TAMBIÉN EL MICIVI

Joviel y Oficina Contra la Tortura beneficiados por el Congreso

El Congreso aprobó una ampliación de más de Q5 mil millones para el funcionamiento del Ejecutivo. FOTO LA HORA/CONGRESO

POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt

El pleno del Congreso de la República aprobó ayer, en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19, una ampliación presupuestaria de Q5 mil 138 millones 900 mil para funcionamiento del gobierno, aunque entre estos se encuentra la asignación de más fondos al Ministerio de Educación para el pago del pacto colectivo, así como un aumento al techo al Ministerio de Comunicaciones y a la Oficina Contra la Tortura.

Después de tres sesiones extensas, a paso lento y entre críticas, el oficialismo y sus aliados aprobaron dicha ampliación, la cual aumenta los recursos de las entidades antes mencionadas, las cuales obtendrán Q500 millones, Q724 millones y Q10 millones, respectivamente.

La ampliación le asigna Q500 millones al Ministerio de Educación, para la nómina por aumento salarial, esto en cumplimento al Pacto Colectivo que se aprobó entre el gobierno de Jimmy Morales con el sindicalista Joviel Acevedo.

FONDOS PARA EL MICIVI

En cuanto al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), se le asignó Q724 millones, por infraestructura vial y remozamiento infraestructuras de salud, los fondos se distribuirán de la siguiente forma:

Piso digno, Q35 millones; muros de contención, Q23 millones; limpieza de derecho de vía, 181 proyectos, Q140 millones; remozamiento y ampliación de centros de salud y hospitales, Q58 millones; remozamiento de centros educativos, Q70 millones; cocinas dignas, Q9 millones; reposición, construcción y ampliación de centros educativos, Q22 millones; mantenimiento de la infraestructura, Q243 millones; Dirección General de a Caminos, Q94 millones y al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), Q30 millones.

Parte de los fondos serán destinados para el pago de un pacto colectivo con el Magisterio de Educación, liderado por Joviel Acevedo.
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ENTIDAD RELACIONADA CON GUSTAVO ALEJOS

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, obtendrá Q10 millones, para fortalecer acciones institucionales, según indica la ley.

En dicha entidad se encuentra, por segundo período consecutivo como relator, el exdiputado Carlos Solórzano Rivera, a quien se le ha vinculado con el empresario Gustavo Alejos Cámbara, señalada en casos de corrupción y de negociar la elección de Cortes.

Según audios revelados por el medio Con Criterio, Solorzano Rivera se reunió con Alejos en la prisión militar de Mariscal Zavala, para discutir reformas al Código Procesal Penal, cambios relacionados a la presión preventiva.

Posterior a los señalamientos, el relator Contra la Tortura aceptó que sostuvo un encuentro con Alejos Cámbara, pero que lo hizo como parte de sus funciones, al visitar los centros carcelarios.

En dichos audio también se conoció que Solórzano se iba a reunir con el diputado de TODOS, Felipe Alejos, para discutir la aprobación de los cambios a la prisión preventiva, pero en una anterior declaración, dijo no conocer al parlamentario.

Esta asignación a la Oficina Contra la Tortura se hizo por medio de una enmienda, la cual eliminó los Q20 millones para el Organismo Legislativo, Q1 millón para el Parlamento Centroamericano y Q5 millones para la Asociación de exconstituyentes, el uso de estos recursos fue severamente criticado por distintos sectores y diputados de la oposición.

SIN RESPONDER

Se intentó contactar al presidente de la Comisión de Finanzas, Duay Martínez de VAMOS, para obtener mayores detalles de dichas asignaciones, pero no respondió a las llamadas realizadas.

El relator Contra la Tortura Carlos Solórzano Rivera ha sido vinculado con Gustavo Alejos. Ayer esa entidad fue incluida en la ampliación presupuestaria aprobada.
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ASIGNACIONES NO SON PRIORIDAD

El integrante de la Comisión de Finanzas, Samuel Pérez, afirmó que debido a la crisis que enfrenta el país por el COVID-19, no era el momento para aprobar dicha ampliación. En cuanto a las asignaciones para la Oficina Contra la Tortura y para el pacto colectivo de Educación, dijo que, no son prioridad en estos momentos.

“Es absolutamente inaceptable que durante una crisis se estén buscando recursos para este tipo de cosas”, declaró Pérez.

Por otro lado, el congresista indicó que, analizan accionar legalmente contra la aprobación de esta ampliación presupuestaria, pues a su criterio los aliados del oficialismo cometieron algún de tipo de ilegalidad en el procedimiento de esta.