Mientras la Comisión Nacional de Salario (CNS) discute el ajuste del pago mínimo que regirá en 2027, el cuello de botella del mercado laboral, fue descrito por Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), de una manera cruda, pero real.
El tema no debe de centrarse en el porcentaje de incremento, sino de la falta de plazas formales para una población que crece más rápido de lo que la economía y el tejido empresarial puede absorber.
Datos que Lee, dio durante su participación durante una reunión en la que participaron representantes de los sectores que conforman las comisiones paritarias representadas en la Comisión Nacional del Salario (CNS), hacen referencia que cada año, alrededor de 245 mil jóvenes guatemaltecos intentan entrar al mercado laboral.
La cruda realidad es que el sistema solo tiene espacio formal para poco más de 60 mil de ellos. El dato anterior es aun más rudo cuando esa cantidad se traduce asi: tres de cada 4 jóvenes que buscan trabajar no encontrarán un empleo con prestaciones, seguro social ni estabilidad contractual.
En ocasiones anteriores, Lee propio ha indicado que desde 2020 Guatemala pasó de crear 100 mil plazas formales anuales a solo 60 mil este año, dejando a 40 mil jóvenes sin oportunidades y empujados hacia la informalidad o la migración.
La postura del CACIF, el gremio que Lee representa, ha sido consistente en señalar que los incrementos salariales sin una base técnica clara terminan golpean a la generación formal para jóvenes.
A finales del 2025, a través de un comunicado, Cacif señaló que el problema estructural de la informalidad ya alcanza a más de 5 millones de guatemaltecos, cerca del 70% de la población económicamente activa.
En esa línea, el economista Hugo Maul consideró que reducir la discusión del mercado laboral únicamente al salario mínimo es insuficiente, ya que existen otros factores que inciden directamente en la capacidad de generar mejores ingresos, como la productividad de los trabajadores, la inversión, la capacitación y el desarrollo tecnológico.
«Reducir todo el funcionamiento del mercado laboral a un indicador como el salario mínimo es siempre un error, porque hay muchos otros factores que son tanto o más importantes que el propio salario», afirmó.
A su juicio, incorporar indicadores de productividad y generación de empleo permitiría que las decisiones salariales respondan de mejor manera a las condiciones reales de la economía.
DISCUSIÓN SE CENTRA EN UNA POLÍTICA PUBLICA
La discusión sobre el salario mínimo 2027 seguirá su curso dentro de la Comisión Nacional de Salario, pero el planteamiento de Lee apunta a un problema de fondo: mientras el país no resuelva la brecha entre los jóvenes que buscan trabajo y las plazas formales disponibles, el tema seguirá siendo el mismo.
El martes, la discusión para definir el salario mínimo en Guatemala comenzó con una propuesta que no es nueva, pero que sigue teniendo al trabajador como centro de la discusión.
Más allá de negociar únicamente el porcentaje de incremento que entrará en vigor en 2027, los tres sectores que integran la Comisión Nacional de Salario (CNS) buscan construir una política pública que incorpore indicadores económicos y laborales como base para las futuras decisiones salariales.
La propuesta pretende que las discusiones dejen de concentrarse únicamente en los últimos meses de cada año y cuenten con criterios técnicos de mediano y largo plazo.
Sin embargo, desde el inicio quedó claro que trabajadores, empresarios y Gobierno llegan a la mesa con prioridades distintas sobre qué factores deberían tener mayor peso al momento de definir el salario mínimo.
TRES SECTORES, UN MISMO FIN: UNA MEJOR PAGA
En opinión del sector trabajador, se tome en cuenta el contexto económico nacional e internacional. Lo anterior debido a los desafíos que representan la inflación, el aumento en el costo de de productos importados, el precio de los combustibles y otros factores que repercuten en el poder adquisitivo de los hogares,
Por su parte, representantes del sector laboral señalaron que otro de los principales retos sigue siendo la alta tasa de informalidad, que estimaron en alrededor del 70 %, así como la necesidad de ampliar la cobertura de protección social y generar más oportunidades de empleo formal.
A su criterio, cualquier decisión sobre el salario mínimo debe contribuir a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores sin perder de vista la realidad económica del país.
La iniciativa, dijeron, busca establecer criterios técnicos de mediano y largo plazo mientras avanza el proceso que definirá el ajuste salarial que regirá en 2027, pero además, que trascienda la discusión anual del incremento salarial y que incorpore variables como la productividad, la generación de empleo, el comportamiento de la economía y las condiciones del mercado laboral.
BUSCAN UNA VISIÓN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
La viceministra de Trabajo, Dámaris Oliva, explicó que desde 2025 la Comisión Nacional de Salario identificó la necesidad de trabajar en una política pública de empleo, productividad y salarios, con el propósito de fortalecer el proceso mediante el cual cada año se fija el salario mínimo.
Oliva señaló que actualmente el proceso de fijación salarial concentra buena parte de su trabajo durante los últimos meses del año, por lo que considera necesario establecer bases técnicas permanentes que permitan una planificación de mayor alcance.
Asimismo, indicó que esta política también podría abrir la puerta para revisar aspectos relacionados con el funcionamiento de la Comisión Nacional de Salario y de las comisiones paritarias, incluyendo el análisis de las circunscripciones económicas y una eventual actualización del Acuerdo Gubernativo 1319, vigente desde 1968 y que regula el funcionamiento del órgano.
No obstante, aclaró que cualquier cambio deberá surgir del consenso entre los tres sectores que integran la Comisión y seguir el procedimiento correspondiente.
REVISIÓN DEL SALARIO SEGUIRÁ SIENDO ANUAL
Guido Ricci, representante suplente del sector empleador dentro de la Comisión Nacional de Salario, explicó que el Código de Trabajo establece que el proceso para fijar el salario mínimo debe realizarse anualmente, por lo que esa obligación continúa vigente.
En algún momento surgió la posibilidad de que el salario se discutiera de manera multianual.
Lo que se plantea, explicó, es desarrollar una política que permita proyectar incrementos salariales sobre la base de criterios previamente acordados y sustentados en indicadores técnicos, de manera que cada revisión anual se concentre en verificar si las condiciones económicas previstas se mantienen o si ocurrieron cambios que obliguen a modificar las proyecciones.
«No tenemos una propuesta concreta sobre cuántos años debería abarcar esa proyección; ese será un tema que deberá discutirse dentro de la mesa tripartita», explicó.
Ricci añadió que la discusión también debe considerar elementos que, a su juicio, han recibido menor atención durante los procesos anteriores, como la capacidad de las empresas para absorber incrementos salariales y el impacto que estos puedan tener sobre la generación de empleo.
En ese sentido, recordó que tanto el Código de Trabajo como convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establecen que la fijación del salario mínimo debe tomar en cuenta no solo las necesidades de los trabajadores, sino también las posibilidades económicas de los empleadores y el objetivo de no afectar negativamente el empleo.
Maul coincidió en que un mecanismo basado en criterios previamente definidos brindaría mayor certidumbre para trabajadores y empresas. Según explicó, uno de los principales retos del esquema actual es que el ajuste salarial suele discutirse cada año sin reglas claras sobre las variables que determinarán el incremento.
El economista sostuvo que una metodología técnica debería considerar factores como la productividad, la inflación, la capacidad de generación de empleo y la evolución de la actividad económica, con el fin de ofrecer mayor previsibilidad a las empresas que realizan inversiones y contratan personal.
«Lo importante es que una empresa pueda tener predictibilidad acerca de cuánto le va a costar la contratación de trabajadores en los próximos años. Por eso la fórmula debería combinar productividad, generación de empleo e inflación», señaló.
Mientras continúa el proceso para definir el salario mínimo que regirá en 2027, los integrantes de la Comisión Nacional de Salario coinciden en que el desafío va más allá de establecer un porcentaje de incremento.
La construcción de una política de empleo, productividad y salarios abre el debate sobre la necesidad de incorporar criterios técnicos que permitan dar mayor previsibilidad a las decisiones, aunque el consenso entre trabajadores, empleadores y Gobierno será determinante para que esa propuesta llegue a concretarse.
