El Ministerio de Finanzas, en representación del Ejecutivo, presentó al Congreso de la República la iniciativa Ley de Contrataciones Públicas con el objetivo de modernizar el sistema de adquisiciones del Estado. Esto propone la ley.
El pasado 25 de noviembre se entregó la iniciativa 6688 Ley de Contrataciones Públicas, con la cual se pretende sustituir la normativa actual.
Según argumenta Finanzas, la ley actual, «en sus 33 años de vigencia recibió 14 reformas que provocaron vacíos jurídicos y contradicciones operativas que le impiden responder eficazmente a las necesidades actuales del país».
Según la cartera del Tesoro, la iniciativa contribuirá a «fortalecer la eficiencia del gasto público y garantizando transparencia».
De acuerdo con Finanzas, entre las ventajas que ofrece esta iniciativa, frente a la ley vigente, se destaca:
- Fomenta la realización de las compras de manera electrónica (Guatecompras).
- Establece un proceso de contratación pública estandarizado, con etapas claramente definidas.
- Se contempla la adopción de documentos estandarizados, para que sigan una misma estructura, lenguaje y requisitos, sin importar qué entidad realice la compra, para eliminar ambigüedades y reducir errores.
- Busca mayor control en la ejecución de contratos, a través de un supervisor de cumplimiento de contrato, un supervisor de obras.
- Incorpora el enfoque de inclusión y desarrollo social en las compras públicas, para que también puedan contribuir al desarrollo económico y social del país: Mipymes, empresas lideradas por mujeres, comunidades indígenas, etc.
- Busca mayor control en la ejecución de contratos, a través de un supervisor de cumplimiento de contrato, un supervisor de obras (en dichos casos) y un delegado para la recepción parcial o final y de recepción.
CREACIÓN DE UN TRIBUNAL
La iniciativa propone crear el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Este buscaría resolver recursos de apelación relacionados con contrataciones públicas. El objetivo será garantizar la imparcialidad y transparencia en la resolución de controversias.
Asimismo, se encargará de resolver inconformidades y quejas relacionadas con los procesos de contratación para garantizar el debido proceso y la protección de los derechos de todas las partes involucradas.
La propuesta incorporará eficiencia administrativa, al simplificar y estandarizar los trámites antes regidos por múltiples reglamentos.
Finanzas refiere que se promueven modalidades ágiles y competitivas, como las subastas públicas y las ofertas en mercados de valores, y faculta a las autoridades a actuar con rapidez dentro de un marco previsible.
«Esta reducción de la discrecionalidad, los cuellos de botella y la complejidad normativa genera una administración patrimonial más ágil y menos costosa, con una respuesta más eficaz a las necesidades del Estado y de la ciudadanía», puntualiza Finanzas.
La iniciativa consta de siete títulos que suman 278 artículos, que incluyen disposiciones generales, procesos de contratación y prohibiciones.
Además, se tipifican infracciones y sanciones para proveedores y servidores públicos que violen la ley. Para ello, se propone una reforma al Código Penal para definir los delitos de «tráfico de influencias», fraude en materia de contrataciones públicas, casos especiales de fraude.
También, se propone una reforma a la Ley de lo Contencioso Administrativo para agregar un artículo sobre «excepciones».
Al momento de ser aprobada la iniciativa en el Congreso, se propone que entre en vigencia de forma parcial y el resto 18 meses después.
¿QUIÉN ELABORÓ LA INICIATIVA?
El Ministerio de Finanzas detalla que la elaboración de la referida iniciativa deriva de una mesa técnica institucional, la cual realizó estudios de diferentes leyes y sistemas de contratación pública para identificar mejores prácticas internacionales.
Además, refiere que se llevaron a cabo consultas a proveedores, reuniones técnicas con instituciones rectoras de países amigos y la socialización de la propuesta con distintos sectores sociales.
Ajeno a lo descrito, también participaron entidades como:
- Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RIGC) de la OEA
- Programa de Desarrollo del Derecho Comercial (CLDP) del Departamento de Comercio de EEUU
- Agencias o direcciones de contratación pública de 6 países de América Latina
- Especialistas que apoyaron el proceso de socialización (OCDE, Open Contracting Partnership, RICG).
