
Un informe analiza el impacto del impuesto del 3.5% a las remesas familiares que propone la el presidente de EE.UU., Donald Trump. Si bien, se estima que afectará a los migrantes, esto también supone un efecto para las empresas operadoras de remesas.
De aprobarse la ley One, Big, Beautiful Bill, que incluye el impuesto a las remesas, la normativa entraría en vigencia a partir de 2026.
El impuesto lo recaudarían los proveedores de servicios de remesas, los bancos y las aplicaciones de transferencia de dinero, y se pagaría trimestralmente al Departamento del Tesoro estadounidense.
Según un análisis de FXC Intelligence al no existir un límite mínimo de transacción, incluso las transferencias más pequeñas estarán gravadas. Esto podría suponer un aumento significativo del impuesto para los no ciudadanos en EE.UU. y podría cambiar el comportamiento del consumidor.
Se espera que el impuesto afecte a casi 50 millones de personas, incluyendo titulares de tarjetas de residencia y visas de no inmigrante, como quienes visitan el país por ocio o trabajo, así como inmigrantes no autorizados, estima la consultora citada.
Por otro lado, cualquier ciudadano que desee enviar remesas al extranjero a través de un proveedor de transferencias de dinero deberá presentar un comprobante de su ciudadanía para hacerlo. En ese sentido, se calcula que son 25 millones de ciudadanos naturalizados, es decir los extranjeros que obtuvieron la ciudadanía.
Según el informe, la propuesta del impuesto a las remesas ha sorprendido al sector de las transferencias de dinero y las posibles cargas que generaría desde la perspectiva de la verificación.
A nivel mundial, el estudio señala que India y México son los mayores receptores de remesas provenientes de Estados Unidos. Pese a ello, se explica que otros países de América Latina dependen aún más de las remesas que México.
En ese sentido, se resaltan cifras del Banco Mundial, el cual revela que en 2023 las remesas entrantes representaron el 26% del Producto Interno Bruto (PIB) en Honduras y Nicaragua, el 24% en El Salvador y el 19% en Guatemala.
Según, FXC Intelligence no está claro en qué medida el proyecto de ley frenará realmente la migración irregular. Lo cierto es que un impuesto del 3.5% se añadiría al monto de la transferencia, lo que significa que sería un costo aplicado al monto enviado.

EL OTRO IMPACTO
Sobre el impacto del impuesto se han mencionado los posibles efectos para la población migrante, pero el estudio de FXC Intelligence se enfoca en las remesadoras y otros operadores de transferencias.
Uno de los aspectos que se observa en el análisis es que dependiendo de la verificación que exijan los proveedores de transferencias de dinero, también podría afectar a los ciudadanos estadounidenses que intentan transferir dinero.
Por ejemplo, si un ciudadano estadounidense no cuenta con la identificación correcta. «Estos casos podrían afectar a varios perfiles de clientes, como familias de militares que envían dinero a miembros del servicio en el extranjero, familias que envían dinero a estudiantes en el extranjero e incluso transferencias a destinatarios en otros estados» se explica.
Otro de los impactos es que los migrantes utilicen mecanismos informales para evadir el pago de impuestos, como las redes de mulas o hawala, un método informal de transferencias a través de intermediarios sin licencia.
Según el estudio, para las remesadoras, uno de los efectos podría recaer en las pequeñas empresas intermediarias que están asociadas a las grandes empresas operadoras de transferencia.
Por ejemplo, una tienda de comestibles con una sucursal de una de las grandes remesadoras, que podrían ver menos clientes debido a la pérdida de servicios.
Asimismo, considerando que la adopción de criptomonedas ha aumentado significativamente en la región latinoamericana, los analistas de FXC Intelligence sostienen que es incierto el alcance de la cobertura de remesas en el proyecto de ley con relación a las criptomonedas, esto debido a que se tendría que hacer una adecuada interpretación del significado de «proveedor de transferencias de remesas».
El estudio también plantea los gastos en los que tendrían que incurrir las empresas operadoras de remesas. Por ejemplo, en la instalación de sistemas para verificar y garantizar que los clientes sean ciudadanos estadounidenses.

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