Un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), fue clave para que el Ministerio de Educación (Mineduc) optara por terminar el contrato con Distribuidora Siloe por la compra de 1 millón 156 mil utensilios de cocina para la implementación del Programa de Alimentación Escolar.
Lo anterior ocurre días después de que La Hora publicará el reportaje titular: «El interés del diputado Luis Aguirre en favor de la empresa que aumentó sus ventas al Estado en 11,000% en un año«.
El contrato ya había cobrado vigor, después de que la ministra Anabella Giracca lo avalara el pasado 14 de enero; sin embargo, la Contraloría llevaba a cabo, desde el 17 de noviembre de 2025, un «examen especial de auditoria concurrente» al proceso de compra, de cuyos resultados emitió recomendaciones que terminaron por botar la compra.
El acuerdo ministerial en el que se da por terminado el contrato con Siloe fue firmado el 22 de enero, también por Giracca, y subido a Guatecompras el mismo día. En los considerandos se mencionan puntualmente dos recomendaciones que salieron de la auditoría.
La primera está relacionada con la necesidad de incluir el criterio de calificación sobre la «experiencia del oferente en contratos similares», dado que en el proceso de licitación que terminó en la adjudicación a Siloe este no fue incluido.
En una entrevista con La Hora, el viceministro Técnico del Mineduc, Francisco Cabrera, reconoció que la experiencia no fue un requisito que haya pedido el Ministerio para adjudicar la compra. Dijo que este hubiera limitado la participación de empresas pequeñas que bien pudieron hacer ofertas parciales.
De cualquier forma, al final de cuentas solo participaron dos sociedades anónimas y Siloe resultó ser la ganadora.
La otra recomendación tiene que ver con la capacidad instalada del oferente para la distribución de los bienes, en este caso los utensilios de cocina, que de acuerdo con las especificaciones técnicas debían entregarse por lote y ya embalados.
En el acuerdo ministerial, el Mineduc acotó que, de acuerdo con la Ley de Contrataciones, es el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) el que debe verificar la capacidad financiera y técnica así como la experiencia y especialidad de una empresa, para que sea contratista de instituciones públicas.
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A pesar de esta acotación, se lee en el acuerdo, el Ministerio optó por dar por terminado el contrato «en atención a la recomendación formulada por la Contraloría General de Cuentas», la cual pidió analizar «objetivamente la continuidad en el proceso de adquisición, considerando que debe velarse por la calidad de gasto público».
Además, porque advirtió de que «las situaciones detectadas en el proceso», pueden ser objeto de acciones legales.
SIN CAPACIDAD
Siloe ya había sido considerada sin capacidad técnica, por parte de una junta de licitación en el Ministerio de Gobernación (Mingob) que evaluaba la compra de mil motocicletas para uso de la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2025. Los miembros de dicha junta rechazaron la oferta de Siloe al constatar que no tenía personal, infraestructura y bodegas adecuadas para cumplir con semejante oferta.
Esta junta del Mingob, a diferencia de la que participó en la de la compra de utensilios en el Mineduc, visitó las sedes de los oferentes para constatar su capacidad y concluyó que Siloe carecía de la infraestructura, bodegas y personal mínimo para cumplir con el contrato.
Aunque vender motocicletas no es lo mismo que vender utensilios de cocina, tampoco lo es la cantidad. De aquellas eran mil, mientras que de los enseres domésticos Siloe debía proveer de 1 millón 156 mil unidades, que debían ser embalados por lote y entregados en un plazo máximo de 30 días hábiles después de que el aval del contrato por parte de la autoridad superior del Mineduc.
Dado estas recomendaciones, el Mineduc dio por terminado el contrato de forma anticipada y por razones de «fuerza mayor», posibilidad que quedó establecida en la cláusula 19 el contrato que se había firmado con Siloe.
EL INTERÉS DEL DIPUTADO AGUIRRE
Una investigación publicada por La Hora, el pasado 15 de enero, detalla que el diputado Luis Aguirre de Cabal, se mostró interesado en un proceso administrativo que la empresa gestionaba en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), en medio del proceso de licitación en el Mingob —en septiembre del año pasado— para la compra de mil motocicletas, en el que participaba que Distribuidora Siloe, S. A.
Aunque en principio el legislador negó tener vinculación alguna con la empresa, en una entrevista posterior concedida a La Hora reconoció que cuando le piden «ayuda» trata de hacer lo que está «en ley», y que «no es nada malo que las personas o empresas que estén conmigo o toda la población que quiera estar alrededor, crezca».
Los utensilios de cocina iban a costar un promedio de Q105.15 cada uno.
Pero este es el segundo proceso de licitación que se levanta. El primero el Mineduc lo declaró «no adjudicado» porque ningún oferente cumplía con los requisitos mínimos para participar.
Sin embargo, en este primer proceso, otra empresa había ofrecido el mismo lote de utensilios a un precio unitario de Q84.66, en promedio. Dicha oferta total era de Q97 millones, es decir, Q23 millones menos costosa que la presentada por Siloe.
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
La oficina de Comunicación de la CGC explicó a La Hora que estas auditorías, como la practicada a la compra de utensilios de cocina en el Mineduc, tienen por objetivo comprobar que los procesos han cumplido con las disposiciones internas, con la normativa legal y con las estipulaciones contractuales.
Esto se hace «con el fin de detectar situaciones o hechos que puedan generar riesgos de daños o perjuicios al erario, que podrían afectar el logro de los objetivos institucionales o el resultado de las metas programadas», apuntó en un mensaje enviado a esta redacción.
Añadió que en las auditorías concurrentes «sí existe la probabilidad de recomendar que se suspenda el evento de forma temporal, en lo que se subsanan las deficiencias, o definitiva, dependiendo de los hallazgos de la comisión de auditoría».
¿TRÁFICO DE INFLUENCIAS?
En la investigación publicada por La Hora el pasado 15 de enero dio a conocer que Distribuidora Siloe aumentó en más de 11 mil por ciento su facturación a instituciones del Estado.
Además, reveló que el diputado Luis Aguirre se mostró interesado en un proceso administrativo que la empresa gestionaba en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), justo cuando el Mingob le rechazó una oferta para la venta de las motocicletas porque le faltaba un aval.
La intermediación del diputado abre dudas respecto a cómo la empresa en cuestión ha logrado aumentar su precalificación en el RGAE para convertirse en una multi proveedora del Estado, puesto que vende desde motocicletas, insumos médicos y medicinas, hasta alimentos, utensilios de cocina y equipos tácticos militares.
El reportaje también expuso información de que la sociedad se ha valido de al menos otras 10 de sus empresas afines —con las cuales comparte dirección, representantes legales o accionistas—, para incrementar su precalificación.
