Varios países en el mundo han adoptado, en su abanico de leyes, la normativa sobre la competencia. De esa cuenta, se tienen algunos resultados de su aplicación que podrían dar luces de cómo podría funcionar en Guatemala.
La experiencia internacional se tomó en cuenta en las discusiones previas para poder aprobar el decreto 32-2024 Ley de Competencia en Guatemala, con la cual se creará una autoridad que supervisará a las empresas en caso incurran en prácticas anticompetitivas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) presenta regularmente, desde 2018, un reporte sobre tendencias de competencia, “cuyo objetivo es apoyar la formulación de políticas informadas y contribuir a mejorar las leyes y políticas de competencia en todo el mundo”.
El informe destaca las tendencias globales de aplicación de la ley de competencia en 77 jurisdicciones, que incluye a 18 naciones del continente americano como El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, entre otros. El más reciente reporte brinda datos con base al año 2022.
AUTORIDADES DE COMPETENCIA INVESTIGAN
Entre los resultados de 2022, se destaca que hubo un crecimiento continuo en el número de personal que labora en las autoridades de competencia.
“El número promedio de personal de competencia por autoridad de competencia fue de 130 en 2022, frente a 125 en 2021 y considerablemente más alto que 118 en 2020. Hubo un aumento en todas las regiones, excepto Asia-Pacífico. El número medio de personal de competencia aumentó cada año desde 2015 hasta 2022”, se lee en el informe.
Asimismo, resalta que las solicitudes de lenidad ante la autoridad de competencia aumentaron en todas las regiones por primera vez desde 2015.
“El número total de solicitudes de clemencia aumentó de 201 en 2021 a 248 en 2022, una tasa de crecimiento anual del 23,4%. El resurgimiento comenzó en 2021 en Europa, continuó en 2022 y estuvo acompañado de un aumento en todas las regiones”, se detalla en el reporte.
Además, la OECD puntualiza que las investigaciones de oficio sobre cárteles aumentaron un 19.3%. El promedio de investigaciones de oficio sobre cárteles aumentó a 8.4 % en 2022, refiere la organización.
De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), un cartel es una asociación a la que se llega mediante acuerdo entre un grupo de compañías, destinada a impedir la competencia.
CÁRTELES DISMINUYEN DECISIONES
Asimismo, en el informe se indica que la ley de competencia en Europa ha reducido las decisiones sobre cárteles en 2022.
La mayor caída se produjo en las jurisdicciones europeas no pertenecientes a la OCDE, donde la disminución anual de las decisiones sobre cárteles fue de alrededor del 41%.
La organización expone dos posibles explicaciones para la disminución de las decisiones sobre cárteles; la disminución de las investigaciones de oficio entre 2016 y 2021 (incluida la disminución de las investigaciones debido a la covid durante 2020-21), y la disminución constante de las solicitudes de clemencia desde 2015.
Además, el reporte puntualiza que las industrias con más decisiones de cárteles en 2022 fueron la manufactura, construcción y el comercio mayorista, representando el 44% de todas las decisiones sobre cárteles durante ese año. También se observó que el 7% de los casos de decisiones de cárteles se reportó en agricultura, silvicultura, pesca y caza.
En cuanto a las sanciones impuestas por las autoridades de competencia, el estudio revela que se observa una disminución.
“Las multas impuestas por las autoridades de competencia disminuyeron en 2022, tanto para los cárteles como para los casos de abuso de posición dominante disminuyeron en 2022”, indica la OECD.
“La multa promedio por abuso de posición dominante impuesta por jurisdicción disminuyó un 52%, de 42.5 millones de euros en 2021 a 20.4 millones de euros en 2022. La multa media por cártel impuesta por jurisdicción disminuyó un 45%, de 89,8 millones de euros en 2021 a 49,5 millones de euros en 2022”, se detalla en el informe.
LEY DE COMPETENCIA EN GUATEMALA
El decreto 32-2024 fue aprobado de urgencia nacional el 20 de noviembre con 122 votos en el Congreso de la República.
Al respecto, el viceministro de Inversión y Competencia, Antonio Romero, refiere que en cuanto la ley cobre vigencia, tomará un aproximado de 2 años para que la Superintendencia de Competencia pueda iniciar con todas sus facultades, debido a que la institución deberá consolidarse paulatinamente.
En ese lapso de tiempo, se deberá conformar la institución, el directorio, tener un superintendente, dotar de personal, el cual tendrá un proceso de capacitación. En tanto, lo que se podrá hacer durante ese tiempo será la promoción de la competencia.
El funcionario explicó esta autoridad verificará prácticas anticompetitivas como acuerdos entre competidores que sirvan para establecer precios, para distribuirse territorio, geografía, evitando de nuevo competir a través de repartirse el mercado.
Otras prácticas podrían ser barreras o requisitos de ventas atadas, por ejemplo: para venderle algo a un consumidor tiene que comprar un bien adicional que no necesariamente requiere, pero por el poder del mercado de la empresa debe comprarlo.
“Hay una serie de prácticas, algunas más graves que otras, algunas sujetas a un análisis para determinar si son o no son anticompetitivas, eso es lo que la Superintendencia va a ir estudiando y determinando donde existen esas prácticas anticompetitivas, también recibiendo denuncia de los propios actores que se sienten afectados por esas prácticas”, indicó.
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