KEMONÏK CH’AB’ÄL / TEJER VOCES

Legitimar la violencia contra las mujeres aumenta la misoginia

Sandra Xinico Batz

sxinicobatz@gmail.com

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Sandra Xinico Batz
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La impunidad que existe hasta hoy al rededor del femicidio de Cristina Siekavizza demuestra (abiertamente) la injerencia que se puede llegar a tener en las leyes de este país misógino, para controlarlas y manipularlas a favor de un femicida como Roberto Barreda, quien siempre contó con un circuito de protección generado de su influencia familiar en las cortes y el conocimiento de esta sobre la forma en que funciona el sistema de justicia en Guatemala. A Barreda primero le llegó el Covid que la justicia; desafortunadamente sus actos siguen sin ser cuestionados con contundencia por parte de la sociedad, porque el patriarcado es también uno de los problemas estructurales que nos agobia, situación que se complica aún más con el racismo y el clasismo, lo cual debería darnos una idea de cómo aumenta el nivel de impunidad y revictimización cuando estas tres formas de opresión se imbrican, provocando que cada día ocurran decenas de femicidios, sin que socialmente nos lleguemos a enterar porque no se les da cobertura, ya que el desprecio a la vida de las mujeres aumenta precisamente por su cultura y clase.

La impunidad que ha gozado Marco Pappa, es también un ejemplo de la misoginia que persiste en el sistema de justicia y de la legitimidad social que se le otorga a los agresores para que continúen violentando mujeres. Pappa es un potencial femicida, que ha sido encubierto o justificado socialmente por su alcoholismo, algo que constantemente ocurre, pues se responsabiliza al alcohol pero no al agresor; socialmente se insiste en ver hacia otro lado antes de enfocar (y mucho menos combatir) las causas que radican en la misoginia y el patriarcado. El hecho de que su defensa esté en manos de un abogado que también es agresor, que también ha violentado mujeres, lo dice todo, demuestra ese pacto patriarcal en el que entre machos se protegen, se encubren, se auxilian, para evadir las leyes o saber cómo manipularlas a su favor.

Legitimar socialmente la violencia contra las mujeres justificándola, responsabilizando a las víctimas o defendiendo al agresor, contribuye a que esta aumente porque no hay consecuencias de ningún tipo. Denunciar no sólo es un acto de valentía por parte de las mujeres, sino que significa enfrentarse también a un sistema de justicia que revictimiza y se esfuerza por mantener la desigualdad de género para no perder poder sobre las mujeres.

El hecho de que se indague siempre a la víctima, pero no al victimario por los actos que comente, le permite al agresor validar y normalizar su violencia, porque se mueve libremente en una sociedad que aún concibe a las mujeres como objetos poseíbles, como cuerpos violables que se pueden quemar, tortura, mutilar.

La violencia contra las mujeres también es una pandemia; no es que haya aumentado debido al confinamiento o al encierro, porque es uno de los problemas que ya estábamos viviendo como sociedad antes del COVID-19. Esta violencia emerge de un sistema en el que nacemos y por esto necesitamos combatir el patriarcado.