El Estado de Guatemala logra evitar el pago de cientos de millones de dólares por una demanda internacional que fue resuelta a través de un arbitraje ganando el caso, por lo que recibirá casi Q3 millones por costos procesales.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó en un comunicado que Guatemala recibió un fallo a favor en un arbitraje de inversión internacional por un proyecto minero en el cual una empresa extranjera alegó incumplimientos enmarcados en el tratado de libre comercio con Centroamérica, República Dominicana y EE. UU. (DR-Cafta).
La demanda fue promovida por la empresa estadounidense Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal del Banco Mundial.
Según detalla el Departamento de Estado de los Estados Unidos, «la República de Guatemala violó los Artículos 10.3 (trato nacional), 10.4 (trato de nación más favorecida), 10.5 (nivel mínimo de trato) y 10.7 (expropiación) del CAFTA-DR».
En tanto, la PGN precisó que los demandantes exigieron que Guatemala pagara 499 millones de dólares. No obstante, esto se logró evitar tras la decisión del tribunal, el cual rechazó completamente el reclamo.
Además, el tribunal ordenó que el Estado de Guatemala reciba 379 mil 940.76 dólares como reembolso por concepto de costos procesales, indicó la PGN y calificó lo resuelto como un «hecho histórico para el país».
Esto es equivalente a Q 2 millones 909 mil 198.80, de acuerdo con el tipo de cambio referencial del Banco de Guatemala, vigente para este 24 y 25 de diciembre.
#ComunicadoPGN| Guatemala gana arbitraje de inversión internacional. Este resultado es un hecho histórico para el país y reafirma el compromiso institucional en defender los intereses del Estado. ✅ pic.twitter.com/OwEfKcISli
— PGN Guatemala (@PGNguatemala) December 23, 2025
EL PROYECTO MINERO
El caso se encuentra en el expediente CIADI n. ARB/18/43, data desde 2018 y abarca los proyectos mineros de El Tambor en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, así como en Santa Margarita, San Pedro Ayampuc.
Ciar Global describe que el problema se originó desde 2011 cuando Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua), una empresa minera subsidiaria de Kappes, Cassiday & Associates (KCA), obtuvo los derechos de concesión y licencia de explotación por 25 años, así como un certificado de exportación de oro y plata renovable por un año.
Las comunidades del sector se opusieron a los trabajos mineros, por lo cual, según relata el sitio en mención, el gobierno de turno tuvo que desalojar a los manifestantes en mayo de 2014.
Sin embargo, el rechazo de las comunidades se hizo más fuerte cuando la organización CALAS logró en 2016 que fueran suspendidas las actividades mineras. Un año después, la Corte de Constitucionalidad (CC) dictaminó que el Ministerio de Energía y Minas no realizó la consulta a las comunidades, por ejemplo con el pueblo La Puya, para aprobar el referido proyecto.
Tras perder el caso y la licencias suspendidas, fue cuando la empresa extranjera optó por demandar al Estado de Guatemala ante el CIADI, se lee en el portal de la organización Americas.
