El sistema nacional de salud (SNS) debe ayudar a promover y proteger la salud pública ¿realmente lo hace como cabe esperar? Analicemos un poco este tema. Durante los primeros años de los cuarenta del siglo XX, estando el mundo en plena Guerra Mundial y con rompimiento al derecho a la vida, condición que se llevaría unos 40 millones de víctimas, en uno de los países beligerantes, Inglaterra, se lanza el famoso Plan (informe) Beveridge (un modelo de reconstrucción para el período de posguerra), que servirá en ese país y en otros, para la organización de la salud como un derecho. Ese acontecimiento, no pareciera ser de gran trascendencia, pues desde el siglo XVIII y un poco más tarde, ya los estados trabajaban en eso para garantizarse la seguridad en el trabajo, la producción nacional y la defensa del territorio; pero hasta mediados del siglo XX, la medicina estatal consistió en una función orientada principalmente hacia fines paternalistas y caritativos, cuando no raciales y comerciales. Con el Plan Beveridge, la salud se transforma en objeto de desvelo de los Estados, no para beneficiarse básicamente ellos, sino los ciudadanos. Es decir, el derecho del hombre a mantener su cuerpo en buena salud, se convierte en objeto de acción del Estado. Por consiguiente, se invierten los términos: el concepto del individuo en buena salud para el Estado, se sustituye por el de un Estado trabajador para obtener un individuo con buena salud.
Traigo esto a colación porque cuando en la actualidad uno lee las noticias nacionales y eso desde hace ya casi un siglo, estas en temas de salud repiten SOBRE LO MISMO. Los planes de nuestros gobiernos período tras período, hablan de lo mismo y los funcionarios de salud discuten y trabajan sobre lo mismo, sin que se den y se vean avances en buena salud para todos, en condiciones de vida y en su calidad. Eso lo que muestra es una clara forma de ver que el concepto del individuo para el Estado, no se ha sustituido por el del Estado para el individuo. El Estado es visto por pueblo y funcionarios, como un fin y no un medio y por consiguiente, los problemas del Estado en cosas de salud, al no darse esa transformación, siguen siendo los mismos. La trasformación del sistema de salud, para fortalecerla como derecho, no se trata solo de una inversión en recursos, sino también de lo que podría denominarse una moral nacional y pública sobre el tema, que no se posee, ni se crea, ni se divulga, en nuestro medio.
Con el Plan Beveridge, la salud entra en el campo de la macroeconomía. A partir de entonces, el conjunto de las condiciones en virtud de las cuales se va a asegurar la salud de los individuos, se convierte en un desembolso a nivel de las grandes partidas del presupuesto estatal. Por intermedio de la salud, del control de las enfermedades (su aparecimiento, su manejo y su prevención y predicción) y de la manera en que se cubrirán las necesidades de la salud, se trata de proceder a cierta redistribución económica. Esta redistribución ya no dependería solo del presupuesto, sino del sistema de regulación y de la cobertura económica de los aspectos sociales y ambientales que afectan la salud y las enfermedades. Al garantizar a todas las personas las mismas posibilidades de prevenirse, recibir tratamiento y curarse, se pretendió corregir en parte las desigualdades en los ingresos y oportunidades. La salud, la enfermedad y el cuerpo, empiezan a tener sus bases de socialización. La salud es objeto de una verdadera lucha política.
En la actualidad, al escudriñar las noticias sobre salud en los medios, nos topamos que nuestra epidemiología o no tiene nada resuelto aún o lo ha hecho solo en forma parcial: ni nutrición, ni infecciones, ni salud laboral, ni salud mental ha resuelto sus problemas. ¿Qué ha pasado? No ha habido partido político, ni campaña política en que no se plantee el problema de la salud y la manera en que el Estado garantizará y financiará los gastos de los individuos en ese campo. Pero en nuestro medio, todo ello no se transforma en realidad. Se continúa trabajando lejos de un nuevo derecho establecido en la constitución de la república, de una nueva moral, una nueva economía. Una nueva política queda solo escrita. Por lo tanto, vivimos en este tema, envueltos en medio de una gran contradicción: sabemos pero no aplicamos.
A pesar de que desde mediados del siglo XX se ha venido produciendo una gran mutación técnica-científica, política, económica, social y jurídica de la medicina, desde fechas que coinciden con nuestra independencia, el Estado guatemalteco no ha ido en sus ejecuciones, de la mano del pensamiento salubrista. ¿Qué quiero decir? Que el avance tecno-científico que significó progreso capital en la lucha contra las enfermedades y el saneamiento, no va a la par de un adecuado funcionamiento económico, político y administrativo de la medicina; de un nuevo funcionamiento que le entre a los verdaderos males de la salud, generando eso, un estancamiento de los posibles beneficios de la medicina y de la salud pública actual, que claramente se ve reflejado en una epidemiología nacional de pobres avances. Quiero decir que una cantidad de conocimientos mal fundados, mal establecidos y verificados, que fue gracias a la ciencia, la técnica y nuevas modalidades de gestión, reformulada y cambiada con el afán de dar acceso a una mejor salud a una mayoría, en nuestro medio no ha sido seguido de prácticas para lograr un acceso con equidad y justicia a tales avances, que beneficia a la población. De ahí que los grandes males siguen siendo los mismos en importancia, a los que se incorporan nuevos.
Creo que, desde hace décadas, y desde distintos ámbitos, se ha demandado de parte de profesionales y pueblo la reforma de la regulación y de la organización de la evaluación de la eficiencia de tecnologías sanitarias, de la gestión sanitaria y su vigilancia ¿será que le nuevo gobierno abordará esa empresa? El problema no es resolver este o aquel inconveniente o error o problema (por ejemplo, el de los medicamentos sobrefacturados en precio) sino cambiar radicalmente el paradigma de la acción política en el tema de salud adaptarlo a una sociedad donde la economía es frágil al igual que su sistema de gobernanza.
