Los ejemplos sobran. Una búsqueda al azar en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) revela que una buena cantidad de empresas guatemaltecas proveedoras de instituciones públicas tienen múltiples giros comerciales.
Una de ellas, Distribuidora Siloe, S. A., fue noticia esta semana después de un reportaje publicado por La Hora en el que se da a conocer que el diputado de la bancada Cabal, Luis Aguirre, estuvo interesado en conocer el proceso administrativo en donde dicha compañía solicitaba la autorización de una categoría adicional de venta, precisamente en el RGAE.
Siloe tiene 26 especialidades, según datos públicos del portal de la referida dependencia del Ministerio de Finanzas (Minfin), estas van desde venta de productos textiles, mobiliario, computadoras, productos alimenticios, maquinaria, catering para eventos, publicidad, y venta de motocicletas, entre otras.
Además, tiene 24 comercios los cuales todos tienen el domicilio registrado en la zona 7, colonia Jardines de Tikal. Algunos de los nombres son: Droguería Siloe, Motocar Group, Comercializadora Agropecuaria Siloe, Papelería La Universal y Biomed Tec Solutions.
En el trabajo periodístico también se dio a conocer que esta empresa mostró un crecimiento de sus adjudicaciones poco usual. De 2024 para 2025 su facturación al Estado creció en 11,000 por ciento (%), lo que equivale de pasar de Q2.8 millones a Q153 millones en 12 meses.
Analistas consultados por este medio coincidieron en que la historia de Siloe puede encuadrar en el típico caso de una empresa que aprovecha sus vínculos políticos para expandir sus negocios.
En el pasado, puntualmente en el Gobierno de Alejandro Giammattei, se pueden citar a Farmacéutica La Botica y la constructora Asfaltos y Petróleos de Guatemala (Aspetro) como dos compañías que multiplicaron sus adjudicaciones y que, de acuerdo con múltiples reportes de prensa, tenían vínculos con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja del exgobernante.
DEBEN CONTROLAR
Para Manfredo Marroquín, analista en temas de transparencia, “no hay otra explicación seria para que una empresa sea especialista en todo, y que le venda todos los artículos” a diversas instituciones públicas. De manera que, a su consideración, se trata de “una empresa que está utilizando influencias de políticos para ser favorecida”.
El analista cree que el gobierno tiene la obligación de perfilar a este tipo de empresas, identificarlas y hacer la trazabilidad de las compañías para que las instituciones sepan con qué tipo de proveedores no pueden hacer negocios.
Marroquín afirma que después de dos años de gestión de la administración de Bernardo Arévalo “es lo mínimo que debería hacer”.
En una línea similar se expresó Marvin Flores, analista independiente, para quien tampoco es normal que una empresa venda tantos artículos y tenga tantas especializaciones, sobre todo, si como en el caso de Siloe su sede pareciera una casa particular.
Flores remarcó en que el RGAE debe ser fortalecido y sugirió que la entidad podría diseñar un sistema de alertas por colores y —por ejemplo— clasificar en verde a todas aquellas compañías que tienen capacidad técnica instalada, que no sean multi proveedoras o que tengan al día sus compromisos fiscales y patronales, esto segundo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
En luz amarilla podrían considerarse las compañías que como Siloe, tienen una multiplicidad de categorías o bien sea que su capacidad técnica sea limitada, mientras que en rojo deberían ir todos aquellos que han sido sancionados o han incumplido con el Estado.
NO SE NECESITAN CAMBIOS A LA LEY
Ambos especialistas coincidieron en que para ejecutar estos controles no se requieren cambios a las leyes. Eso sí, se necesita robustecer al RGAE en cuanto a tecnología y material humano.
“Hay que fortalecerlo. Que tenga capacidad, no solo de revisar documentos, sino que también sea capaz de hacer verificaciones in situ”, apuntó Flores, quien también dijo que la Contraloría General de Cuentas (CGC) está llamada a revisar las inconformidades que presentan los proveedores en los concursos puesto que estas también pueden dar luces de posibles irregularidades que cometen ciertas compañías en los eventos de compra.
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“Ahora hay muchas empresas que ya no quieren venderle al Estado”, explicó Flores, y una de las razones es porque en las instituciones piden sobornos para adjudicar contratos.
Por su lado, Marroquín opinó que los cambios a ciertas leyes pueden ser importantes, “pero no son necesarios” para detener el actuar irregular de estas empresas que tienen “evidentes vínculos” políticos.
“El mismo RGAE lo puede frenar si tuviera información con inteligencia suficiente. Esto no se trata solamente de reformas legales”, enfatizó el analista.
“El Ministerio de Finanzas, creo yo, más bien lo que tiene es falta de capacidad para identificarlas —a las empresas— y eso se hace a través de mecanismos específicos, no necesariamente de reformas legales”, concluyó.
LA ENTRAMADA
En la investigación que dio a conocer este medio el 15 de enero, se reveló cómo una empresa consiguió multiplicar sus adjudicaciones en instituciones públicas en más de 11,000% a pesar de que, en un evento de licitación en el Ministerio de Gobernación, una junta de licitación había concluido que no tenía capacidad para proveer de mil motocicletas a la Policía Nacional Civil.
La misma empresa ha obtenido contratos millonarios con el Ministerio de la Defensa, con al menos dos municipalidades y con el Ministerio de Educación. Con este último firmó un contrato de Q120 millones por la venta de un millón 150 mil utensilios de cocina, un proceso al que actualmente se le practica una auditoría concurrente.
En el reportaje de La Hora se citan fuentes que conoce del tema y que afirmaron que cuando a Siloe le rechazaron su oferta de motocicletas en Gobernación, el diputado Luis Aguirre, se mostró interesado en conocer la gestión que la compañía desarrollaba en el RGAE.
Aparte de este aparente interés del político, el trabajo periodístico también dio a conocer cómo esta empresa logró aumentar su precalificación en el RGAE a través de negocios que hizo con una decena de compañías hermanas, con las cuales compartía accionistas, representantes legales o direcciones.
En principio, el legislador negó tener alguna relación con Siloe, pero luego, en una entrevista que concedió a La Hora, expresó que “no tiene nada de malo” que una compañía cercana a él crezca y no se desligó del todo de la empresa en cuestión.
Además, indicó que ninguna empresa de su propiedad es contratista del Estado, pero tiene “muchos amigos que sí lo hacen”.
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