ASPRODECO

La iniciativa para la transparencia y gobernanza de la SAT

Dr. Luis Fernando Cordón Morales
buzonasprodecogt@gmail.com

El 12 de abril reciente ingresó al Congreso la iniciativa 5056, “Ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria”, que pretende, según su marco general, implementar medidas que permitan recuperar la confianza y cumplimiento tributario de los contribuyentes; además, los niveles de captación de recursos, entre otros. La propuesta contiene aspectos interesantes como la regulación del pronóstico, meta y convenio de recaudación, ingreso y promoción, prohibiciones, exclusividad, confidencialidad, derechos y obligaciones de los contribuyentes, publicidad, y la regulación a entidades fuera de plaza; sin embargo, resalto algunos aspectos relevantes, que deben ser analizados, discutidos y acordados mediante un debate de altura en el poder Legislativo.

La integración del Directorio incluyendo al Ministro de Economía y al Presidente del Banco de Guatemala está injustificada por la incompatibilidad de sus funciones y atribuciones con el que hacer tributario; además, que provoca un innegable conflicto de intereses; el primero porque interviene en la calificación para beneficios fiscales; y el segundo, porque realiza la última etapa en la devolución de crédito fiscal del IVA. Además, convertiría al cuerpo colegiado en eminentemente político, lo que desvirtuaría la intensión primaria de la reforma.

Reclasificar la función recursiva en un Tribunal Administrativo es necesaria; sin embargo, la conformación resulta desatinada: 1) Que sus miembros sean funcionarios, no garantiza objetividad, porque continuaría privilegiándose la necesidad recaudatoria sobre la prevalencia de derechos de los contribuyentes y los límites al poder tributario, que es aberrante y provoca congestión jurisdiccional, siendo imperativa la independencia que garantice la legalidad y juridicidad de los actos. 2) Que se disminuya su integración en 5 miembros, limita la discusión técnica y legal; además, hace viable la accesibilidad a la corrupción. 3) Que su conformación acepte solo Abogados y Notarios y Contadores Públicos y Auditores, excluyendo a otras profesiones con formación en operaciones tributarias y aduaneras, como: Ingenieros, Economistas, Administradores de Empresas, Licenciados en Administración Tributaria y Aduanera, Licenciados en Comercio Exterior, delimitaría la indispensable discusión técnica colegiada. 4) Que un integrante sea renovado cada año, no tiene sentido; además, por razones de estabilidad haría poca atractiva la oposición al cargo para los integrantes de la Unidad de Apoyo Técnico.

El otorgamiento de facultades para obtener información bancaria, no obedece a fines de fiscalización, porque para ello ya se cuenta con la normativa de Bancarización; además, que no es justificada la necesidad fiscal con la interpretación que sobre el artículo 24 Constitucional oportunamente realizó la CC, ya que en su contenido la citada Corte no se refiere a información bancaria para efectos tributarios. Asimismo, es de señalar que las Salas competentes ya han asentado criterio respecto a qué información es fuente necesaria, suficiente e indispensable para las determinaciones de impuestos, y la bancaria no es una de ellas. Concluyendo entonces, en que las facultades relacionadas obedecen a la razonable necesidad de cumplimiento de convenciones internacionales sobre transparencia y corrupción, entonces la misma servirá más para intercambio de información con otros países y no para fiscalidad interna; por lo que el nivel de captación impositiva será imperceptible.