En medio de la polémica por el caso «UNOPS: corrupción presidencial», presentado el pasado 21 de octubre por el Ministerio Público (MP), ha surgido la duda de los principales sustentos de la acusación penal, que parece, ya juzgó y condenó al presidente Bernardo Arévalo, por el nombre con el que fue bautizado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
De acuerdo con la referida Fiscalía, uno de los argumentos principales que sustentan la acusación es que el MP, basado en el informe de una auditoría que solicitó a la Contraloría General de Cuentas, cree que se pudo violentar el artículo 171 constitucional, ya que —asegura— aprobar el convenio de compra era una facultad del Congreso de la República, porque el monto de la negociación en el Ministerio de Salud y UNOPS superaba el 1 por ciento (%) del presupuesto.
Dejando bastantes dudas, el MP presenta caso de supuesta corrupción por convenio de UNOPS
El agente fiscal de la FECI, Mario Raúl Veliz Guzmán, explicó en la conferencia de prensa ofrecida el mismo día que se llevaron a cabo varios allanamientos, que el exministro Óscar Cordón, incurrió en abuso de autoridad por haber suscrito el memorando por Q7 mil 230 millones.
Asimismo, según su explicación, el monto máximo que correspondía era de Q1 mil 154 millones, ya que esta cifra correspondía al 1% de Q115 mil millones 443 mil 737 millones, el monto del presupuesto para 2024.
El artículo 171 constitucional, Otras atribuciones del Congreso, en su incido i) numeral 3 indica que es deber de ese poder del Estado, «aprobar antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando… obliguen financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado».
Aunque este extremo es algo que tendrá que dilucidarse y que puede tener criterios encontrados, en el pasado, instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) han hecho millonarias adquisiciones, que han superado por mucho el 1% de presupuesto de ingresos de la nación.
No obstante, es importante aclarar que el IGSS es una entidad autónoma, cuyo presupuesto se integra por el aporte de patronos, trabajadores y Estado.
Dicho esto. Entre 2020 y lo que va de 2025, la institución ha hecho negocios con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) al menos por un monto de Q4 mil 66 millones, de acuerdo con una herramienta tecnológica, utilizada por La Hora y que recopila datos de Guatecompras.
Los montos han sido variados, año con año. Así, en 2020 adquirió bienes y suministros por Q477.5 millones; y en 2021, por Q706.1 millones. En 2022 es el año que más movimiento registra, puesto que el monto de las compras llegó a Q1 mil 317 millones.
Para 2023, bajaron a Q1 mil 4 millones, para que en 2024 se registraran negocios por Q352 millones. Todo apunta a que 2025, las compras por medo de UNOPS serán las más bajas de los últimos cinco años y medio, puesto que, hasta el 14 de octubre, van Q209.2 millones, un promedio mensual de Q20 millones.
Al menos en 2022 el monto de lo adquirido fue superior al 1% del presupuesto de ingresos de la nación. En resumen, en cinco años y medio, el mecanismo de Naciones Unidas se ha convertido en el segundo proveedor de medicamentos e insumos médicos del IGSS.
La Hora hizo una solicitud de comentarios a la oficina de Comunicación del IGSS, en el sentido de conocer cómo ha sido la experiencia con UNOPS y si la institución ha experimentado ahorros; sin embargo, no contestó al requerimiento. De hacerlo se incluirá en este espacio.
ANÁLISIS
El expresidente del Congreso y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (1984-1985), Roberto Alejos Cámbara, expuso que habría que leer qué pasó técnicamente con el memorando suscrito.. Y, aunque el Congreso tiene que conocer cualquier gasto no presupuestado cuando pase del 1% del presupuesto, considera que lo firmado no obligaba al Ministerio de Salud, sino que solo era un techo el cual se podía aprovechar en más de un año.
El documento acordado con UNOPS no dice «le vamos a comprar por tanto, como para que eso fuera al Congreso», apunto el exlegislador. «Esto no es un préstamo con una entidad internacional o un convenio como cuando se iban a comprar aviones con Brasil, en donde se hablaba de cuantos aviones por una cifra establecida», amplió.
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Para Alejos, la intención del MP es «buscar cualquier piedrecita en el zapato al presidente y su equipo para estorbar la ejecución y el trabajo del Gobierno».
Por esa razón, enfatizó en la importancia que representa «escoger bien al próximo fiscal general», para evitar esa complicidad que ha existido entre el MP y el Organismo Judicial, puesto que este se presta para órdenes de captura sin bases legales y sin estudiar el tema.
Por otra parte, en una comunicación con La Hora, el abogado constitucionalista y excanciller, Gabriel Orellana, expuso que el memorando con la UNOPS por la compra de US$943 millones «es siempre y cuando el Estado de Guatemala los pueda pagar porque la UNOPS aquí no está vendiendo ni alquilando, sino que simplemente está gestionando, está ayudando al Gobierno a adquirir medicinas».
QUÉ DICE EL GOBIERNO
Luego de conocerse el caso, el Ministerio de Finanzas explicó a La Hora que «existe un marco legal entre UNOPS y el Estado de Guatemala vigente desde hace varios años que permite que esta organización internacional preste sus servicios».
Además, dijo que la Ley General de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado vigente para 2024, en su artículo 24 establece una facultad al Ministerio de Salud para acudir a organismos internacionales y regionales, entre estos UNOPS.
«Esta es una facultad que se otorga generalmente año con año en el presupuesto, para que el Ministerio de Salud pueda contar con varias alternativas en las adquisiciones de medicamentos. Tomando en cuenta el marco legal indicado, determinó, por medio de su autoridad, la necesidad y conveniencia de acudir a esta figura», detalló Finanzas.
Mediante una nota de prensa, UNOPS aclaró que la implementación del convenio únicamente es para la adquisición de medicamentos y equipo médico para los centros asistenciales públicos del país, indicando que tanto los proveedores y compras elegibles corre a cuenta del MSPAS y del Ministerio de Finanzas (Minfin).
«Las regulaciones nacionales sobre la elegibilidad de medicamentos y proveedores se han utilizado como criterio principal de evaluación (…) La calidad de cualquier producto está totalmente garantizada y puede ser reemplazada si un informe sanitario de una institución reguladora reconocida demuestra lo contrario», afirman.
