Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.com.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Usando como argumento el texto constitucional, Alejandro Giammattei explicó ayer a las audiencias que le reunieron los empresarios chapines que trabajan con el Council of the Americas que Guatemala es un país absolutamente democrático, donde el pueblo elige a sus autoridades y existe una estricta separación de poderes entre el gobierno que tiene funciones ejecutivas, el Congreso con su labor legislativa y las Cortes con la administración de la Justicia. Por supuesto que nuestra legislación es clara en ese aspecto, pero en la vida real todos sabemos cómo, desde hace tiempo, viene funcionando lo que resulta de un interesante y efectivo pacto que suscribieron los políticos y las cúpulas económicas para garantizar que nunca más se vuelva a repetir el sobresalto que vivieron a partir del 2015, cuando se destaparon los casos de corrupción que pusieron en evidencia el nivel de podredumbre y colusión existente en las diferentes esferas y que arranca aún antes de que un político sea electo, porque para lograrlo necesita de la lluvia de dinero de campaña que no sólo garantiza el “triunfo” sino que además es un soborno anticipado mediante el cual le venden, literalmente, el alma al diablo.

Por supuesto que las personas que han sido invitadas a las actividades que le programaron a Giammattei en Washington aceptan su dicho porque si algo es cierto es que están trabajando con un auditorio que ya tenían plenamente garantizado desde hace poco más de cuatro años, cuando en el gobierno de Jimmy Morales se empezó a sembrar con un fuerte cabildeo dirigido a los grupos más conservadores y de fundamentalismos religiosos, mismos que en ese momento eran el pilar de la administración Trump a la que acogían con vigor y entusiasmo.

Pero los hechos son lapidarios y no sólo los guatemaltecos sabemos qué está ocurriendo en el país sino que lo saben también, perfectamente, los observadores extranjeros que se han dado cuenta de cómo, para citar apenas el más conspicuo de los ejemplos, en la Casa Presidencial se reunieron Giammattei con la Fiscal General y la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia para analizar el caso de una investigación que estaba en marcha, no contra el gobernante, quien goza de antejuicio, pero si contra su compañero de vida porque a la residencia de ambos fue llevada una alfombra conteniendo el jugoso soborno pagado por empresarios rusos para asegurarse buen trato en sus gestiones ante el gobierno. De esa reunión salió la instrucción precisa de ir a la FECI a desbaratar lo actuado y al ver qué tan complejo y bien sustentado estaba el caso, no les quedó más remedio que despedir al Fiscal Juan Francisco Sandoval.

Si eso es independencia judicial y separación de poderes, por supuesto que apenas un grupo muy sesgado puede asumirlo porque es obvia la interferencia y el control que se ejerce. Y las distintas embajadas, salvo aquellas como la española que se hacen de la vista gorda, lo han visto todo e informan a sus gobiernos por lo que la explicación de Giammattei apenas endulzan los oídos de los que ya son sus fans gracias al intenso cabildeo que en su nombre realizan poderosos sectores.

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