La Justicia puesta a prueba

Claudia Escobar. PhD.
Jueza de Carrera
claudia_escobar@radcliffe.harvard.edu

Ante la situación por la que atraviesa nuestro país, siento la necesidad de expresarme públicamente y agradezco a La Hora por este espacio para compartir mis inquietudes.

Nos encontramos los guatemaltecos en un punto del camino en que tenemos la oportunidad de elegir hacia donde nos dirigimos. Debemos decidir entre continuar defendiendo el “estatus quo” que ha permitido que nuestro país sea reconocido por sus altos índices de violencia, inequidad, subdesarrollo, corrupción e impunidad o cambiar el rumbo. Podemos empezar por recuperar la confianza en la justicia a través de reformar y fortalecer las instituciones para encaminar nuestro país por la senda del desarrollo.

Sin un poder judicial capaz de resolver la grave problemática del país, estamos condenados a ser un estado fallido, lo que implica que no tendremos capacidad de dirigir nuestro destino. Esto es grave, pues corremos el riesgo de perder la libertad, la propiedad de nuestros bienes y la certeza jurídica.

Todo el Sistema de Justicia está puesto a prueba cuando tiene que juzgar a sus más altos gobernantes. Hoy en día, gracias a las investigaciones realizadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– y el Ministerio Público sabemos con certeza que algunas estructuras políticas se organizan para delinquir y aprovechar su posición para debilitar y corromper a las instituciones. El Organismo Judicial no ha sido la excepción y se ha hecho evidente que algunos de los magistrados electos en 2014 para la Corte Suprema y de Apelaciones fueron nombrados por los compromisos asumidos con los políticos corruptos, el crimen organizado y/o los poderes paralelos. No cabe duda la injerencia de estructuras criminales en el Sistema de Justicia.

La vinculación de jueces o magistrados en casos de corrupción es aún más grave que los señalamientos en contra de Otto Pérez o Roxana Baldetti, porque los funcionarios involucrados están a cargo del órgano responsable de impartir justicia.

Existen evidencias sobre la participación de al menos tres magistrados de la Corte Suprema en casos de corrupción; Douglas Charchal, Vladimir Aguilar y Blanca Stalling. Ahora carecen de idoneidad y de reconocida honorabilidad, requisitos que la Constitución de la República de Guatemala exige a los funcionarios públicos. Por sus cargos gozan de antejuicio y aunque éste sea declarado con lugar, no conlleva la separación del cargo. Ellos argumentan que la ley les garantiza la presunción de inocencia, sin embargo para esto es necesario que se les juzgue de manera objetiva e imparcial, lo que únicamente es posible si están fuera del propio órgano de justicia. Porque no se puede ser juez y parte; su permanencia en el cargo pone en duda la credibilidad de todo el Sistema de Justicia y en riesgo el régimen de legalidad de Guatemala.

El Sistema de Justicia debe ser la herramienta que nos permita como guatemaltecos avanzar y luchar contra todos esos males que nos aquejan. Por esto tenemos que hacer un frente común y exigir de forma contundente, a una sola voz la renuncia inmediata de los funcionarios judiciales vinculados a casos de corrupción.