El exembajador de EE. UU. en Guatemala, Stephen McFarland, se refirió a la carta que dos senadores estadounidenses enviaron al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en la que le piden respaldo para los procesos de elección de segundo grado en Guatemala.
El pasado 9 de abril se conoció que los senadores Tim Kaine (demócrata) y Michael S. Lee (republicano) enviaron una misiva a Rubio en la que califican el 2026 como un año «crítico» para la institucionalidad democrática de Guatemala. Esta misiva fue enviada a pocos días de que finalice el proceso para elegir al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) que sustituirá a Consuelo Porras.
Ambos resaltaron la importancia de estos procesos de elección «dada la conexión intrínseca de Guatemala con varias prioridades de seguridad nacional de los EE. UU.» y subrayaron que «la solidez del sistema democrático de Guatemala depende de un poder judicial independiente y de procesos transparentes para la selección de sus funcionarios”.
Al respecto de esta carta, McFarland, diplomático en retiro, apuntó que la comunicación de los senadores con Rubio se debe interpretar como un llamado de atención al cambio reciente en la política de EE. UU. hacia Guatemala y los procesos de selección de las cortes y el Ministerio Público».
En ese sentido, McFarland cree que la carta es una crítica a la actual fiscal general y a los sectores oscuros ligados a la corrupción en el país y evidencia que los senadores piensan que la independencia judicial corre riesgo en estas elecciones y que la actual política de EE. UU. hacia Guatemala no toma esta amenaza «suficientemente en cuenta».
El diplomático en retiro destacó que la postura venga de dos senadores que han estado interesados por muchos años en Guatemala y que antagonizaron en el pasado, respecto al funcionamiento de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). En el caso de Kaine, un demócrata moderado, y en el de Lee, un republicano conservador y aliado de Trump.
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«Lo que está en juego no es la Cicig, sino la justicia independiente, y uno puede apoyar ese objetivo habiendo sido un crítico de la Cicig o alguien que la apoyó», subrayó.
POLÍTICA ERRÁTICA
McFarland detalló que, aunque la carta no es explícita, se puede intuir que los senadores no están de acuerdo con la señal «percibida en el público» de que EE. UU. quería proteger a Consuelo Porras. «EE. UU. lo niega, pero mucha gente lo cree y, como ella insiste en salir en la lista de seis candidatos a fiscal general, es una respuesta ante esa situación», apuntó.
El diplomático en retiro aseguró que este supuesto apoyo a Porras fue producto de un cambio de política del Gobierno de EE. UU. y no una decisión unilateral de algún funcionario del Departamento de Estado o de la Embajada en Guatemala.
«No creo que nadie en la Embajada haya inventado ninguna parte de la política, sino que siguieron las instrucciones que recibieron de Washington, fielmente», expuso el entrevistado. No obstante, atribuyó esa «política confusa» al esfuerzo de lobistas en aquel país y a que «la toma de decisiones de EE. UU. en política diplomática y seguridad nacional está fragmentada y debilitada y en algunos casos rota».
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En Guatemala, destacó, EE. UU. tiene una relación bilateral bastante productiva y efectiva para las dos partes, en términos de migración, narcotráfico y el apoyo a Taiwán. Sin embargo, por otro lado, se producen acciones como el respaldo a actores cuestionados, refirió McFarland.
«Si uno ve el panorama de la política exterior de Trump, ese es el patrón. La relación con Canadá, Groenlandia, Colombia, ahora con Irán… No hay siempre un estudio frío de las situaciones», y en consecuencia las decisiones son erráticas, concluyó.
INTERESES DE EE. UU.
McFarland comparte el criterio de ambos senadores, en el sentido de que los intereses de seguridad de EE. UU. y la estabilidad financiera en Guatemala dependen de la independencia judicial y del óptimo desenvolvimiento de estas elecciones. «Es un argumento basado en el realismo», acotó.
«La estabilidad política y económica, a largo plazo, solo se puede construir sobre la independencia judicial», aseguró el exembajador, quien enfatizó que reducir la migración y luchar contra el narcotráfico justamente depende de eso.
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«Tiene que haber cierta estabilidad política para que haya inversiones y reglas claras y justas, pero todo eso se logra solo si hay una justicia independiente y profesional, no solo de jueces y magistrados, sino también de fiscales y otras personas que vigilan el cumplimiento de las leyes», añadió.
En opinión de McFarland, siempre habrá personas que pueden pensar que «van a seguir haciendo corrupción y al mismo tiempo a cooperar con EE. UU.» en el tema del tráfico de drogas, pero advirtió que en el mediano y largo plazo «un sistema corrupto se corrompe por completo y eso da rienda suelta al narcotráfico».
