Vamos a cumplir cinco años desde el primer caso reportado en Guatemala de COVID-19 (marzo 2020). Los primeros casos de enfermedades respiratorias y de neumonía que posteriormente se atribuyeron al virus SARS-Cov-2, fueron aparentemente detectados por personal médico en la provincia china de Wuhan, posiblemente en septiembre del 2019. Al principio tal vez no se conocía la magnitud del brote, pero se empezó a sospechar la presencia de un nuevo virus debido al número de enfermos que crecía diariamente. En cualquier caso, al inició el problema no se hizo público ni se dio a conocer a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra a tiempo.
Lo anterior no lo expongo como justificación de un mal actuar, sino para aclarar la falta de un proceso adecuado de detección y notificación a tiempo del surgimiento, lo que no permitió tomar las medidas mundiales adecuadas. Muchas veces la notificación a las autoridades locales e internacionales sobre la detección clínica de casos que no existen previamente, mezcla lo normado para notificación y la acción, con la política y otros intereses. Y esto no fue algo nuevo en el caso del COVID-19. Solo a manera de ejemplo, recordemos que, bajo la administración de Ronald Reagan, el reconocimiento y la notificación oportuna a la OMS el brote de SIDA, tardó tres años desde el momento en que los médicos de California descubrieron el nuevo virus de inmunodeficiencia humana y la enfermedad del SIDA que afectaba a la comunidad gay. Ese fue el lapso de tiempo que se tomó para comenzar a adoptar medidas de precaución y a promover el uso de condones. Debemos recordar que ese lapso permitió que el SIDA se extendiera por todo Estados Unidos y también a nivel mundial, afectando tanto a parejas homosexuales como heterosexuales,
En muchas epidemias, su origen suele ser inicialmente un elemento oscuro para los médicos y epidemiólogos. En la actualidad, los orígenes del COVID-19 presentan dos versiones de alcance mundial: una sugiere una mutación natural, como piensan muchos epidemiólogos y microbiólogos expertos. Otros hablan de un bioexperimento que salió mal. Sin embargo, hay otros elementos a considerar como es el papel de investigaciones sobre virus y vacunas, intereses industriales, comerciales y geopolíticos, que aún deben ser investigados de forma independiente y comunicarse si existen.
Las pandemias desde mediados del siglo XX, a pesar de los avances científicos y tecnológicos para su detección y control temprano, lo que han mostrado reiteradamente y que la COVID-19 vino a poner de relieve, es la extrema fragilidad del conocimiento y de los sistemas de salud mundial para actuar con prontitud y adecuadamente ante las amenazas a la salud. Esto no necesariamente obedece a un desconocimiento científico sino a un orden mundial político y social cargado de intereses de toda naturaleza, consecuencia de una cada vez más delgada capa de solidaridad humana entre pueblos y naciones, detrás de la cual prevalece la ley de la selva sobre los acuerdos normas y leyes.
La realidad es que no existe, a pesar de la cacareada palabrería que se escucha en foros mundiales, de parte de gobernantes y funcionarios, una imagen de solidaridad que permita atajar los males en su momento oportuno, ya que esto se ve dominado y superado por sórdidos intentos de hacer política que se resume muchas veces en un interés de beneficiar a unos pocos y en señalarse unos a otros para culparse. Además, naciones y poblaciones participan en esfuerzos competitivos para encontrar curas y vacunas para uso exclusivo y así dominar a rivales globales y permitir que empresas multinacionales obtengan ganancias monopólicas, a expensas de vidas humanas. Esa situación de desigualdad se observa también en todos los niveles sociales de una nación también.
Lo anterior resulta chocante e incluso dantesco, al observar que, desde mediados del siglo pasado, en marcado contraste con el actuar político, la labor científica muchas veces independiente de la labor institucional mundial y de sus directrices, de territorialidades e ideologías, han dejado de lado las rivalidades y en lugar de publicar los hallazgos bajo sus propios nombres, están uniendo fuerzas para comprender la naturaleza y las características de los nuevos virus, así como para encontrar vacunas que los contrarresten y medicamentos curativos para tratar sus enfermedades. Pero la ciencia y sus instituciones no permanecen sin ser violadas. La industria farmacéutica poco a poco irrumpe en sus patios, llenándola de intereses comerciales tal y como lo pudimos apreciar con el manejo y uso de las llamadas vacunas contra el COVID-19.
Tampoco debemos olvidar que esos intereses mezquinos que rodean las pandemias y la atención a la salud no son algo nuevo. Nacieron hace mucho tiempo y crecieron a raíz de un nuevo orden mundial, en el último cuarto del siglo pasado. La historia de la medicina registra con claridad que, a pesar de contar con la posibilidad científica y técnica, el actuar político en el combate de muchas enfermedades actuales se rezagó o se enfocó mal con consecuencias fatales evitables, a pesar de contar con el recurso adecuado científico técnico y en algunos casos, se ha llegado al desmantelamiento y debilitamiento deliberado de parte del Estado del sector de la salud pública, como de otros sectores de gobernanza relacionados. En consecuencia: se ha debilitado garantizar y asignar bienes públicos para el bienestar y la salud. Resultado de esto: en la actualidad en la mayoría de países del mundo, los médicos y asistentes médicos en hospitales y clínicas públicas y privadas, se enfrentan a una situación imposible de buena praxis, debido a la falta de equipo básico e instalaciones adecuadas para atender la creciente afluencia de pacientes de todas las edades y condiciones.
La pandemia de COVID-19 también dejó al descubierto las deficiencias del sistema de atención médico en todos los países. En la actualidad se sabe que La COVID prolongada tiene implicaciones significativas para las personas, los sistemas de atención de la salud y la sociedad. Por ejemplo, las manifestaciones neurológicas son una complicación importante de COVID-19, pero los mecanismos subyacentes aún no se comprenden bien. Y así otros órganos también se ven afectados.
Creo que, en estos momentos, la perturbación política-administrativa que está experimentando la OMS y sus oficinas regionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), está generando temor dentro de los sistemas nacionales de salud. Esto podría echar por tierra décadas de progreso en los programas materno infantiles, en la lucha contra diversas enfermedades infecciosas y las enfermedades no transmisibles, la salud mental, y muchas otras amenazas urgentes para la salud.
En la actualidad a nivel nacional, no existe ninguna organización o grupo de servicio que cuente con reconocimiento genuino, ni siquiera por parte de su propia población, en cuanto a su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua del sistema de salud. Para nosotros los guatemaltecos, el cambio de nuestro sistema de salud, sigue siendo una constante lejana. Además, dentro de nuestra cultura, existe un grado importante de indiferencia en todos aquellos aspectos políticos y sociales, que determinan vulnerabilidad a la salud y que persiste régimen tras régimen de gobierno.
Como corolario de todo lo manifestado, es relevante mencionar lo externado por un exalcalde respecto a la salud de su pueblo “el problema no solo es político, también es social. En ambos casos, algunas medidas se implementan, pero muchas no son atendidas y entonces los resultados se dan muy lentamente y en menor cantidad de lo planeado o simplemente no se dan”. Un nuevo alcalde, luego de un año en su cargo, refiriéndose a las políticas sociales y su implementación expresaba: “El municipio no necesita otro plan, otro sistema, otro mecanismo, otro comité u otra organización. Necesita fortalecer, implementar y financiar los sistemas y organizaciones que tiene y hacerlo con honestidad y prontitud”.
Hay también una lección que deja la pandemia: No necesariamente las mejores soluciones provinieron de los países occidentales. Volvamos al ejemplo del COVID-19. Luego que China lanzara la advertencia (aún se le condena por el retraso y se le inculpa de responsable directo mas con argumentos políticos que científicos) implementó sus medidas de combate y le siguieron el resto de países asiáticos. Y no cabe duda, que la mejor experiencia fueron las medidas con la que el aparato estatal de esos países construyó sistemas e infraestructuras para hacer frente a la epidemia una vez que se reconoció su existencia y gravedad. Pero Estados Unidos y Europa fueron lentos en respuesta y desde el inicio y en poco tiempo, fueron y se convirtieron en los epicentros de la pandemia y ¿oh paradoja!: los países con más recursos, ciencia y tecnología fueron más víctimas de la pandemia. Argumentos sobre tal situación se dieron de todo tipo: “Los asiáticos son estados autoritarios, que pueden regular a la sociedad civil de formas ajenas a las naciones democráticas occidentales” de nuevo excusa sin argumento. La respuesta de Seúl a la pandemia por ejemplo, fue reconocida como significativa porque fue dirigida por un gobierno electo en un país democrático, Corea del Sur ofreció lecciones y precedentes de lo que era posible en la guerra contra el virus. Otros menos dogmáticos creen que el occidente nunca quiere aprender del oriente y eso es cosa de prejuicios raciales y culturales que impide aprender de la experiencia de estos países asiáticos.
Creo que además de un individualismo en crecimiento y una falta de solidaridad, la soberbia nos llena en todo esto y tal como un oriental lo dijo hace siglos «El hombre es la mayor maravilla, porque ve ante sí todos los días a los hombres envejecer y morir, pero piensa que él mismo será inmortal».
