CELADA: SE PONE AL PAÍS EN RUTA DE RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

Lejos de acatar a la CC, gobierno sigue debilitando al Estado de Derecho

Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt

El tiempo sigue avanzando desde que la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió la resolución que ordena al Gobierno del presidente Jimmy Morales suspender la decisión que dio por terminado el Acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Hasta la fecha, las autoridades impugnadas se niegan a acatar lo ordenado y más bien siguen debilitando con sus acciones a la Comisión y al Estado de Derecho, según analistas consultados.

Esta semana, el Ministerio de Gobernación retiró a los agentes policiales asignados a la seguridad de la CICIG. La medida contraviene lo resuelto por la CC, que ordenaba al Gobierno del presidente Morales, la suspensión del acuerdo firmado entre la ONU y el Estado guatemalteco relativo a la Comisión.

En ese sentido, Edgar Celada del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), opinó que existe una ruptura de la legalidad, ya que el Gobierno se resiste a acatar las decisiones de la CC.

“Ahora ocurre en relación a la CICIG pero mañana puede ocurrir en relación a cualquier otro tema, según la conveniencia del Gobierno y entonces eso es poner al país en una ruta de ruptura del orden Constitucional”, anotó.

Al final el Gobierno, según Celada, no obedece las resoluciones a las que está obligado a cumplir, “esto como dije en una ocasión es volver al reino de la impunidad, porque entonces si el Presidente no cumple las resoluciones legales, cualquier otro funcionario puede hacer lo propio”.

LINARES: EL MP DEBE ACCIONAR

Por otro lado, Luis Linares, de Asies, indicó que hay una violación evidente al acuerdo con CICIG y las obligaciones del Gobierno, por lo que “el Ministerio Público es el que debe accionar ante los órganos de justicia, para que se cumpla con lo establecido en el acuerdo hasta el día que este termine”.

Al no actuar ante esta situación, Linares considera que se sientan precedentes pésimos, porque existen decisiones que son claras.

Para el analista, lo preocupante es que se sientan antecedentes de violación a la ley y vulneración del Estado de Derecho que al final se terminará lamentando por muchos sectores de la sociedad, que ahora respaldan las acciones gubernamentales.

“En el futuro cualquier resolución judicial puede ser burlada por las autoridades encargadas de ejecutar decisiones… están contribuyendo a crear un monstruo que tarde o temprano los puede devorar”, puntualizó.