Las reformas constitucionales al sector justicia (III y final)

Javier Monterroso

Concluyo con esta columna el análisis de las reformas constitucionales al sector justicia propuestas por los tres poderes del Estado y la secretaría técnica conformada por CICIG, MP, PDH y OACNUDH.

Es probable que el mayor error que contiene la propuesta de reformas constitucionales sea la conformación de la Corte de Constitucionalidad, de acuerdo a la propuesta se aumenta el número de magistrados de 5 a 9 y se cambian también los entes nominadores de magistrados suprimiendo al Colegio de Abogados y Notarios y a la USAC y en su lugar se aumenta a tres el número de magistrados que puede proponer el Presidente, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.

En primer lugar es lamentable que las propuestas de reformas no contengan una exposición de motivos o un documento que explique los objetivos o el porqué de los cambios propuestos, esto no solamente le quita seriedad a la propuesta, sino que además deja los ciudadanos con la incógnita sobre el motivo de las reformas, principalmente en temas como el de la CC que parece careciera de toda lógica.

En segundo lugar uno de los grandes problemas del sistema de administración de justicia en Guatemala es la politización de los nombramientos de magistrados y la propuesta de reformas agrava este problema, ¿Por qué darle el poder al Presidente y al Congreso de poner a seis de los nueve magistrados? Con esa reforma el sector político dominaría totalmente la CC, incluso podría ser que el presidente tuviera la mayoría en el Congreso con lo que los magistrados pertenecerían todos al mismo partido político, como insisto que no existe un documento que explique la racionalidad de la propuesta me parece que es un burdo copy paste del sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional español.

Además como la propuesta de reformas no entra a limitar el amparo judicial, la Corte de Constitucionalidad continuaría conociendo de todas las materias de la administración de justicia, es decir seguiría siendo una tercera instancia judicial como lo es hasta ahora solo que más politizada, sin embargo en la propuesta no se incrementan los requisitos para ser magistrado de la CC como en otros países donde se exige un doctorado y conocimiento en la materia, o pertenecer a la carrera judicial, simplemente le aumentan el requisito de la edad de 40 a 50 años como si eso garantizara la idoneidad de los magistrados.

De aprobarse tal y como están las propuestas de reformas constitucionales lejos de mejorar la administración de justicia se cumpliría aquella norma de “sale peor el remedio que la enfermedad”. Por eso es importante participar en el proceso y que se hagan los cambios necesarios a la propuesta de reformas, afortunadamente el comisionado Iván Velásquez ha insistido en que la propuesta es un borrador para tener una base sobre la cual construir.