votaron a favor de esa decisión, en tanto que Dina Ochoa, María de los Ángeles Araujo y Philip Comte votaron en contra.
En ese contexto, la CC resolvió con base al artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el cual establece que la Corte podrá decretar la suspensión provisional de la ley, reglamento o disposición de carácter general.
“Esto si a su juicio, la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables”, añade dicha norma, lo cual, a criterio de la Corte, concurrió en esta ocasión por lo que se tomó dicha decisión.
EL JUZGADO
En un pleno realizado por la CSJ el 3 de junio pasado, esta resolvió convertir el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal en un juzgado especializado, con el fin de que conozca de forma exclusiva de los casos de empleados y funcionarios públicos.
Dicho documento fue publicado en el Diario de Centro América el 25 de junio, en el cual se incluían las firmas de los magistrados Marwin Eduardo Herrera Solares y Carlos Rodimiro Lucero Paz, dos señalados de actos de corrupción por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
#AHORA
La CC suspendió provisionalmente el acuerdo con el que la CSJ delegó al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal para que conozca exclusivamente los casos de empleados y funcionarios públicos. La decisión fue por mayoría. pic.twitter.com/Bi9LqaZilB— Diario La Hora (@lahoragt) July 22, 2020
Dicha judicatura no inició funciones debido a la suspensión de labores en el Organismo Judicial (OJ), aunque el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) ya convocó a un concurso interno para poder optar a dos plazas para jueces en esa judicatura.
La decisión de convertir ese juzgado en un especializado ha recibido críticas por parte de miembros de la sociedad civil, y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), el Movimiento Pro-Justicia y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) vieron con negatividad el acuerdo para la creación de ese juzgado.
