Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.com.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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El hecho de que en un país se celebren periódicamente elecciones no significa que exista una verdadera democracia porque para ello se necesita de instituciones sólidas que permitan que los comicios se conviertan en un mandato emitido por el pueblo para delegar el ejercicio de su soberanía en las autoridades que fueron electas. Eso implica, de entrada, que las entidades llamadas a velar por la pureza electoral no estén sometidas al poder de turno y que de la misma manera que deben inscribir a candidatos de oposición, deben velar por la transparencia partidaria y cancelar aquellos que se benefician de la corrupción o reciben dinero del narcotráfico.

Pero más que eso, un país para ser democrático necesita tener un eficiente sistema de justicia que garantice la igualdad de todos ante la ley.

No se puede concebir la democracia cuando quienes tienen poder también tienen la facultad de utilizar la ley para perdonar a los ladrones y perseguir a los que están combatiendo la corrupción y donde los encargados de la investigación penal son despedidos y perseguidos por hacer su trabajo y luego se les formulan absurdas sindicaciones, tan cínicas que nadie entre la población se las traga.

Juan González, el asesor del presidente Biden para asuntos hemisféricos, explicó ayer con detalle las razones de la exclusión de Guatemala y quienes vemos cómo se desarrolla aquí el ejercicio del poder, esa forma de control absoluto que se ejerce sobre toda la institucionalidad que está totalmente al servicio de los dos objetivos centrales del Estado maltrecho, que son facilitar la corrupción y asegurar la impunidad, tenemos que coincidir en que la decisión de Estados Unidos es acertada.

De asistir nuestro gobernante no vacilará en jurar amor eterno a la democracia y hasta diría, sin empacho, que su país está luchando seriamente contra la corrupción, como lo viene diciendo desde el día en que tomó posesión aunque los hechos demuestren lo contrario. Basta ver la forma en que se están ya sucediendo los casos en los que los tribunales dejan en libertad a los que en su momento fueron sujetos de investigación tanto de la FECI como de la CICIG para entender que el plan les viene funcionado a la perfección.

Pero como la verborrea es incontenible, uno puede imaginarse un sonoro discurso tipo Giammanneti, como le dijo López Obrador, en el que haga renovados votos de su vocación no sólo democrática sino de transparencia, y nadie debiera extrañarse que, invitado a la cumbre, hubiera dicho que él llegó a la presidencia con la convicción de que no quiere ser un hijo de tantas más en la larga lista de los que han pasado por la presidencia de nuestro país.

Las Cumbres se llenan de discursos y no siempre producen resultados tangibles que incidan en la vida de los ciudadanos. Pero una cumbre como la convocada es también una vitrina para los inversionistas y desde esa perspectiva, los que quieren inversiones serias y honestas no voltearán la vista a Guatemala, pero los pícaros como los inversionistas españoles de Puerto Quetzal y sus herederos o los inversionistas rusos que acumulan derechos rellenando alfombras, verán con beneplácito que Guatemala es el país de sus sueños, donde con pisto por delante todo se puede conseguir.

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