La Cámara del Agro (Camagro), hizo un llamado para pedir que se proteja el empleo al momento de fijar el salario mínimo 2026 debido a que asegura se están perdiendo trabajos formales.
El sector del Agro se expresó a través de un comunicado de prensa pidiendo la protección del empleo y exigiendo que se tome una decisión basada en aspectos técnicos y responsables.
La decisión sobre el monto que deberá tener el salario mínimo para el 2026 quedó en manos del presidente Bernardo Arévalo, luego de que en las sesiones en la Comisión Nacional del Salario no se llegó a un consenso.
Al respecto, Camagro señala que esta decisión definirá el futuro del empleo formal en el interior del país y la sostenibilidad de miles de familias que dependen del sector agrícola.
Por ello, la entidad remarca que «la decisión salarial debe basarse en evidencia técnica y en la realidad productiva del país».
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PÉRDIDA DE EMPLEOS
En ese sentido, el sector del Agro compartió cifras que revelan la pérdida de empleos y un declive en el porcentaje de trabajos formales.
El Agro refiere que en su sector se han perdido aproximadamente 560 mil empleos en los últimos años. Esto basándose en datos del según Central American Business Intelligence (CABI) con base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Asimismo, el Agro refiere que su participación dentro del total de cotizantes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cayó de 14% en 2010 a 6% en la actualidad.
«Estas cifras reflejan una contracción severa del empleo rural formal, que no puede ignorarse al momento de decidir sobre salarios», sostiene el Agro.
«Un incremento del salario mínimo sin base técnica solo ampliaría la brecha de la formalidad, empujaría a más trabajadores a la informalidad y pondría en riesgo miles de empleos en el interior del país», advirtió Camagro.
Por ello, la Cámara destacó que como sector productivo agrícola buscan promover el cumplimiento de la legalidad y la formalidad laboral.
«Desde Cámara del Agro hemos impulsado propuestas que faciliten la inversión y respondan a la realidad del campo, considerando a pequeños y medianos productores, cooperativas y empresas», expresa la Cámara en el comunicado.
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Refiere que en las áreas rurales la cobertura del IGSS es limitada, por lo que sus propuestas buscan precisamente ampliar la protección social y avanzar formalidad.
«En ese marco, hemos presentado propuestas técnicas no solo para la revisión del salario mínimo, sino también para fortalecer la cobertura social en el área rural, donde esta casi no existe» recordó el Agro.
Explica que dichas propuestas buscan proteger el empleo existente, evitar mayores pérdidas de puestos formales y generar nuevas oportunidades para los jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral.
El Agro se dirige al presidente Bernardo Arévalo y expresa que «respetuosamente solicitamos al Presidente de la República que estas propuestas técnicas sean tomadas en cuenta y que la decisión salarial se adopte con criterios de productividad».
«Esto incluye reconocer que el salario mínimo del sector agro debe ser diferenciado, conforme a la realidad productiva del campo y a los criterios presentados por el sector productivo», añadió.
La entidad hizo hincapié en que «Guatemala necesita recuperar empleo formal, no seguir perdiéndolo. Proteger la competitividad agrícola es proteger el futuro del país».
Esta cámara reúne a 14 asociaciones gremiales del agro y representan a cerca de 126 mil 451 productores agropecuarios, agroindustriales y agroexportadores que operan en todo el territorio del país.
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