El pasado 4 de noviembre fue noticia una publicación en sus redes sociales de la congresista republicana por el estado de Florida, María Elvira Salazar, quien hizo pública una petición que dirigió al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en la que le muestra «preocupación» por la supuesta intervención de la Embajada de este país en el nombramiento de cargos públicos del próximo año.
En resumen, la congresista estadounidense dijo estar preocupada porque la Embajada estadounidense «está interfiriendo en las elecciones judiciales de Guatemala» y señaló que EE. UU. no puede permitir que «los remanentes de la administración Biden impongan sus prioridades socialistas en los países de nuestros aliados conservadores».
En ese sentido, pidió a Rubio la destitución del embajador Tobin Bradley y también la de Patrick Ventrell, encargado de negocios de la misión diplomática, ya que ambos «debilitan la política en Centroamérica del presidente —Donald— Trump».
FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS
Pero, contrario a «debilitar» las políticas del actual gobierno de EE. UU., en Guatemala la administración Trump parece que las está consolidando.
Un artículo publicado por este medio el pasado 9 de noviembre detalla una serie de acciones impulsadas por la Casa Blanca, de las cuales el gobierno guatemalteco ha hecho eco.
Entre estas, el aceptar más vuelos con deportados, incluyendo de otros países, la firma del acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército EE. UU. para hacer mejoras en la infraestructura portuaria. También, la declaración de terroristas de los pandilleros y el apoyo para la recaptura de reos que se fugaron de la cárcel Fraijanes II.
Cómo las políticas de la administración Trump se han implementado en Guatemala
NO PONDRÍAN EN RIESGO SU CARRERA
Para Vicki Gass, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG, en inglés), es difícil y «casi imposible» que un embajador actúe por su cuenta propia sin que el Departamento de Estado se percate que lo hace en contra de las políticas de la Casa Blanca.
Además, también considera poco probable que un diplomático ponga en riesgo su carrera al pretender actuar sin el consentimiento del Washington. «No podrían hacerlo, yo creo que ellos no van a poner en riesgo su carrera ni la relación que tienen el Gobierno de Bernardo Arévalo con el de Donald Trump», precisó puntualmente del caso Guatemala.
Consideró que el mensaje de Salazar pudo derivarse de un cabildeo en Washington, lo que refleja que hay sectores en Guatemala que «no están felices» con que la Embajada esté poniendo atención a esta elección. «Ellos preferirían, que no solo EE. UU., sino también que el pueblo guatemalteco, no ponga atención —porque— hay sectores en el país que buscan corromper las elecciones nuevamente», manifestó.
Es más probable, remarcó Gass, que el Gobierno de EE. UU. esté intentando garantizar un proceso libre y justo en estas elecciones en donde no haya interferencia de actores corruptos porque, al igual que los guatemaltecos, están conscientes de que «tener jueces corruptos o comprometidos, amenaza la democracia y fomenta la impunidad» y permite el robo de recursos que deberían servir para resolver los problemas sociales graves y sistémicos de Guatemala.
«Todos los guatemaltecos y EE. UU. quieren una elección judicial donde haya gente que merezca tener el cargo, que no sean corruptos, que van a hacer juicios imparciales para asegurar el Estado de derecho», aseveró Gass.
QUIEREN MANTENER INFLUENCIA
Por su lado Úrsula Roldán, investigadora del Instituto de Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar, coincidió con que la Embajada de EE. UU. está respondiendo con coherencia a una política que se ha mantenido en las últimas dos administraciones de Washington y que está dirigida a mantener la gobernabilidad democrática y que el Gobierno de Guatemala se haga responsable de controlar el narcotráfico y crimen organizado y de recibir deportaciones.
También coincidió con que el pronunciamiento de Salazar es el resultado de «diferentes lobbys que siguen haciendo los grupos de poder en Guatemala que quieren tener continuidad con la cooptación y captura del Estado».
Roldán cree que tanto republicanos como demócratas —como muchos países alrededor del mundo— saben que la corrupción es un problema que en algún momento puede poner en riesgo sus intereses, y en ese sentido conocen que «se pretende una infiltración de estos grupos que tienen vínculos con el narcotráfico y pueden generar una mayor desestabilización en la región».
«Que Guatemala, que siempre ha tenido un lugar estratégico, se vuelva ingobernable, creo que a nadie le conviene», remarcó la investigadora.
Asimismo, desestimó que hoy se estén debilitando las políticas de Trump en Centroamérica, y en ese sentido recordó que los acuerdos que ha firmado Guatemala se han signado con «altos funcionarios de EE. UU., que tienen línea directa» con la Casa Blanca y con el mismo presidente Trump.
CABILDEOS
No se descarta que el pronunciamiento de Salazar haya estado influenciado por algún tipo de cabildeo (lobby) que se haya hecho directamente en Washington. No sería la primera vez y es algo relativamente no tan complicado. En EE. UU. es legal e incluso hay firmas que se dedican a esta actividad. Eso sí, hay que contar con una buena cantidad de dinero.
En 2017, medios documentaron que, varios perfiles pagaron por hacer lobby, entre otros motivos, para quejarse del que también fue embajador de EE. UU. en Guatemala, Todd Robinson, entre otros actores.
Diputados confirman que están prestando sus nombres para cabildeo
La firma contratada fue Barnes & Thornburg LLP, que prestó el servicio de cabildeos en el Congreso y la Casa Blanca por un pago de US$80 mil mensuales. En el caso del Ejecutivo, el contrato fue firmado por quien era embajador del expresidente Jimmy Morales en tema de migrantes, Marvin Mérida.
Por aparte, durante el gobierno de Alejandro Giammattei se contrató a la firma Ballard Partners por US$900 mil, recursos que fueron proporcionados por el Gobierno de Taiwán. La respuesta oficial de la Cancillería fue que los cabildeos se efectuaron con funcionarios del Gobierno de los EE. UU., tanto de del Ejecutivo como del Legislativo, así como con empresarios.
