Durante varios días se desarrolló la audiencia de primera declaración del caso Corrupción en Época de Pandemia. Foto La Hora/Lourdes Arana/Archivo

Por Redacción La Hora
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A solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), fueron ligadas a proceso penal, tres personas a quienes se les vincula con la investigación “Corrupción en Época de Pandemia”, en la que se adjudicaron montos de Q1,300,000 y Q87,750 a dos empresas en el año 2020, por la compra de batas con condición estéril, material polipropileno, según detalló el ente investigador.

Una de las adjudicaciones fue por Q1,300,000, a la entidad Grupo Roja, S.A., a la cual se le autorizó la compra, sin verificar, que la entidad mercantil no reunía los requisitos establecidos en la invitación a ofertar.

En tal sentido, por el delito de abuso de autoridad, fueron ligadas a proceso penal: Brenda Marisol Luch Escobar de Quiñónez, Subdirectora de Enfermería del Hospital Temporal del Parque de la Industria y Edwin Romeo Sicán, Jefe del Departamento Administrativo de la Unidad Ejecutora 201, ambos trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Además, Luch Escobar no tenía nombramiento en el que se le designara para realizar revisión técnica dentro del evento, aunado a ello las batas de conformidad con el Informe del Laboratorio Nacional de Salud, no llenan los requisitos de esterilidad”, mencionó el MP.

POR DELITO DE ESTAFA

Por ese caso, también se vinculó al propietario de una empresa por la entrega de batas al Hospital de Villa Nueva, las cuales no cumplían con los requerimientos necesarios, y que fueron adquiridas por Q87,750.00. El propietario de la entidad MCKD, fue identificado como Jiovany Guzmán Camas y fue ligado a proceso por el delito de estafa en la entrega de bienes.

“De conformidad con el Laboratorio Nacional de Salud del MSPAS, no llena los requisitos de esterilidad, aunado que el proveedor indicó ser el fabricante de las mismas y de conformidad con las características de las batas, no cuentan con el nombre de la marca, ni la identificación de estéril, tampoco contaban con registro sanitario”, mencionó el ente investigador.

Asimismo, explicaron que la Jueza “A” del Juzgado 4to. Pluripersonal Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, otorgó dos meses y medio a la fiscalía para concluir la investigación.

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