La violencia sexual (incluyo la agresión sexual en este trabajo) no solo es problema de todos, sino que afecta a todos. Basta con ver las estadísticas nacionales, para apreciar la magnitud de lo que se habla. La inquietud ha llegado hasta el sistema de justicia, que en estos momentos habla de proponerse combatirla de manera frontal pero ¿será solo cosa de justicia?
El otro día vi a dos niños jugando. La niña de alrededor de dos años de edad y de cuatro el niño. De pronto la madre del niño lo exhortó a besar a la niña y este sin freno alguno así lo hizo. No hace falta ser un visionario para imaginar que en nuestro mundo, desde muy tempranas edades, social y culturalmente las niñas se ven expuestas a la violencia sexual y que la lucha contra este mal, involucra todo un proceso social y que esto sigue siendo un desafío para los padres, los maestros, los religiosos, los abogados y los políticos y cosa de seguridad ciudadana, sino basta ver el informe de la OMS: una de cada tres mujeres sufre de violencia sexual y la cantidad de feminicidios ligado a esto.
Una cosa resulta clara: el que por fin se reconozca socialmente que la violencia sexual prevalece en todas las capas de la sociedad y en todos los ambientes sociales, no significa su solución, ni ha eliminado las circunstancias que permiten que persista su elevada incidencia, como lo demuestran las estadísticas nacionales. La justicia no viene a ser más que una actividad resolutiva dentro del problema: Procesos de reparación de la violencia, y si se quiere ir un poco más allá, una forma coercitiva no de conciencia de evitar su incidencia y por consiguiente de resultados limitados. El acosador no tiene miedo, pues la justicia es pobre para solucionar y condenar, las penas a veces dan risa –manifestaba el otro día una víctima.
Por tanto, necesitamos remodelar procesos sociales y culturales, fuente de su causa, pues es diferente la violencia sexual de casa a una violencia en los recintos universitarios o laborales o en las calles. Pero también es necesario identificar y montar nuevos roles de atención para las sobrevivientes; de cambiar la forma de reparar los daños de todo tipo de violencia, desde formas a comentarios sexuales inapropiados e intrusivos, degradantes o sugerentes, proposiciones repetidas, miradas lascivas, hasta agresiones sexuales o tocamientos y violaciones. Los daños a la salud de este mal, al bienestar, a la productividad, el trabajo y las carreras de las acosadas, están bien documentados en todas partes del mundo, incluso en nuestra sociedad.
Por consiguiente, la sociedad debe por principiar tener consciencia, concientizarse, de que la violencia sexual es una forma de violencia distinta a otras y con resultados distintos en el cuerpo y la psique de la acosada, pero también a sus justificaciones sociales e individuales y resultados psicológicos.
Insistimos que momento, lugar y causa de la violencia, determinan resultados corporales y psicológicos diferentes en la acosada. Por ejemplo, en una mujer trabajadora, en una estudiante universitaria, la violencia sexual no solo por su naturaleza pueda afectarla sino que los costos de denuncia en este grupo, puede ser devastador y puede acabar con su trabajo o su carrera. Los jueces, abogados, funcionarios y oficiales de cumplimiento institucional de las dependencias públicas y privadas, suelen ser testigos de que la violencia sexual no se denuncia en la mayoría de casos, porque las que la sobreviven, temen represalias, culpas, humillaciones e incredulidad en sus hogares y lugares de trabajo y no confían en el proceso de justicia.
Hace unos años, una doctora testimoniaba ante un auditorio profesional: Cuando iba en mi último año de medicina, temí que hablar sobre mi experiencia de violencia sexual dañaría mi graduación y sé que otras sobrevivientes con las que he hablado, temieron también y no denunciamos al acosador que aún anda por ahí. Pero hubo una valiente que habló, se quejó y presentó pruebas contundentes y la respuesta institucional fue de ignorancia pues como supimos después, las autoridades temieron dañar la reputación institucional. Una cosa resalta de este ejemplo y otros similares: Desafortunadamente, las mujeres acosadas dentro de instituciones, tienen muy pocas vías a su disposición, para lograr el amplio cambio cultural necesario para eliminar la violencia sexual en los lugares de trabajo.
Pero quizá en cualquier tipo de violencia sexual, lo que impera, la raíz del mal, está en que en nuestra cultura existe una dinámica familiar que consiste en relegar a la mujer desde su nacimiento, a un plano de lo privado y silencio, convirtiéndola en un individuo de segunda -el de primera es el hombre- con lo que le coartan libertad dentro de ese espacio. Experiencia que luego se extiende a la escuela y a otras etapas y momentos de su vida y aunque la mujer se desvincule del hogar hacia el trabajo, la violencia sexual en muchos casos, se traslada a este.
Lo cierto es que la violencia sexual va de la mano con el sexismo, el racismo, el capacitismo, el castismo y otras formas sistémicas de discriminación y su solución requiere de una respuesta sistémica de parte de la sociedad y los gobiernos. Los esfuerzos para acabar con la violencia sexual, deben incorporarse a demandas más amplias de condiciones de seguridad en el hogar, en las vías públicas, en condiciones de trabajo, salarios justos, acceso a la denuncia y atención médica y equipo de seguridad adecuado, que involucre al personal, no como un sueño visionario de objetivos y sobrevivientes, sino como una meta para todos. Quizá una forma útil de atender el problema desde su punto legal, podría ser para el caso de la violencia sexual institucional o en el transporte o lugares públicos, acuerdos colectivos en la demanda; que sean las sobrevivientes quienes tomen el poder en sus propias manos para que pueda hacer posible el cambio y la rendición de cuentas ante las instituciones y ante la ley. Con un ejemplo podemos tipificar esto.
Fuimos varias las hostigadas e incluso agredidas por el jefe de personal, aunque nos unimos en grupo y defendimos algo más grande que nosotros mismas, la experiencia fue agotadora y alienante y aprendimos que los litigios civiles son insuficientes y humillantes muchas veces ante jueces varones y al final solo el escándalo con que amenazamos a la empresa y al sistema de justicia, con el apoyo de la prensa, permitió la remoción de aquel delincuente. El efecto en la psiquis y estabilidad en cada una de las demandantes fue significativo y ellas concluyen que “el proceso de informar es profundamente aislante; duplica e intensifica los efectos de ser objetivo y crea muchos sinsabores en uno y los seres más cercanos”. Como resultado, ellas consideran que el sistema de justicia, debe producir formas de justicia mejores y más matizadas, pues son diferentes los casos, las formas y condiciones de la violencia sexual y en todos ellos, los enfoques del litigio deben darse de forma que mitiguen la vergüenza y el aislamiento que conlleva experimentar y denunciarla.
Si bien existe una variedad de categorías de violencia sexual y opciones de daños y respuesta, el proceso real de determinación de los hechos y de pautas para su prevención, generalmente no se tipifica bien. Incluso en las mejores circunstancias, la prevención no suele tener en cuenta situaciones individuales complejas o la posibilidad de represalias. Por ejemplo, en el caso de la violencia sexual en las universidades: las estudiantes confían en sus asesores que a su vez suelen ser amigos del acosador; pueden necesitar el respaldo de un decano que no siempre es imparcial. El enfoque en la investigación institucional o de la justicia sobre la persona e incidentes, no suele reconocer la humanidad de las denunciantes, al ignorar no solo su trauma, sino también la justicia que esperan que se pueda lograr al informar.
Finalmente y parece ser unánime, las mujeres tienen la impresión de que pese a sus denuncias, las estructuras y organización de instituciones y lugares de trabajo y estudio actuales, tienen el potencial de reforzar las estructuras de poder que alimentan el abuso y violencia sexual. Las investigaciones institucionales y la justicia, a menudo enfrentan a personas poderosas contra menos y más jóvenes. Los sobrevivientes deben elegir entre permanecer en el anonimato para tratar de evitar represalias o usar sus nombres, rostros y voces, para tratar de hacer que sus reclamos sean menos fáciles de descartar. Las denunciantes se ven obligadas a tomar decisiones de importancia crítica inmediatamente después de una experiencia que es, por definición, un atentado a su vida familiar, laboral o estudiantil y profesional. Es frecuente que el acosador institucional lo haga en mujeres recién contratadas, o en la universidad en finalistas de carrera y entonces la incertidumbre es esperar hasta que estén en una posición más estable, cosa que no siempre funciona y permite repetición de la agresión. Como bien dicen algunos estudiosos y afirman las víctimas “Las instituciones son incapaces o no logran prevenir o responder favorablemente a las malas acciones de los individuos (traición institucional) y conduce a un clima de desconfianza” y por tanto a la perpetuación de los actos y del problema. En esta atmósfera, aquellas que ya están en desventaja son aún más vulnerables, y muchas ya han sido capacitadas desde niñas incluso por sus seres queridos, a un «cállate y calcula».
Pareciera entonces que todo nuestro medio político y social, ha fallado a favor de políticas y procedimientos que protegen la responsabilidad de la institución, pero no son efectivos para prevenir la violencia sexual. Por consiguiente a pesar de que la mayoría de instituciones de todo tipo, tienen un proceso formal para manejar las quejas, carecen de un proceso estructural y formal adecuado para facilitar las cosas a las denunciantes, reducir los incidentes de violencia sexual, extraer lecciones para mejorar o compartir mejores prácticas. Cosa que debería de funcionar a la par del esfuerzo del sistema de justicia.
