Decía en mi opinión de hoy que la comprensión de la gobernanza nacional actual es un claro desafío a la relación entre el conocimiento experto y la acción correspondiente y está llena de baches en que la corrupción es solo uno de ellos y en esto el sector salud no escapa, estando comprometidos en ello no solo políticos sino funcionarios, sindicatos y colegios profesionales e instituciones académicas y población.
Aunque los científicos en campos biológicos y sociales han estudiado los problemas del proceso de salud-enfermedad parte de su mal funcionamiento lo han asociado a la gobernanza del sistema nacional de salud (SNS) encontrándose que la mayoría de estos problemas desembocan en enfermedades que pueden y pudieron evitarse si no se produjeran fallas en las regulaciones y sus aplicaciones de normas, incumplimientos que han sido identificados como causantes de la persistencia y en muchos casos agudización de esas enfermedades. En la actualidad incluso varias comunidades contaminadas han documentado problemas de salud como resultado de sus altos niveles de exposición a usos indebidos del ambiente o condiciones laborales, pero siguen siendo, omnipresentes una amplia gama de determinantes y causales que no se termina de neutralizarse o eliminarse.
Podríamos decir entonces, que a pesar de la importante historia de producción de conocimiento sobre las fallas del proceso de salud-enfermedad que se tiene y que documenta los problemas de riesgo y exposición social y ambiental, el enfoque regulatorio y ejecutorio del SNS ha sido limitado y con preponderancia a ver y atender más lo económico que lo biológico de esa problemática. Entonces ya sea que se hable de la curativa o de lo preventivo y atención a la promoción de la salud –los dos grandes campos de la salud pública- ha sido claro hasta el momento que el SNS, su marco regulatorio, lo que ha privilegiado son los incentivos económicos y comerciales para una entrada rápida en el mercado y la protección de privilegios en esos campos, sobre la protección sustantiva de la salud pública, creando invisibilidad a lo que señala la ciencia, incluso muchas veces los riesgos se han ocultado estructuralmente y no han sido examinados por la práctica regulatoria y multidisciplinaria de los problemas de salud. Un caso específico en ello lo constituye el manejo de la desnutrición. Esto revela los caminos desiguales que construyen temas de interés social y científico en función de clase social. La investigación de epidemiólogos, agrónomos, nutricionistas y sociólogos ha demostrado que el problema alimentario es cuestión de inequidades ambientales, sociales, comerciales y financieras, que se aúnan en una mala nutrición y su solución no está en un dar de comer al hambriento.
Qué observamos utilizando como ejemplo el problema de la alimentación. En primer lugar, que ya no es sólo del SNS sino también de otros organismos de estado y en este tema las agencias estatales que deberían de resolver no tienen ni los niveles de asesoramiento ni de ejecución, e incluso establecieron niveles regulatorios basados en un solo objetivo realmente dominante en ese problema: detección y atención de casos con problemas de deficiencia alimentaria. Los periódicos, los sitios de noticias en línea y los blogs y redes sociales, publican historias y casuística sobre problemas agudos y causas, incluso que tiene que ver con todo tipo de impactos de la pobreza que repercuten sobre una mala alimentación. Sin embargo, ni los grupos sociales (fuera de sí ello sirve para publicidad) que pueden intervenir en parte de la solución, ni los políticos que representan a la población ni los ejecutores han sido conscientes de los impactos de los factores que exponen a una mala alimentación y de esas vías de exposición que los titulares de los medios no exponen como de origen político, social y ambiental e incluso de una mala gobernanza.
La ciencia es fundamental para los debates políticos contemporáneos sobre la mala alimentación, eso se sabe desde hace cincuenta años, pero también la institución más seria en este campo que hemos tenido, el INCAP, desde la década de los setenta del siglo pasado señaló que atender caídos resulta insuficiente para la solución del problema que requiere cada vez más en una variedad de participación de esferas no científicas: las arenas regulatorias, legales y los movimientos sociales y es fácil entender que eso no ha sido posible, ya que por más que se han desarrollado oficinas públicas y organismos específicos para tratar el problema alimentario a nivel nacional, lo que se observa es “la transformación del problema en conflicto político de publicidad y prominencia por un lado …un debate entre expertos científicos por otro y aparentemente todo ello separado del contexto social y ambiental en el que se desarrolla el problema”.
En esas mismas décadas del siglo pasado, al INCAP se le criticó que la cientificación del problema alimentario a que había llegado, excluía las voces de los legos y que estructuraba los debates de una manera que perpetuaba el statu quo regulatorio. Eso se vio en parte superado al establecer mayor responsabilidad sobre el problema los Estados miembros de INCAP. Entonces la cuestión se redujo a otro problema: a saber, quién está en posición de producir, interpretar y validar datos sobre causalidad y magnitud del problema a sabiendas de que es muy controvertida la interpretación y uso de la investigación sobre exposiciones y efectos adversos para la salud y su tratamiento llegándose a interpretaciones con fuerte dominio de la parte curativa y el mercadeo de accesos alimentarios.
Decíamos en párrafos anteriores que, desde finales de la década de 1970, los estudiosos del problema alimentario han examinado críticamente las prácticas interpretativas utilizadas por los científicos para construir formas particulares de racionalidad, alcanzar un consenso científico y establecer límites en torno a lo que ‘cuenta’ como ciencia legítima y aplicación para resolver el problema.
Lo que sí resulta evidente y se hace mal actualmente, es que la construcción y movilización de afirmaciones científicas en torno al problema alimentario, cuando no son estudiadas en una variedad de tradiciones teóricas, políticas y ambientales y productivas a la par de biológicas y sociales, la investigación científica opera independientemente de las fuerzas políticas y sociales y, a pesar del discurso popular y político incluso de buena intención, las implicaciones de la ciencia no son fácilmente útiles y utilizadas ni se traducen directamente en políticas públicas de mayor impacto.
Con lo dicho es con lo que vivimos y manejamos el problema alimentario. Más bien, una serie de fuerzas políticas y sociales en lo que lo comercial y económico juega papel preponderante que canalizan la ciencia en diferentes direcciones para distintos propósitos y, por lo tanto, el límite entre la ciencia y los campos políticos y sociales es permeable, cuestionado y se separa del problema y su solución. Ya existe suficiente información de parte de los estudiosos de la ‘Nueva Sociología Política de la Ciencia’ que destacan cómo las fuerzas político-económicas dan forma a la conceptualización, financiación, producción, difusión y uso de la ciencia. Al respecto en nuestro ejemplo con el problema alimentario, hay un ejemplo útil y precioso y de mucha enseñanza sobre la necesidad de que los científicos se involucren en el reclutamiento para persuadir a otros a creer e implementar sus innovaciones, para traducir activamente su investigación en impactos, para involucrar a diversos públicos, para que todos los actores involucrados se involucren en la «traducción científica estratégica para interpretar y comunicar evidencia científica a una audiencia con el fin de promover ciertos objetivos e intereses y culminar en acción en un éxito. Me refiero al trabajo de INCAP para lograr la fortificación de azúcar con vitamina A y terminar con el problema de salud que causa la hipovitaminosis A, que políticos y funcionarios públicos deberían de leer. El final de esa historia muestra con mucha claridad cómo el proceso de la separación entre científicos y no científicos y entre lo científico y lo político y social se superpone, desdibuja el problema y su solución si no se realiza toda la operación haciendo uso en conjunto de ciencia y recursos públicos y privados para llegar a una intervención exitosa y un impacto esperado, claro, preciso y universal.
