Cerca de la noche del 26 de noviembre de 2024, el Congreso de la República aprobó el presupuesto general de ingresos de la nación que rigió para 2025. Esa misma noche, prácticamente ya en la madrugada del 27, los legisladores aprovecharían para aprobar el plan de gastos del Congreso.
Lo hicieron a hurtadillas, con la intención de pasar desapercibidos. Más que el presupuesto del Congreso, lo que los diputados aprobaban aquella madrugada fue recetarse un incremento salarial del 128 por ciento (%). De ganar Q29 mil mensuales, pasaron a devengar Q66 mil 300.
Pese al amplio rechazo social manifestado en contra del incremento, ningún diputado ha tomado una iniciativa seria de revertir la medida. De hecho, volvieron a aprobar el presupuesto interno del Organismo Legislativo para 2026, con lo cual se aseguraron de recibir el aumento también a lo largo de este año.
El 26 de febrero de 2025, se supo que la Junta Directiva había firmado el acta 10-2025, donde se formalizó el aumento salarial con carácter retroactivo, es decir, que este rige desde el 1 de febrero del año pasado, lo cual significa que abril de 2026 será el mes 15 en que reciben Q37 mil adicionales.
Eso significa que cada diputado, al final de este mes, habrá recibido en los 15 meses un total de Q559 mil 300, adicionales a lo que ganaban antes, cada uno. En conjunto, el incremento de los 160 legisladores sumará Q89 millones 520 mil.
La Hora hizo el ejercicio de comparar en qué se pudieron haber invertido estos recursos, al hacer una revisión de las adjudicaciones en Guatecompras, y constató que se pudo haber construido desde escuelas grandes hasta kilómetros de carreteras.
INSTALACIONES
La Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) muestra varias adjudicaciones que rondan ese monto. De esa cuenta en Guatecompras hay varios contratos adjudicados, como una escuela en la aldea Piedras Azules, en Gualán, Zacapa, por un monto de Q93 millones.
Asimismo, se adjudicó la construcción del hospital de la cabecera municipal de San Pedro Necta, que, aunque se ha visto envuelto en polémica, sirve para ejemplificar en qué pudieron haberse utilizado los recursos.
De acuerdo con las adjudicaciones de esta unidad ejecutora en Guatecompras, se deduce que se pudieron haber erigido dos escuelas bicentenario, puesto que el costo es cercano al 50% de la suma acumulada en 15 meses, producto del aumento que se recetaron los legisladores. La de Jutiapa se adjudicó a un costo de Q47 millones y la de Morales, Izabal, a Q46.8 millones.
También se pudieron haber construido 26 escuelas rurales, como la que se adjudicó en la aldea Huispache, Concepción Tutuapa, San Marcos, ya que fue adjudicada por Q3.8 millones.
RED VIAL
En cuanto a carreteras, se pudo haber rehabilitado alguna como la que conduce de La Libertad a la aldea Las Cuaches, en Petén, un tramo de 26 kilómetros, contrato que en Guatecompras fue adjudicado por Q91 millones. En el mismo departamento, en Sayaxché, se adjudicó la construcción de un libramiento por Q150 millones, es decir que con los Q89.5 millones se podría construir el 60% de ese proyecto.
También un tramo como el de la CA2 Oriente, que va desde la bifurcación a Guanagazapa, Escuintla, hasta el desvío a Chiquimulilla, Santa Rosa, cuyo monto de adjudicación fue de Q85.8 millones por la reposición de 28 kilómetros de carretera.
Tomando en cuenta los parámetros de los dos proyectos anteriores de reposición de rutas viales, se puede decir que, con el incremento que recetaron los legisladores, al final de los 15 meses se pudieron haber repuesto de 25 a 30 kilómetros de carreteras.
Tomando en cuenta otros proyectos viales adjudicados, como la ampliación a 4 carriles de la CA9 norte, de Sanarate a El Rancho, en El Progreso (Q940 millones), se puede deducir que con los Q89.5 millones del incremento salarial de los diputados se pudo haber ampliado a cuatro carriles un tramo de 2.5 kilómetros de una carretera.
Además, este año, la unidad ejecutora de Conservación Vial (Covial), encargada del mantenimiento de carreteras, adjudicó varios contratos por un monto de Q290.8 millones para efectuar estos trabajos en 70 kilómetros de rutas en cuatro departamentos. Esto da como resultado que, con los Q89.5 millones, se habrían reparado 21.5 km de rutas.
Asimismo, con ese dinero extra se pudo contratar, por ejemplo, todo un paquete anual de obras para una ciudad grande, como la cabecera de Quetzaltenango, que en 2020 adjudicó 16 proyectos municipales por Q95.4 millones.
AYUDA A LA GENTE
Los recursos también pudieron ser invertidos en ayuda a la gente en situación de pobreza. Para tomar un ejemplo puntual, en Alta Verapaz, el departamento más pobre del país, en 2025, la Municipalidad de San Pedro Carchá, adjudicó 10 proyectos para el mantenimiento de caminos rurales por Q60.1 millones.
Eso significa que, con el incremento salarial, se pudieron contratar otros 15 proyectos similares, para el mantenimiento de vías terciarias que podrían conectar a aldeas aisladas, reducir horas de viaje y facilitar así el acceso a mercados, escuelas o centros de salud.
Por aparte, con esos recursos se pudo haber ayudado a mucha gente.
El Ministerio de Desarrollo Social maneja el programa de Bono Social, que consiste en el otorgamiento de Q500 quetzales a familias de escasos recursos, si cumplen con enviar a los hijos a la escuela y a hacerles chequeos de salud.
También está a cargo del programa Bolsa Social, mediante el cual se entregan Q250 a personas en situación de vulnerabilidad a la pobreza, con el objetivo de que los utilicen para la compra de alimentos de la canasta básica.
Tomando en cuenta esos valores, significa que con el incremento salarial de los diputados se pudo haber ayudado a 11 mil 936 de estos hogares durante 15 meses con el Bono Social, durante 15 meses, y se pudo haber dado acceso a alimentos a 358 mil personas en situación de pobreza.
Al día de hoy, el aumento que se recetaron los legisladores sigue vigente, pese a los múltiples amparos y acciones legales que interpusieron diversos sectores de la sociedad civil.
