En la presentación anterior, afirmé que las políticas y programas asistenciales alimentarios y nutricionales, consideradas parte de una concepción preventiva contra la desnutrición, resultaban insuficientes e ineficientes para el control y la prevención de esta, ya que se conciben a partir de la suposición de que la desnutrición es causal y no resultado y por consiguiente esos programas, no pueden evitar el daño previo producido en el individuo desnutrido, en su salud física o mental y en su comportamiento individual y social.
Señalábamos que, resulta arbitrario e injusto, enfocar el problema alimentario y nutricional nacional, desde una visión únicamente salubrista, pues la máxima peligrosidad del problema, su riesgo, estriba en la discriminación e inequidad de atención a los derechos humanos, que social y económicamente deja afuera a una gran parte de la población del mandato constitucional, y ello limita trabajar las acciones que favorezcan directa o indirectamente, eliminar riesgos sociales y ambientales, ligados como causales fundamentales en las deficiencias nutricionales.
Para los salubristas, la atención de los problemas de salud es “un conjunto de medidas mediante las cuales se trata de mejorar las cualidades del potencial humano”. Esta política que bien se puede definir como “limitada” en nuestro medio, no ha logrado mejorar lo suficiente, un modo y estilo de vida, que siguen actuando como factor de riesgo en la mayoría de casos de deficiencias nutricionales; lo que si logra esa política es detener el avance del daño, pero el ya hecho, hecho queda. Todas las políticas alimentarias que tenemos, son instrumentadas y planificadas desde el Estado y dentro de este, del sistema de salud y legitimadas por la ley y avaladas y promovidas por las sociedades médicas y científicas y es evidente que han sido insuficientes. Resulta igualmente evidente, que no se determina con claridad en esos programas asistenciales, quienes debería ser los beneficiarios.
En la llamada era democrática de nuestro país, los cambios políticos que se han producido, no hicieron más que profundizar diferencia socio económicas y ambientales entre grupos, pues muchas de esas políticas de “reforma social” no se han llevado al campo de la acción, pero tampoco podemos decir que haya existido una real voluntad política y una ley eficiente al respecto, a pesar de que existe el mandato constitucional, que el ser humano guatemalteco tiene derecho a no caer en limitaciones en el desarrollo de su potencial durante su vida.
Los razonamientos económicos, no han estado ausentes de los debates alimentarios. Esos debates señalaron desde los sesenta y setenta del siglo pasado, que la inexistencia de “enfermos nutricionales” ahorraría ingentes sumas al estado y la sociedad. Lo contradictorio es que, a los políticos y dirigentes de turno, ese principio, de las “bondades” del ahorro en lo económico social y ambiental de la buena alimentación, aunque lo conocen y tienen conciencia de él, no los ha llevado a un planteamiento de ley y un accionar multinstitucional correcto. La mayoría de los propulsores de una política alimentaria y nutricional, conservadores o socialdemócratas, en cuanto se les atraviesa como prioridad, atender dentro del problema alimentario y nutricional la justa distribución y acceso de bienes y servicios y el control sobre los medios para obtener y proteger la alimentación y la nutrición humana, hacen silencio y enfocan su solución, a una auténtica dependencia, casi infantil, de los servicios asistenciales que navegan también al son de intereses políticos. Esto se repite, aunque con diferente nombre, gobierno tras gobierno, dándosele énfasis no a una verdadera erradicación y prevención de la desnutrición, sino a cambios de enfoques técnicos y administrativos a los programas asistenciales, para que logren más cobertura, cosa en que también se ha fracasado.
Como podemos ver, el mayor reto a que se enfrentan los problemas alimentarios y nutricionales, sobre todo los carenciales, está en definir y actuar sobre lo que son sus grandes riesgos, que significa el modelaje y desarrollo de un proyecto político nacional fundamentado en justicia social, basado en modificar no solo la cadena alimentaria, sino en implementar programas políticos serios y duraderos, para mantener y reproducir un orden que permita un modo y estilo de vida sano a la mayoría.
Desde luego que la categoría de “riesgo” en términos de equidad y justicia es borrosa, tiene límites difusos, está definida culturalmente y lograr un amplio consenso social al respecto no resulta simple, ni lineal, aún en aquellos donde la percepción de peligro es muy amplia. Ejemplo de ello, lo acabamos de vivir con el COVID-19.
La experiencia histórica de la desnutrición en Guatemala, nos muestra los peligros y las dificultades implícitas en la definición no solo de riesgos y factores causales de las distintas carencias, sino de los impedimentos políticos que tiene una sociedad que desea prevenir; ambos aspectos que lamentablemente viajan paralelos y nunca se reúnen en nuestro medio. El hecho de que seamos una de las naciones con más desnutridos del mundo, nos señala ante el mundo y ante la propia sociedad, como una nación cargada de todo tipo de discriminaciones sociales y poco interesada en una “mejora social”. Nos muestra cuán insidiosas, visibles y desvergonzadas, han sido las formas de gobernarnos, fortaleciendo todo tipo de discriminación para beneficiarse de derechos; situación que se cuela con mayor poder detrás de las mejores intenciones alimentaria nutricionales montadas, limitando su éxito. El ejemplo de lo que está sucediendo en el campo alimentario y nutricional, debería ponernos en guardia sobre los supuestos autoritarios que convenientemente disfrazados de “verdades científicas” se infiltran en muchos de los discursos preventivos, cargados de interés político.
Es entonces que uno se pregunta a dónde ha ido a parar el trabajo de Instituciones de investigación y universidades más allá de los recintos académicos y eventos de divulgación. Uno de los mayores peligros de la mirada “buenoide” de cómo la ciencia, sus aportes, son y están al servicio de lo político y no de la sociedad, lo proporcionan como ejemplo los programas nutricionales; claro ejemplo de un uso parcial de lo técnico y científico, para resolver un problema que demanda meterse de lleno a lo complejo de la justicia social; pues lo político, aun desde una ética de aceptación de la diversidad y la legitimidad del otro que demanda la constitución en sus mandatos, el cumplimiento político únicamente usa partes de los aportes científicos y ello con fines personales, dejando la sutileza en los análisis de la complejidad implicados en el problema, para un vivir académico.
Entonces hay algo que resulta claro de la experiencia alimentaria y nutricional. Para ello es fundamental entender que en ningún caso son exclusivamente los “técnicos” o “expertos” los que tienen la palabra y mucho menos el poder de decisión. La democratización de la sociedad, hoy pasa por asumir colectivamente las responsabilidades que nos competen como ciudadanos de un mundo globalizado, altamente interconectado y atravesado por una tecnología de gran poder y mal empleada, así como asimétrico en acceso y disfrute, en capacidad de opción y de proposición. Es por ello que abrir las puertas a la discusión en todas las áreas es una tarea clave para avanzar.
En la década de los ochenta Claude Gilbert ya señalaba que “el grado de protección frente al riesgo es proporcional a la capacidad de suscitar interés y de movilizar actores diversificados”. En Guatemala en cuanto a prevención de la desnutrición, los debates han tenido un fuerte contenido pluralista, con la participación de profesionales de diferentes áreas y se han generado análisis multidimensionales muy sutiles que intentan tener en cuenta diversas aristas de la problemática. Así, se ha definido que la pobreza, representada por malos salarios, desempleo abierto o encubierto, carencias educativas y de salud, así como la proliferación de lugares de vida y de trabajo no controlados o informales, es la mayor de las vulnerabilidades alimentarias de la población y en general de la mitad de la población y de su jinete apocalíptico llamado hambre y desnutrición.
De tal manera que los señalamientos técnicos y científicos para llegar a una práctica de solución, tropieza con lo político; por ejemplo, la necesidad de reforma agraria, que dentro de los modelos de gobierno que hemos tenido es considerada explícitamente imposible de definiciones absolutas y reconoce como único derecho y bajo una idiosincrasia de poder y privilegios, únicamente: dar de comer al hambriento.
Recuerdo un debate sobre la problemática alimentaria y nutricional en el departamento de Quetzaltenango en la década de los noventas. En un determinado momento del debate, un médico tomo la palabra para decir que estaba harto de tanta complejidad, que lo que él tenía claro era que “La desnutrición hay que tratarla y ya”. En ese momento, un periodista le respondió con un proverbio que en los cincuenta había utilizado el Dr. Aguilar, otro médico quezalteco y que reza así: “La salud es demasiado importante para dejársela a los médicos”. Y añadió: la nocividad está en un estilo y modo de vida, que no permite acceso y consumo en la cantidad, en la demanda que necesita el cuerpo en diferentes momentos de la vida y en el estilo y consumo en unas combinaciones variables inadecuadas.
La simplicidad y las mejores intenciones no alcanzan para pensar políticas preventivas, ni para controlarlas. Los expertos pueden darnos informes técnicos, pero no pueden apropiarse de la planificación y ejecución. Es hora de avanzar hacia una gestión política pluralista de los riesgos en el marco del reconocimiento de la legitimidad del otro y de la necesidad de abordar las cuestiones que nos preocupan desde un enfoque multidimensional, que dé lugar a la complejidad en la acción. De no hacerlo la prevención perecerá en un mar de eslóganes y trivialidades.
En resumen: Las concepciones modernas occidentales sobre la salud, se han caracterizado por una forma de pensar que ha limitado la enfermedad, el manejo del problema alimentario y nutricional, casi completamente a lo corporal, a lo biológico, lo vivo a lo físico y esto a lo mecánico. Desde luego que no todos los investigadores, médicos, sanitaristas, o prestadores de salud, han pensado de este modo, pero de un modo u otro, todos hemos sido actores y víctimas de un sistema que tiende a la parcelación, la especialización y la estandarización. Enfocar la solución del problema nutricional y alimentario a eso, va al fracaso.
Además, en el problema de alimentación y nutrición, la pobreza es la mayor dificultad de la sociedad para asumir las tareas de prevención, mitigación, preparación, y para generar capacidades de rehabilitación en el caso del desastre nutricional que vive y padece una buena parte de nuestra población.
