La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reaccionó a la iniciativa 6593, Ley antilavado de dinero, y expresa su respaldo por considerar que será clave en la lucha contra la evasión tributaria, así también para reducir la corrupción.
La SAT emitió un comunicado que difundió en sus redes sociales en el cual expresa su respaldo a la iniciativa de ley antilavado, «la cual constituye un paso clave en la lucha contra la evasión tributaria y aduanera, y la reducción de espacios para la corrupción».
El ente recaudador expone que «el lavado de dinero, particularmente mediante operaciones comerciales ficticias, como la sobrefacturación en importaciones o el uso de empresas, para justificar o promover la evasión y elusión fiscal, distorsiona la competencia leal y erosiona la base tributaria».
La entidad argumenta que dicho proyecto de ley «apoyará al fortalecimiento de las normativas en materia de prevención».
Asimismo, la Superintendencia dirigida por Werner Ovalle, señala estar comprometida con «el compromiso de trabajar activamente de manera interinstitucional, a través de los mecanismos que puedan derivar de esta iniciativa».
Según la SAT, dichos mecanismos están alineados a la modernización institucional, que permitirán fomentar de manera contundente una economía alineada a los estándares internacionales de transparencia fiscal, equitativa, segura, y al servicio del desarrollo de Guatemala».

INICIATIVA ANTILAVADO DE DINERO
El presidente Bernardo Arévalo impulsa la referida iniciativa denominada «Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo».
La propuesta pretende crear una sola ley que unifique lo relacionado con el lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Una de las justificaciones para proponer esta proyecto de ley es estar acorde a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y convenciones internacionales.
La iniciativa fue presentada al Congreso de la República el pasado lunes 28 de julio. El documento, de más de 70 páginas, contiene sanciones elevadas en dólares estadounidenses para quienes incurran en los delitos de lavado de dinero, trasiego y financiamiento al terrorismo.
Además, incluye reformas a las siguientes leyes:
- Código de Comercio
- Ley contra la Delincuencia Organizada
- Ley que regula los servicios de Seguridad Privada
- Código Notariado
También se propone derogatoria del Decreto 67-2001, Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos y del Decreto 58-2005, Ley para prevenir y reprimir el Financiamiento del Terrorismo.
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El ABC de la iniciativa antilavado de dinero del gobierno de Bernardo Arévalo