Los aviones de la discordia

Juan Antonio Mazariegos

jamazar@alegalis.com

Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos G.

Los últimos días, la adquisición o compra, finalmente palabras reconocidas como sinónimas, de dos aviones Pampa III por parte del Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de la Defensa al Gobierno de la República de Argentina, han puesto en la picota de la opinión pública al Gobierno de Jimmy Morales, desvirtuando entre dichos e inconsistencias hasta la legítima necesidad de proteger nuestro espacio aéreo.

Para nadie es un secreto que avionetas aparecen constantemente incendiadas o abandonadas en el interior del país con contundentes indicios de que transportaban droga en su viaje hacia Estados Unidos, convirtiendo a nuestro país en una especie de aeropuerto puente para trasegar la carga, antes de que la misma cruce a México. Entiendo que a través de distintos convenios de cooperación el Gobierno de Estados Unidos ha dotado a nuestro gobierno de radares que consistentemente atestiguan la violación de nuestro espacio aéreo por parte de aviones no autorizados que luego aparecen, como ya se indicó, incendiados y abandonados al cumplir su funesta misión.

Nuestro actual parque aéreo adorna la entrada de instalaciones militares o espacios públicos, pues la obsolescencia de las aeronaves del Ejército de Guatemala ya no dejan que sirvan más que para macetas, de donde se convertía en legítimo el interés por renovar nuestra fuerza aérea y proteger nuestro espacio aéreo nacional para que no nos usen de puente para el narcotráfico, pues más allá del negocio ilícito que como tal constituye el acto, también se tienen secuelas o consecuencias a lo interno que van desde incentivos a la corrupción de autoridades locales hasta un desgobierno generalizado cuando los narcotraficantes por unos pocos quetzales lanzan a los pobladores a enfrentar a las autoridades para impedir que estas accedan a los lugares de los aterrizajes clandestinos.

Dicho lo anterior, la justificación para la compra existía, ahora bien, ¿por qué cuando el Gobierno de Morales está por terminar su período?, ¿Cuál es la necesidad del gobierno de tratar de ocultar una adquisición / compra de los aviones, poniéndose en ridículo negándolo cuando el Gobierno argentino por redes sociales se vanagloriaba al mismo tiempo de la venta a Guatemala de los dos primeros aviones?

En cuanto al procedimiento seguido para la negociación, efectivamente el Gobierno podía adquirir las naves mediante licitación internacional abierta o mediante convenio con otro Estado, pero entonces, ¿Por qué modificar y ampliar un mes antes de la negociación el convenio con Argentina? ¿Por qué no firmó la Canciller la ampliación del acuerdo? ¿Debía ser ratificado por el Congreso de la República?

En medio de tantas contradicciones y preguntas sin respuestas, la Contraloría General de Cuentas ha recomendado al Ejército que deje sin efecto la adquisición de las aeronaves. Con una actuación como la descrita el Gobierno no puede esperar más que una reacción adversa, ya nada importa si era justificada o no la adquisición. Una discusión de trascendencia y planificación al respecto de cómo cubrir de la mejor manera una necesidad real del país se transformó en un circo y ya no será bien vista, no obstante se trate de dar cualquier explicación.