Un servicio civil eficiente es una vía para fomentar la inversión privada y el empleo, dice el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su estudio “Mejores Gobiernos para Mejores Vidas”.
El análisis, que abarcó a los países latinoamericanos, expone que los mejores gobiernos, con un servicio civil eficiente, conducen a mejor vida para la población.
Además, permite fortalecer las capacidades del Estado para una gestión estratégica, meritocracia e inclusiva del servicio civil en América Latina y el Caribe.
El informe plantea que la región de América Latina y el Caribe enfrenta desafíos especialmente:
- Bajo crecimiento económico
- Pobreza
- Desigualdad
- Crisis climática
- Crimen organizado
Según el BID, esto ocurre en un contexto de crecientes restricciones fiscales y desconfianza en las instituciones públicas.
Por ello, la entidad resalta la importancia de un servicio civil eficiente para enfrentar estos desafíos, y mejorar la calidad y la eficiencia de la provisión de servicios públicos a los ciudadanos.
Según el BID, el servicio civil tiene un doble efecto: por un lado, como eje central de proveer bienes y servicios a la población y por el otro, es un componente importante del gasto público.
«El servicio civil eficiente fomenta la inversión privada y el empleo», resalta el BID en su informe, en el cual se comparte el Índice de desarrollo del servicio civil en países seleccionados de América Latina y el Caribe, donde Guatemala queda en los puestos más lejanos, junto a Nicaragua y Bolivia.
La gráfica muestra datos para Guatemala del 2004 y del 2014 donde el índice quedó invariable, mantuvo el punteo de 24 donde 100 es la máxima.
Otro factor a considerar es que solo el 19.4% de la población consultada tiene confianza en los gobiernos.
El BID remarca que los servicios civiles de desarrollo alto se caracterizan «por ejecutar procesos de planificación de personal y, en un grado creciente, la planificación integral de las políticas de recursos humanos con base en áreas técnicamente consistentes, normativa actualizada e instrumentos técnicos fuertes, como los sistemas de información».
Bajo ese concepto, es Brasil el país de la región que más ha mejorado en esta área, según el organismo internacional. Colombia y Chile, también destacan.
Sin embargo, Guatemala se encuentra entre los países que tiene un servicio civil con menor desarrollo. El BID dice que en estos casos hay una debilidad o ausencia de instrumentos básicos de planificación, así como escasa tecnificación de las dotaciones.
También hay falta de información y carencia de una visión integral de los recursos humanos.
SERVICIO CIVIL Y GASTO PÚBLICO
El estudio se enfoca en diversos aspectos, pero resalta la relación entre el gasto público y el servicio civil. En cada país se ven casos puntuales.
En cuanto a Guatemala, el BID indica que el aumento del gasto es producto de la expansión del empleo público, característica que también se da en Panamá y República Dominicana.
El análisis pone de ejemplo cuatro casos donde «algunos países avanzan en reformas de la política salarial con el objetivo de contar con un servicio civil más eficiente».
Al mismo tiempo, el «lograr atraer, retener y motivar al personal idóneo que cumpla con los perfiles de puestos necesarios para poder brindar un mayor valor público a la sociedad».
El primer caso es el de Uruguay, cuando en 2020 «inició una reforma que responde a desafíos significativos en relación con la carrera y las remuneraciones del servicio civil, y que se implementaría a partir de 2025».
En el segundo caso, el BID cita a Costa Rica donde se «inició una serie de reformas para contener la masa salarial en respuesta a un aumento sustancial entre 2008 y 2018. Paralelo a ello, en 2022 se aprobó la Ley Marco de Empleo Público».
El tercer caso es el de Paraguay, cuando en 2020 surgió la preparación de «un proyecto de ley de la función pública y de la carrera del servicio civil, en el contexto de un esfuerzo más amplio de transformación del Estado para buscar una mayor eficiencia del sector público».
El cuarto ejemplo es el de Jamaica, en donde se «implementó en 2023 una racionalización de escalas salariales en el servicio público que logró llevarlas de 325 a 16».
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