A dos semanas de la entrada en vigor del estado de sitio, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) expresó que ha intensificado su presencia en calles, hospitales, comisarías y centros de detención para verificar que las acciones de seguridad se desarrollen dentro del marco legal, y sin vulnerar derechos fundamentales.
El estado de sitio fue decretado por el Ejecutivo tras una serie de hechos violentos atribuidos a estructuras criminales organizadas, entre ellos motines simultáneos en tres centros penitenciarios y ataques armados contra autoridades de seguridad.
En ese marco, la PDH sostiene que su papel es vigilar, observar y verificar que las actuaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército y demás autoridades se apeguen a la Constitución y a los derechos que continúan vigentes durante el régimen de excepción.
“El personal de la Institución se ha presentado en los distintos puntos donde la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala despliegan operativos, para garantizar que los derechos humanos de la población sean respetados y que todas las actuaciones se encuentren dentro del marco de la ley”, afirmó el procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova.
VERIFICACIONES DE CAMPO
De acuerdo con la PDH, su trabajo se sustenta en el artículo 275 de la Constitución, que le ordena actuar de oficio o a petición de parte para garantizar los derechos fundamentales cuya vigencia no haya sido expresamente restringida durante un estado de excepción.
Por tanto, el personal de auxiliaturas, direcciones de procuración, defensorías y del Departamento de Mediación ha realizado verificaciones presenciales en distintos puntos del país. Entre algunas acciones reportadas se incluyen:
- Monitoreo en hospitales y centros asistenciales para verificar ingresos por heridas de arma de fuego u otros traumas.
- Visitas a comisarías de la PNC para constatar el ingreso, estado y condiciones de personas detenidas durante el estado de sitio.
- Inspecciones en centros carcelarios para confirmar la suspensión de visitas, conforme a las enmiendas aprobadas por el Congreso.
- Solicitudes de información a autoridades responsables sobre sus actuaciones bajo el Decreto 1-2026.
- Observación en retenes y puestos de registro para verificar que no exista uso excesivo de la fuerza.
Según la institución, estas diligencias se han realizado tanto en la ciudad de Guatemala como en el resto de departamentos, entre ellos Petén, Jalapa, Totonicapán, Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché, San Marcos e Izabal.
Por otra parte, la PDH reporta haber documentado 54 verificaciones en comisarías policiales, 48 visitas a centros hospitalarios, 38 inspecciones en centros de detención y 83 observaciones directas a operativos conjuntos en retenes y patrullajes.
Córdova aseguró que también se ha puesto atención en que los servicios esenciales no se vean afectados por las medidas de seguridad. “Hemos verificado que los servicios de salud no se vean afectados por las medidas adoptadas y hemos participado en reuniones con autoridades civiles y militares para evaluar los planes de seguridad ciudadana”, indicó.
Con estas acciones, la PDH sostiene que busca mantener un equilibrio entre las medidas de seguridad y el respeto a los derechos humanos, en el marco de la militarización de operativos y el fortalecimiento de controles policiales.
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