La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) declaró «prescindido» el concurso para la contratación del servicio de limpieza en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) que ya había adjudicado en julio del año pasado a la empresa Matrisa, S. A., firma señalada de haber tenido vínculos con Melvin Quijivix, hombre de confianza de Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei.
El proceso de licitación se lanzó el 15 de mayo del año pasado y es por el «servicio de limpieza para el edificio y módulos sanitarios» del aeropuerto en mención. La contratación sería por 24 meses, pero nunca se firmó el documento legal para formalizar la negociación.
El 24 de julio pasado, la adjudicación fue aprobada por la autoridad superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el monto de la adjudicación fue por Q17.4 millones, pero desde entonces no se supo más del proceso.
Fue hasta este 3 de febrero de este año cuando en el portal Guatecompras se publicó la resolución del CIV en la que prescinde de la contratación debido a dudas de que la empresa pudiera cumplir con lo requerido en las bases de licitación.
De acuerdo con dicho documento, la decisión se adoptó luego de un dictamen que emitió el Departamento Financiero de la DGAC, con fecha 17 de octubre de 2025, según el cual, «el monto ofertado por la entidad Matrisa, S. A. es equiparable e incluso menor a montos pagados por la DGAC, por el mismo servicio, en los años 2009 al 2013.
En otras palabras, esto levantaba la sospecha de si la empresa iba a prestar el servicio considerando costos que estaban vigentes en el mercado hace 16 años. Por tal razón, el dictamen señala que Matrisa «presenta una alta probabilidad de no cumplir con los servicios descritos en las bases de licitación».
En los considerandos de la resolución también se menciona que «el mejor precio no siempre se traduce en una calidad adecuada a las necesidades aeroportuarias» y cita que la empresa debería hacerse cargo de la limpieza de la totalidad de las áreas del sótano hasta el cuarto nivel del AILA, así como de los 36 módulos de sanitarios instalados en el lugar, por dos años.
Cabe destacar que el 27 de noviembre, un mes y 10 días después de emitido el dictamen financiero, el CIV declaró «con lugar» un recurso de reposición presentado por la empresa Cleanomatic de Guatemala, S. A., —que perdió la adjudicación, al presentar una propuesta por Q24 millones— con el cual también argumentaba que la oferta presentada por Matrisa estaba «subvalorada de conformidad con el mercado nacional».
DOS EMPRESAS CUESTIONADAS
La Junta de Licitación debió decidir entre dos empresas que, de cualquier forma, hubieran levantado polémica. A pesar de que transcurrieron 40 días entre la publicación del concurso y la presentación de ofertas, fueron las únicas que participaron y presentaron propuesta.
Por un lado, Cleanomatic, empresa que prestó el servicio de limpieza en el Aeropuerto La Aurora hasta agosto del año pasado. Su contrato vence en agosto próximo y lo dejó amarrado el exdirector de la DGAC, Francis Argueta.
La empresa ha sido vinculada en publicaciones periodísticas con el exdiputado Edgar Romeo Cristiani del desaparecido Partido Patriota. En las notas está documentado que el exlegislador fue uno de los fundadores de la sociedad en el 2007.
El exdiputado fue procesado por peculado por sustracción, en el caso Plazas Fantasma del Congreso, en un proceso iniciado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
En agosto de 2022 Cristiani admitió su culpabilidad para acceder a beneficios por medio de la Ley de Aceptación de Cargos y por esa razón no fue enviado a juicio.
LA SOMBRA DE QUIJIVIX
Por otra parte, Matrisa (la que había resultado ganadora) es señalada de tener o haber tenido nexos con al menos una empresa ligada a Melvin Quijivix.
Los señalamientos nacen así: según documentos del Registro Mercantil, como gerente general de Matrisa, S.A., figuraba hasta julio del año pasado, José David Dardón Pereira, y como administrador único Abel Dardón Cardona.
José David junto con Juan Pablo Dardón Pereira, formaron en 2019 la empresa La Textilería, S. A., según la escritura de constitución firmada por el notario César Augusto Martínez López.
Juan Pablo aún funge, según Guatecompras, como representante legal 1 de la firma, que fue proveedora del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) cuando Quijivix era presidente. Entre 2022 y 2023, obtuvo cuatro contratos por la prestación de servicios de consultoría que sumaron Q848 mil 700.
Además, los documentos del Registro confirman que Juan Pablo Dardón Pereira fue nombrado gerente general y administrador único de la empresa X’Agon, en 2020, aunque su estatus actual es «cancelado». Esta, a su vez, tuvo como uno de sus fundadores y accionistas a Quijivix, según consta en la escritura de constitución de sociedad anónima del 21 de abril de 2014, firmada por el abogado Alfonso Novales Aguirre.
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Es de resaltar que, durante la gestión de Quijivix como presidente del INDE, aumentaron significativamente los contratos por asesorías. La propia Matrisa, S. A. obtuvo millonarias adjudicaciones de la institución. En total, entre 2022 y 2023, fueron cuatro, que sumaron Q7.9 millones.
En la nota «Empresas sin señalamientos no participan y a DGAC le toca adjudicar limpieza de La Aurora a entidad cuestionada«, del 25 de julio del año pasado, la empresa negó «rotundamente» tener vínculo alguno con Quijivix «como se ha querido hacer creer en algunas publicaciones de medios de comunicación».
¿QUÉ PASA CON LA LIMPIEZA?
Pablo Castillo, vocero del Aeropuerto La Aurora, confirmó que la DGAC levantará un nuevo proceso de licitación para la limpieza de las instalaciones de la terminal aérea, aunque todavía no hay una fecha establecida.
Además, dijo que se hizo una prórroga del contrato anterior por seis meses para garantizar el mantenimiento y que ese es el «tiempo justo para sacar una nueva licitación».
Respecto de qué se puede hacer para más empresas participen, puesto que en el proceso prescindido lo hicieron solo dos y ambas contaban con señalamientos, Castillo indicó que harán públicas las licitaciones «para que no exista sesgo alguno y participe cualquier empresa que cumpla con los requisitos de ley».
