Carlos López
La lucha es un bien, el más grande bien
que le ha sido otorgado al hombre.
José María Arguedas
A 45 días de haber sido impuesta mediante golpe de estado, Dina Boluarte —bautizada por el pueblo como Dina Balearte—, con apoyo del Congreso espurio, ha mandado matar a más de 70 peruanos (con lo que impone el récord de más muertos que días de desgobierno) y miles han sido heridos por la represión indiscriminada del gobierno, que igual mata ancianos, jóvenes, niños de todas las procedencias laborales y grupos sociales. Las armas con las que el ejército terrorista peruano está asesinando a los opositores al régimen de facto son, según Amnistía Internacional, suministradas por España.
La prensa vendida de Perú es —no podía esperarse otra cosa— un instrumento de esta guerra de la oligarquía contra el pueblo. Como si fuera nado sincronizado, etiquetan de vándalos a quienes luchan por la justicia y la democracia. Así cabecean en sus primeras planas, por ejemplo, El Comercio: «Vándalos desatan caos en Lima»; Ojo: «Policía frenó a vándalos»; Correo: «Fracasa el vandalismo»; Trome: «Policía pone el pecho por el Perú»; Perú 21: «Es violencia política, no es protesta social».
Además, a los demócratas que luchan en las calles se les estigmatiza como terroristas, desestabilizadores, comunistas (han cateado casas en busca de libros marxistas, leninistas y estalinistas como prueba de esto), un término que hasta para los académicos es un arcaísmo, no para un régimen retrógrada que surgió de las cavernas y que lo usa como delito para secuestrar, torturar, reprimir.
El más reciente acto terrorista del gobierno fue el allanamiento violento —con tanques, armas de grueso calibre, bombas y cientos de soldados y policías— de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, la más antigua de América, donde detuvo a más de doscientos estudiantes. El ensañamiento contra esta universidad viene de hace siglos; las elites siempre han despreciado la educación pública en la que se forman los hijos de los campesinos y obreros. El odio y la difamación a dicha universidad (de donde egresó José María Arguedas) se debe a que en sus aulas se enseña la realidad de Perú y forma profesionales comprometidos con su país. El ejército también cercó la Universidad Nacional de Ingeniería.
Las masacres y el terror del régimen genocida de Boluarte nada importan al mundo. Ni la Organización de las Naciones Unidas, ni la Organización de Estados Americanos, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han condenado al gobierno usurpador de Perú, que actúa al estilo de las peores dictaduras del siglo xx. Las iglesias avalan este estado de cosas y prestan sus edificios para que desde ahí disparen francotiradores contra la población inerme.
En el oficio núm. 15/2023-PR, del 18 de enero, dirigido a José Daniel Williams Zapata, presidente del Congreso de la República, Dina Boluarte, presidenta de la República, y Luis Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, se pide «con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el Proyecto de Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de unidad naval y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú». Cinco días antes, la autodenominada presidenta había publicado en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano que 2023 se llamaría por decreto «Año de la unidad, la paz y el desarrollo».
El suboficial José Luis Soncco Quispe, de 29 años, de Juliaca, Puno, muerto en los enfrentamientos entre el pueblo peruano y el terrorismo de estado fue declarado por el Congreso «mártir de la defensa de la democracia», pero el padre del policía declaró ante los medios (que por fin voltearon a ver el movimiento social, como si sólo esta muerte les importara): «La supuesta presidenta de la República no le hace caso a la población, por su culpa nosotros los peruanos nos estamos matando». Aun con el dolor de estar velando los restos de su hijo enfrente de él y de tener la cargada mediática encima, el noble señor tuvo la claridad, las agallas de señalar a la causante del derramamiento de sangre. Cosa que ni de soslayo han hecho los escritores, los intelectuales, los periodistas, quienes con su silencio se ponen de lado de los asesinos. Nada nuevo. Su apoltronamiento pequeño burgués y las dádivas que avienta el estado se las disputan; son su tapabocas.
La supuesta presidenta —como con tino la definió el señor Soncco— no entiende qué quiere el pueblo, piensa que éste lucha sólo para desestabilizar a su malhadado régimen; en un discurso lleno de odio pronunciado el 13 de enero, afirmó: «A esa gente que genera odio, que quemaron las casas de congresistas, que han asesinado a un policía, no les ha bastado eso, también han matado animales [se le quiebra la voz]: ¿qué culpa tienen los caballos o los perros que han sido arrojados sin ninguna misericordia desde los puentes y cruelmente asesinados?, ¿estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista donde se colgaban los perros de los puestos de luz?», aseguró, consternada, hipócrita. En caso de ser cierto lo que afirma la sedicente defensora de animales, la vida de las personas muertas vale menos que las de los animales. Su visión está a tono con lo presentado por un tibio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que sólo resaltan que «algunas autoridades se refieren con generalizaciones hacia todas las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas o indios». Según Arguedas, para la oligarquía peruana, «indio quiere decir hombre económica y socialmente explotado y, en ese sentido, no solamente todos somos indigenistas en el Perú, todos somos indios de un pequeño grupo de explotadores».
Mientras que Ernesto Bustamante, psicópata diputado fujimorista, propone un ultimátum al gobierno de Bolivia (que acaba de firmar un contrato de explotación de litio con China), «para que detenga apoyo material y financiero a terroristas en Perú. Cumplido el plazo sin solución, el ejército del Perú deberá ingresar a Bolivia y ocupar cautelarmente recursos naturales que garanticen una ulterior reparación» y la loca del palacio de gobierno busca culpables de la crisis política peruana en agentes externos y en los libros marxistas, la percepción general en Perú es: el 88% desaprueba al Congreso, el 71% a Dina Boluarte y el 52% pide adelantar las elecciones presidenciales en ese lastimado país del que sólo se acuerdan sus escritores cuando necesitan escenografía para sus relatos.
Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, declaró de manera descarada y sin coherencia lógica: «Si hablo de mi adversario número dos en la región, Rusia, quiero decir, tengo por supuesto, las relaciones entre los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua con Rusia. Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio: Argentina, Bolivia, Chile. Tienes las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienes los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego».
Todo empata en estos discursos: su objetivo es saquear los recursos estratégicos de los pueblos al costo de lo que sea. Su plan para desestabilizar gobiernos democráticos incluye golpes de estado, como el perpetrado por Dina Boluarte y secuaces, entreguistas sirvientes de la oligarquía peruana y transnacional. No pasarán.
