Ley y transparencia

Seguimos pensando que en muchas cosas el gobierno actual no ha entendido el mandato que recibió en las urnas y uno de los ejemplos vuelve a darse con los nombramientos, en este caso de gobernadores, puesto que si bien el procedimiento puede considerarse “ajustado a la ley”, faltó a la transparencia que la ciudadanía está esperando. No olvidemos que nuestra legalidad tiene mucho de parapeto para el abuso y la corrupción, al punto de que hay infinidad de negocios inmorales que han sido consagrados porque la ley los ampara.

Por ello es que en esta nueva era que estamos viviendo en Guatemala es indispensable que se entienda que además de cumplir con la ley, los gobernantes tienen que actuar con esmerada transparencia para alejar cualquier sombra de duda respecto a su proceder. La nocturnidad que caracterizó el nombramiento de los gobernadores, esperando al momento en que la prensa matutina estuviera ya en impresión y cuando ya no había noticieros ni radiales ni televisados, fue a la larga un error estratégico porque sembró dudas y eso es lo que menos tiene que hacer el gobernante.

Mejor hubiera sido esperar a la mañana siguiente para hacer el anuncio a plena luz que anunciarlo para las primeras horas de la noche y terminar haciéndolo al verdadero final del día. No había fecha fatal para nombrar gobernadores y por lo tanto esperar unas horas para hacerlo de manera más transparente hubiera sido mejor.

El Presidente considera que no es correcto que ahora se hagan tachas o señalamientos a los gobernadores porque ya fueron escrutados por la Contraloría, el Ministerio Público y la CICIG, pero esas instituciones apenas pueden certificar que no hay procedimientos abiertos en los que aparezcan los gobernadores, pero quienes de verdad los conocen son sus vecinos y son ellos los que ahora encienden luces de alerta denunciando algunos casos que ven sospechosos.

Y lo mismo pasa con el nombramiento de magistrado a la Corte de Constitucionalidad, puesto que la ley no obliga al Presidente a ser transparente, pero su mandato electoral absolutamente claro y contundente en contra de la forma marrullera de hacer política le obliga a actuar de manera distinta a los mínimos que exige la ley. Si la ley no obliga a hacer público el proceso tampoco lo prohíbe y, repetimos, este gobierno es producto de un hartazgo de la población respecto a la manera tradicional de actuar de nuestros gobernantes y por ello no pueden haber confusiones al respecto.