SISTEMA DE PREVENCIÓN ESTÁ DESARTICULADO

Jóvenes, sin libertad, que solo piden una oportunidad

POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt

Un promedio de 698 adolescentes en conflicto con la ley penal se encuentra en los cincos centros de detención juvenil, de los cuales 616 son jóvenes y 82 jovencitas, según la Subsecretaría de Reinserción. Los delitos en los que comúnmente incurren son asesinato, portación ilegal de arma de fuego, homicidio y extorsión. La mayoría proviene de asentamientos de las zonas 18 y 6, Villa Nueva, San Pedro Ayampuc, donde se ha identificado escasez de servicios básicos, falta de vivienda, violencia intrafamiliar, paternidad irresponsable, presión de grupos delincuenciales que pueden considerarse como “tratantes de personas”, al reclutarlos forzosamente, mientras que el sistema de prevención y protección del Estado está desarticulado.

DETRÁS DE CADA JOVEN HAY UNA HISTORIA

Jaime, Miguel y Leonardo (nombres ficticios) tienen entre 18 y 25 años (alcanzaron la mayoría de edad mientras cumplían su sanción), están privados de libertad en uno de los centros de detención juvenil. Visten un pants gris, una playera blanca y zapatos crocks blancos. Se acercan tímidos, pero respetuosos. No saben qué decir, sonríen y toman asiento.

Cada joven tiene su propia historia, algunos quieren contarla, otros no, sin embargo, los tres coinciden en que “detrás de cada joven privado de libertad hay una familia y una historia, que ha marcado su vida”.

Jaime toma la palabra y relata que constantemente recuerda y extraña a su mamá, a quien no olvida cuando elaboraba artesanías, dormía muy tarde para terminarlas y levantarse al otro día para lograr venderlas. El joven limpia sus lágrimas y dice que teme perderla, admite que desde niño tuvo ese miedo, que hoy persiste.

Miguel interviene y cuenta que está detenido por “confusión” con otro joven, incluso en varias ocasiones ha estado cerca de recuperar su libertad; su caso es atendido por el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), que en al menos dos ocasiones le ha cambiado de abogado defensor.

Leonardo por su parte, serio y firme no habla mucho de su proceso, pero dice que quiere seguir los pasos de su hermano mayor, quien labora en un restaurante de comida rápida. Desea que la sociedad deje de verlo con estigma y rechazo, pues admite, se ha equivocado, pero quiere ser una persona diferente.

“Quiero demostrar a mi familia, a la sociedad y a mí mismo que puedo levantarme y ayudar a otros. Estoy privado de libertad para aprender muchas cosas. El fuego que llevamos dentro puede ser más constructivo que destructivo”, indica.

Estos jóvenes están en un régimen semiabierto, es decir, pueden salir a un centro de capacitación en compañía de personal de centros de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), también se preparan académicamente, sus metas: graduarse de perito contador, estudiar un profesorado en Pedagogía y contar con su propio negocio, mientras que su más grande anhelo es estar con sus familias, recuperar el tiempo perdido y ser productivos para la sociedad.

Jaime, Miguel y Leonardo, son parte de los 616 adolescentes hombres privados de libertad. Los centros para para jóvenes son Etapa, Anexo, Gaviotas y Casa Intermedia, según la Subsecretaría de Reinserción.

De los 616 adolescentes 337 son mayores de edad, 306 están sancionados y 31 provisionales. Mientras que 279 son menores de edad, 155 están sancionados y 124 provisionales.

Los ilícitos en los que más incurren los adolescentes hombres son los delitos contra la vida, explica Francisco Molina, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

De acuerdo con Molina y su equipo de trabajo, las principales enfermedades que padecen los jóvenes de primer ingreso a los centros son: sarcoptosis, problemas bucales y gripes.

BUSCAN OTRA OPORTUNIDAD

Lorena (nombre ficticio) celebra su cumpleaños número 21 en el centro de detención juvenil donde está recluida; sus compañeras de habitación informaron a las autoridades de la Subsecretaría y del centro sobre este evento, por lo que coordinaron la compra de un pastel y compartieron una porción con ella.

Las adolescentes se emocionan, suspiran al sentir el olor del chocolate que proviene del pastel. Lorena se queda sin palabras, sus ojos se llenan de lágrimas, únicamente agradece por el gesto. Sopla las velas.

La jovencita no tiene cerca a su familia y no puede compartir con ellos, pues la mayoría de los integrantes de su núcleo familiar están privados de libertad; relata que es madre de una niña que la visita eventualmente por medio de otra pariente que está libre.

Lorena, Ximena, Julia, Marina y Rosario (nombres ficticios), también visten una playera blanca, un pants gris y crocks blancos. Tienen entre 16 y 21 años, actualmente cursan entre primero básico y cuarto bachillerato.

Ximena, es una de las jovencitas más atentas con la visita y sus compañeras, siempre vela porque todos los asistentes tengan una silla donde sentarse, refresco y servilleta. Ella cuenta que es hermana mayor, pero que antes sentía que no se preocupaba lo suficientes por sus hermanos menores.

Al menos tres de las adolescentes entrevistadas relatan que no vivían con sus padres antes de estar en el centro de detención juvenil, preferían estar lejos para evitar riesgos para sus familias.

Expresan que en su proceso de reinserción han identificado lo que ellas describen como el “daño causado a la sociedad” y a sus familias, reiteran que están conscientes de “sus errores” y quieren enmendarlos. Describen que los insultos, el rechazo y el estigma les afecta y quisieran que la sociedad les diera una segunda oportunidad.

Lorena dice que su sueño es convertirse en criminóloga y trabajar en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Julia explica que quiere trabajar en una oficina y Ximena quiere pasar más tiempo con sus padres.

Aunque el número de niñas y adolescentes privadas de libertad es menor en comparación con los jóvenes hombres, pues hay 82 adolescentes en estas condiciones, la desigualdad, el machismo y la violencia son situaciones que acompañan a las adolescentes antes y durante su privación de libertad.

De acuerdo con los datos del personal del centro juvenil, se estima que un 15 por ciento de las jovencitas privadas de libertad antes estuvo institucionalizada en hogares de protección. Esto refuerza la información del censo realizado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Organismo Judicial (OJ), efectuado en febrero y marzo de este año, donde se determinó que las niñas son mayormente institucionalizadas que los niños, pues de 3 mil 863 menores de edad en hogares públicos y privados, 2 mil 271 eran niñas y 1 mil 592 niños.

Los funcionarios del centro (se omiten nombres por seguridad), explican que un porcentaje considerable de las adolescentes están detenidas por la relación sentimental que mantenían con jóvenes vinculados a las pandillas, que las involucran en ilícitos, regularmente en extorsión, quienes después las abandonan; en algunos casos han quedado en estado de gestación.

Actualmente en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres (Cejuplim) popularmente conocido como Gorriones, hay 82 adolescentes privadas de libertad, 24 son mayores de edad y están sancionadas y 58 son menores de edad, de este número 20 están sancionadas y 28 provisionales.

Los principales padecimientos de las jovencitas de primer ingreso son: gripes, sarcoptosis e infecciones vaginales, según representantes de ese centro.

BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN

La Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la SBS tiene bajo su responsabilidad los cinco centros de detención juvenil.

De acuerdo con el subsecretario Francisco Molina, un total de 611 personas trabajan en esta Subsecretaría, entre estos directores de centros, subdirectores, asistente, técnico administrativo financiero, psiquiatra, enfermero, odontólogo, conserje, psicólogo, maestros, trabajador social, jefe de monitores, entre otros.

Según Molina, en el primer trimestre de este año se adquirieron 250 colchonetas para los centros, y se espera comprar otras 240.

Además, del 2016 al 2019, según la Subsecretaría, en Anexo se ha trabajado en la infraestructura de aulas escolares. En Gaviotas se han reforzado techos de los dormitorios, red de drenajes y fosa séptica, techo del salón de visitas, asimismo, se ha cambiado puertas, rejas, portón en el área de internamiento. En Etapa se ha adquirido material para remozar el centro. Mientras que en Gorriones se han remozado los baños dentro de los dormitorios, techos de los dormitorios, entre otros.

Entre 2016 y en lo que va de 2019, se han efectuado 2 mil 336 atenciones odontológicas para la juventud detenida.

Molina, explica que a partir del 22 de octubre del año pasado separaron a los jóvenes por situación jurídica y edad, es decir colocaron en espacios distintos a los provisionales de los sancionados, y a los mayores de los menores de edad.

Gaviotas, Anexo y Casa Intermedia actualmente albergan a los jóvenes sancionados y Etapa únicamente a los provisionales, mientras que en Gorriones las adolescentes están divididas de la misma forma, por habitaciones.

A partir de junio fueron trasladados los primeros diez adolescentes a Casa Intermedia, que es considerado como un nuevo modelo de reinserción y que fue apoyado por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Los jóvenes fueron seleccionados por medio de pruebas y diagnósticos. (Lea la nota “Casa Intermedia: De barrotes a espacios abiertos” https://lahora.gt/casa-intermedia-de-barrotes-a-espacios-abiertos/).

Por otro lado, ha surgido otro tipo de actividades de reinserción, de las cuales se puede mencionar la interacción de jóvenes hombres y mujeres con perros domésticos, la entrega de alimentos por parte de los adolescentes a personas que madrugan y esperan ingresar al Hospital San Juan de Dios, preparación de alimentos con el acompañamiento de autoridades.

En 2016 ocurrieron 3 motines; en 2017, 8, mientras que en 2018 y lo que va de 2019 no se han reportado, según la Subsecretaría.

En mayo de este año fue localizado muerto un joven de 17 años en el centro Anexo, las autoridades investigan el caso.

REINSERCIÓN, EL OBJETIVO

De acuerdo con los datos generales de la Subsecretaría, los delitos en los que más incurren los jóvenes privados de libertad son: asesinato, portación ilegal de arma de fuego, homicidio, extorsión, violación, robo, asociación ilícita, femicidio, promoción y estímulo a la drogadicción y secuestro.

Verónica Galicia, jueza de Control de Ejecución de Medida para Menores en Conflicto con la Ley Penal, explica que sus funciones son velar por los derechos y garantías de los adolescentes que están privados de libertad y con sanciones no privativas de libertad, además de eso, que los programas que se trabajan con ellos logren la reinserción, que es el objetivo.

“La meta a alcanzar en la fase que yo trabajo, que es la fase de la ejecución de las sentencias y sanciones, es lograr la reinserción. Tengo que encaminar a todas las entidades que trabajan en este tema para que se logre el objetivo, a veces un centro de privación que no llene las condiciones, lejos de ser una herramienta para reinsertar a un adolescente, es lo contrario, para que estén siempre con ese resentimiento a la sociedad, estamos como un caldo de cultivo de más violencia, cuando salgan saldrán violentos y al primer ciudadano que encuentren se las va a pagar, mientras que si les enseñamos de otra manera, con el respeto en ambas vías y con un trato que tal vez nunca tuvieron en sus casas, sabrán que hay una vida diferente”, indica Galicia.

Según Galicia entre 2015 a 2017, el ingreso de adolescentes a los centros oscilaba entre 1 mil 100, mientras que el año pasado bajó a aproximadamente 683. A su criterio esta baja se debe a un programa de prevención del delito que empezó a trabajarse en escuelas, con el Juzgado, la SBS, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobernación.

“A raíz de una resolución judicial –dictada por ella–, se ordenó un programa de prevención para evitar que los adolescentes lleguen a los centros de privación. El pedagogo del Juzgado empezó a monitorear de que centros –educativos– cursaban la mayoría de los adolescentes en conflicto, se detectaron siete escuelas e institutos de las zonas 18 y 6 y ahí fue donde empezamos a trabajar desde febrero del año pasado un plan piloto”, indica Galicia.

De acuerdo con la Jueza, se solicitó a la Policía Nacional Civil (PNC) que llegara a esos centros educativos identificados, a realizar revisiones preventivas a los alumnos, la Policía era acompañada por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), esto con el fin de saber si llevaban armas o drogas; hubo dos capturas en estos casos.

Por otro lado, la Jueza y otros actores de justicia y seguridad llevan a jóvenes egresados de centros de detención juvenil y con sanciones cumplidas, a las escuelas e institutos para que compartan sus experiencias de vida con niños y jóvenes en riesgo. En este proceso se han abierto espacios de diálogo que ha permitido identificar otros peligros.

“Empezamos a identificar otros problemas, lo que le pasó a Ángel Escalante (localizado muerto en el fondo del Puente Belice en 2015), que como no quiso participar –en pandillas– lo mataron, lo lanzaron al Puente Belice. El año pasado nos mataron a otros tres muchachos, que nosotros sabíamos lo que les estaba sucediendo, pero como sistema no pudimos darles la protección, porque no son niños o adolescentes que se tengan que ir a un Hogar Seguro porque ese no es el perfil, tienen a su familia integrada, son buenos, pero el problema es que los están acechando, ellos necesitan un albergue, un trato que el Estado todavía no les puede dar”, explica Galicia.

Mientras tanto, en otra resolución, la jueza emplazó al Estado y solicitó mejorar las condiciones de los centros, porque había hacinamiento, condiciones insalubres, ejemplifica que en Etapa había alrededor de 45 jóvenes en una habitación, no había sanitario, sino que en el mismo agujero donde debía irse el agua de la ducha hacían sus necesidades fisiológicas, pero ese agujero estaba rebalsado y con un bote debían tirar las heces fecales por las ventanas.

Mientras que las jovencitas de Gorriones no tenían sanitarios y eran llevadas al baño cuando las autoridades “querían”, la justificación era “problemas de seguridad”, por eso les dieron un bote que no sacaban todos los días.

La Jueza ha visitado los centros y la última vez lo hizo la semana pasada; indica que ahora hay un inodoro en cada espacio de reclusión y ducha para que se bañen, igual Etapa cambió y se demolieron dos calabozos. Las habitaciones son más ventiladas, hay inodoros, una pila, planchas de concreto, antes dormían en el suelo, ahora duermen en colchoneta.

En conjunto con el Subsecretario, según Galicia, se emitió otra sentencia para que Etapa fuera de primer ingreso y ahora Gaviotas está para jóvenes sancionados.

Además, se ordenó contratar más personal, implementar una escuela para monitores que antes de octubre se esperaría que estuviera inaugurada. A finales de este año concluye el emplazamiento que le hizo al Estado. La Jueza ha observado cambios a raíz de las observaciones realizadas, reitera.

ALERTA ÁNGEL

Debido a que el Estado aún es incapaz de atender a la niñez y juventud en riesgo de ser asesinados por pandillas, la Jueza Galicia indica que ha propuesto la “Alerta Ángel”, por eso ha buscado en el Congreso de la República apoyo, pero únicamente el diputado Erwin Lux, de Retalhuleu, ha atendido esta petición.

La entrevistada indica que le preocupa recibir llamadas de los institutos donde les advierten que a determinado niño “lo irán a matar”, en ocasiones los logran rescatar y en otras no, por ello con la Alerta Ángel, buscan crear una oficina específica y proveerle presupuesto para que tengan albergues, pues los adolescentes necesitan un refugio donde permanecer mientras pasa el riesgo y después se podría coordinar con el Ministerio de Educación para que vayan a estudiar a otro centro educativo que puedan desarrollarse en otro lugar donde los había contactado las maras y pandillas.

Asimismo, buscan crear una Ley para que el plan piloto en las escuelas se replique en todo el país, el proyecto original es que el Ministerio de Educación tenga psicólogos y trabajadores sociales que detecten los riesgos que enfrenta la niñez y la juventud. La Jueza agrega que los maestros aún no están preparados para buscar una salida y su vida también está en peligro al conocer los casos.

La Alerta Ángel llevaría el nombre en honor a Ángel Escalante y porque le daría confianza al niño, niña y adolescente, para que se sienta protegido.

SISTEMA DESARTICULADO

Galicia observa que el sistema de protección y prevención está desarticulado, existe falta de coordinación de las instituciones del Estado.

La Jueza indica que han encontrado alrededor de ocho oficinas de prevención en varias dependencias, pero ninguna se conoce y trabaja desarticuladamente; cada una tiene presupuestos, mientras que la ley de prevención del delito buscaría que todas las oficinas se unieran para ser una sola y el presupuesto se asigne a dicha oficina.

Galicia dice que hay que trabajar con las familias, crear escuelas para padres que también lo tiene el plan piloto que actualmente implementan, mientras que la persecución por parte del Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía de Niñez y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, debe estar orientada a investigar quiénes están detrás de los jóvenes que delinquen, pues las bandas o incluso familias de los adolescentes podrían considerarse tratantes de personas, que reclutan forzosamente a este sector de la población.

Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional para la Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni) explica que actualmente no hay un verdadero sistema de protección integral donde las políticas sociales sean las más fuertes, porque las instituciones continúan con un enfoque de protección punitivo.

Rivera dice que ninguno de los dos partidos en contienda –representados por Sandra Torres y Alejandro Giammattei– tiene una agenda programática en temas de niñez y adolescencia, lo que describe como preocupante.

El Secretario Ejecutivo de Ciprodeni, refiere que junto con otras organizaciones de la sociedad civil buscan acercarse a diputados electos, para fortalecer la Comisión del Menor y la Familia para crear leyes basadas con enfoque de derechos.

La Hora envió las preguntas al diputado Oscar Argueta y a Víctor Valenzuela, quienes son los enlaces de Torres y Giammattei, respectivamente, para conocer sus planes a implementar específicamente en el tema de la juventud en conflicto con la ley penal, pero al cierre de este reportaje no fue posible obtener respuesta.

En cifras

– 698 jóvenes en conflicto con la ley penal están en cinco centros de detención a cargo de la SBS.
– 616 jóvenes hombres están privados de libertad.
– 82 adolescentes mujeres están privadas de libertad.
– 232 procesos ingresaron en lo que va de 2019 al Juzgado de Control de Ejecución de Medida para Menores en Conflicto con la Ley Penal.
– 574 procesos ingresaron en 2018 al Juzgado de Control de Ejecución de Medida para Menores en Conflicto con la Ley Penal.
– 80% de la juventud privada de libertad busca reinsertarse a la sociedad, según la Subsecretaría de Reinserción.
– 20% de la juventud privada de libertad no muestra interés de reinsertarse a la sociedad.
– 7 escuelas e institutos de las zonas 18 y 6 fueron identificados de donde provenían los jóvenes en conflicto con la ley penal.

Fuentes: SBS y Juzgado de Control de Ejecución de Medida para Menores en Conflicto con la Ley Penal.