El Congreso hizo ya la convocatoria para el proceso de designación de los futuros magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que ese organismo deberá designar el año entrante. De conformidad con el artículo 136 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tiene rango de ley constitucional, esa comisión deberá ser presidida por el Rector de la Universidad de San Carlos, y conformada por un representante de los rectores de las universidades privadas, uno del Colegio de Abogados, el Decano de la Facultad de Derecho de la Usac y un representante de los decanos de las escuelas de derecho de todas las universidades privadas.
Esa responsabilidad del Rector Walter Mazariegos es una de las razones que explica el discutido proceso que le permitió llegar a la dirección de esa casa de estudios con un control inusual de ciertas decanaturas, entre ellas la de derecho, lo que debiera obligar al Colegio de Abogados, a los rectores de las universidades privadas y a sus decanos de derecho a operar realmente como contrapesos significativos para buscar la conformación de un Tribunal Supremo realmente independiente y comprometido con la democracia.
Ahora hay una razón de más peso que nunca; no olvidemos que tras la elección última, en la que fue electo Bernardo Arévalo, el Ministerio Público se empeñó en afirmar que había existido un fraude electoral, presentando acciones que supuestamente lo demostrarían. No lograron probar nada, pero si marcaron cuál puede ser la ruta de un verdadero fraude electoral y por ello es que en esta ocasión los ciudadanos tenemos que estar mucho más atentos que nunca al proceso de conformación del Tribunal Supremo Electoral.
Cabalmente fue para la designación de ese cuerpo colegiado que desde el Consejo de Estado que funcionó en tiempos de Ríos Montt se propuso la primera “Comisión de Postulación” con la idea de dar al mundo académico una responsabilidad tan importante luego de la sucesión de fraudes electorales de 1974, 1978 y 1982, arrebatando a la clase política el control de esas designaciones. Como hemos dicho, hecha la ley hecha la trampa, pues en ese tiempo existían muy pocas universidades privadas, todas prestigiosas, y de esa cuenta se les asignaba un poder crucial, pero de inmediato empezaron a surgir las que fueron calificadas como universidades de garaje que se montaron específicamente para participar en postulaciones, ya no solo de magistrados del TSE sino de otras instancias.
Desde ya los ciudadanos tenemos que estar atentos y vigilantes porque lo que está en juego no son los nombramientos, sino la pureza electoral.
