Jueza Domínguez no accede a cambios de delitos en Caso Aceros de Guatemala

La Jueza de mayor riesgo "A", Claudette Domínguez, otorgó medida sustitutiva de arresto domiciliario al exjefe de la SAT, Carlos Muñoz. Foto: La Hora

Por: Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

La jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, rechazó la solicitud de cuatro sindicados en el Caso Aceros de Guatemala, quienes buscaban que se hiciera cambios en la resolución con la que fueron ligados al expediente judicial.

Los señalados a quienes se les declaró sin lugar el requerimiento del auto de procesamiento son: Ardanay Ernesto Caal Caal, Frank Manuel Trujillo Aldana, José Antonio Mangandi Ortiz y Elder Hermelindo Fuentes García.

De esa manera, Caal Caal pidió en la judicatura dirigida por Domínguez que se le cambiara el delito de cohecho pasivo, ilícito por el que actualmente está vinculado al caso, solicitando que fuera procesado por concusión.

En cuanto a Trujillo Aldana, Mangandi Ortiz y Fuentes García la juzgadora no admitió la petición de que se les retirara el delito de asociación ilícita, por el que les señala la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

ANTECEDENTES

Las pesquisas detallan que la empresa Aceros de Guatemala, mediante un grupo criminal liderado por Omar Franco Chacón, antiguo jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Geovani Marroquín Navas, extrabajador de esa institución, logró que se desestimaran denuncias en contra de la entidad comercial.

Esas demandas las interpuso la autoridad fiscal en el país y alcanzaban la cantidad cercana a Q256 millones, luego de que practicara auditorías entre 2007 y 2009. De esa forma la estructura actuó, según las averiguaciones, para favorecer a Aceros de Guatemala, mediante la alteración de informes de la SAT.

De igual manera, explican las investigaciones, el objetivo de la red era que se le limpiara el récord a la empresa ante la Superintendencia, a fin de que se pudiera hacer efectivo el cobro de devolución fiscal, entre ellos uno por casi Q12 millones.

Esto último, supuestamente benefició a los directivos de la SAT involucrados en los hechos indagados.