Las negociaciones en torno al salario mínimo para el 2026 continúan y la Cámara del Agro detalló cuál es su propuesta y la razón, así como los efectos que ha tenido el incremento decretado para este 2025, así como otros factores a considerar.
Carla Caballeros, Directora Ejecutiva de Cámara del Agro detalló que «hemos planteado a través de las comisiones paritarias, que fue la primera etapa, como sector agro en las paritarias agrícolas, la propuesta del sector agro para un incremento en la circunscripción del departamento de Guatemala del 2% y en la circunscripción del resto de los departamentos del país del 1%».
Refirió que el representante del gobierno en las paritarias presentaba para el agro un 3% (circunscripción de Guatemala) y un 2% (para el resto del país). Aunque aún no se sabe qué es lo que van a presentar en la Comisión Nacional del Salario.
ASPECTOS A CONSIDERAR
La directora Ejecutiva de Camagro estima importante tanto que las comisiones, como el presidente de la República, tomen en cuenta dos elementos: incremento de costos en puertos e infraestructura vial, así como el alto índice de informalidad que no se beneficia de un salario.
En el incremento de los costos explica que las empresas han tenido que soportar estos gastos. «Tenemos más de 50 barcos o 50 barcos en promedio en agua, esperando poder atracar en los muelles, particularmente de Puerto Quetzal. Estos son barcos que esperan un promedio de 70 días», indicó.
En ese sentido, detalló que son barcos que traen, entre otras muchas cosas, insumos agrícolas como fertilizantes, granos básicos para los alimentos de los animales, como harinas procesadas también para alimentos de animales.
«Todo esto ha ido encareciéndose. Hay un costo de más de 200 mil dólares diarios por día por barco, que es un costo que es trasladado después al proveedor y, por supuesto, también al productor», expuso.
«Este es uno de los costos que ya están apretando el margen y la capacidad de operación de las empresas agrícolas, en especial de los pequeños y medianos productores», agregó.
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El deterioro de las carreteras del país afectan también desde el lado de los costos que esto genera. «Ahora cumplimos ya casi tres años sin tener mantenimiento a nivel nacional. No hay un solo proyecto por segundo año consecutivo en la Dirección General de Caminos, es decir, no se está haciendo ningún nuevo camino, ningún nuevo proyecto», señaló.
Continuó explicando que «en la dirección de Covial, la programación no solamente se ha venido atrasando y han salido tarde, sino que los pocos contratos o proyectos que lograron salir en las últimas semanas aún no están trabajando en la calle».
Caballeros estima que «probablemente vamos a llegar a finales del mes de noviembre con apenas unos pocos proyectos de mantenimiento probablemente que iniciaron y que van a iniciar a pocas semanas de que termine el año.
Además, recordó que como Camagro identificaron más de 130 tramos. «ya que están en total destrucción, que básicamente ya no requieren mantenimiento, sino que requieren una reconstrucción completa de esos tramos. Eso le va a salir mucho más caro al presupuesto de la Nación, porque es mucho más caro reconstruir que reparar o que bachar», indicó.
«Estos son todos los costos que han venido apretando a los productores y la capacidad de pago, la capacidad de poder operar y el margen se ha venido reduciendo. Además del incremento de costos asociado al 10% que se decretó de salario mínimo para el año 2025 que anunciaron en diciembre del año pasado», explicó.
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INFORMALIDAD Y FORMALIDAD
Caballeros considera que es importante que el gobierno considere estos factores de los costos. Además, el segundo elemento que debe de considerar es que el salario mínimo corresponde a un grupo muy reducido que está en la formalidad.
Indicó que «la demanda total laboral sigue siendo muy grande, siguen siendo más de 7 millones de personas cuando uno mira el tamaño de la producción económicamente activa». Precisó que en el Seguro Social únicamente hay 1.4 millones de trabajos formales del sector privado.
Asimismo, puntualizó que hay cerca de 350 mil jóvenes que cumplieron 18 años este año, como cada año, pero además hay un reporte más o menos de entre 60 y 70 mil por año de retornados. Todo eso suma en el tamaño total de la demanda laboral.
«Entonces, cuando hay una discusión que no se enfoca en cómo generar salarios, en cómo generar empleo formal, sino que en cómo simplemente se incrementa lo del grupo más pequeño, que son estos que tienen salario, que tienen prestaciones a través del IGSS y que en su gran mayoría no están sujetos al salario mínimo, es evidente que lo que se está haciendo es una discusión que responde más a un tema político que a un tema técnico», expresó.
Caballeros detalló que hay más de medio millón de trabajos que se han perdido en los últimos años en el sector agrícola. Esto no solamente está asociado a los costos de salario mínimo, sino también a los costos del sector, a la migración, indicó.
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