Los matorrales de más de dos metros crecen en el área contigua al centro de recreación para los trabajadores del INDE, Guacalate, en Escuintla. Prácticamente no se puede caminar, los arbustos y árboles cierran el paso en una extensión de aproximadamente tres hectáreas.
En el lugar, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) pretendía construir una planta de generación de energía fotovoltaica (a partir de paneles solares), para la cual ya erogó Q9.4 millones pero que, hasta el momento, no lleva ningún avance, 0 por ciento (%) de ejecución.
La Hora pudo ingresar a las instalaciones y constatar el abandono en que se encuentra el proyecto, que fue licitado durante la administración de Melvin Quijivix —hoy procesado por un caso de lavado de dinero— y adjudicado a Constructora Ochoa, propiedad de Samuel Porfirio Ochoa de León, un constructor que comenzó a hacer negocios en el sector público desde 2013, pero que hasta la fecha ha ganado adjudicaciones por más de Q400 millones.
La compañía obtuvo sus contratos más voluminosos durante la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024) cuando recibió el 66% de todos los proyectos que le han sido adjudicados hasta ahora, el equivalente a Q267 millones.
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MAL COMIENZO, MAL FIN
Aunque ha firmado contratos con el Estado desde 2012, hasta antes de la llegada de Quijivix al INDE, Constructora Ochoa jamás había participado en la generación de ningún tipo de energía eléctrica con alguna entidad pública.
Su principal experiencia, de acuerdo a un monitoreo que se hizo al portal Guatecompras, es en el remozamiento y reparación de caminos rurales, así como algunas remodelaciones de infraestructura básica, como edificios escolares o construcción de sistemas de agua potable, drenajes o plantas de tratamiento. También tiene muchos contratos por arrendamiento de maquinaria.
Sus principales clientes siempre fueron las municipalidades, hasta que, con Quijivix en la presidencia del INDE, recibió cuatro contratos en esta institución, entre los cuales se cuenta el de Guacalate, Escuintla, por Q116.9 millones.
Pero el proceso de licitación tiene indicios de que estuvo viciado ya que Constructora Ochoa se habría puesto de acuerdo con otra empresa, Construvisión, S. A., para participar en la licitación y asegurarse de ganarían la adjudicación. Ambas tienen vínculos con Samuel Porfirio Ochoa de León.
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La Hora revisó los documentos de ambas empresas en el Registro Mercantil y constató que las dos registraron, en diferentes años, como dirección comercial el lote 20, sector 1, manzana A, aldea Las Tapias, zona 18.
La actual administradora única de Construvisión es la hija de Ochoa de León —Genny Julissa Ochoa López—. Además, el notario, Freddy René Rodas Soto, ha firmado documentos legales para esta compañía y para Marsa, S. A., empresa en la que Ochoa de León es socio fundador.
Marsa fue constituida en abril de 2019, y aparte de Ochoa de León, figuran como socios fundadores; su esposa, Marleni Alina López Galicia; y sus tres hijas, Genny, Marlen Paola y Melissa Yessenia, Ochoa López.
Lo anterior se pudo comprobar con certificaciones Del Registro Nacional de las Personas (Renap).
EN EL MISMO CONCURSO
Esta información permite deducir que tanto Construvisión como Constructora Ochoa guardan estrecha relación. Pero, a pesar de ello, participaron las dos en el mismo proceso para la contratación del proyecto de generación de energía fotovoltaica en Escuintla.
El concurso se lanzó 23 de enero de 2023. El 13 de abril se presentaron tres ofertas. La Junta de Invitación a Ofertar, que revisó las propuestas descalificó, sin conocer el monto de la oferta, la que hizo Construvisión, aparentemente porque no cumplió con acreditar experiencia en haber efectuado al menos tres proyectos fotovoltaicos mayores o iguales a 5 megavatios.
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De esa cuenta quedaron dos, la de Constructora Ochoa, por Q116 millones; y la otra, de Construcciones Molina, que era por Q182.6 millones. El 4 de mayo se adjudicó el contrato a la primera.
La firma que no obtuvo la adjudicación envió una inconformidad de siete páginas a la Junta de Invitación a Ofertar en la que dio a conocer detalles técnicos que explican por qué la oferta de Constructora Ochoa no cumplía con los requisitos técnicos establecidos en las bases del concurso.
Puntualmente, explicó que dicha constructora no sería capaz de generar los 10 megavatios de electricidad que se requería en las bases porque estaba ofertando la instalación de 16 mil 500 paneles solares, por lo que cada uno tendría que producir más de 700 vatios, lo cual es imposible porque no hay en el mercado paneles solares que capaces de producir esa cantidad de energía.
Por eso, ellos —Construcciones Molina— habían ofertado la instalación de 18 mil 260 paneles solares que tienen la capacidad de producir 660 vatios cada uno, lo cual sí cumplía con la cantidad de megavatios que se pedían en los términos de referencia.
«Si bien, el adjudicado tiene un menor precio ofertado, no cumple con las especificaciones técnicas del suministro requerido, por lo que no debió haber sido convocado al acto de apertura de ofertas económicas, menos aún haber resultado adjudicado, por el incumplimiento de no poder garantizar la entrega de los 10 MW en AC», se lee en la inconformidad.
Por tal motivo la firma pide que la Junta califique «de conformidad con los Términos de Referencia» y del Reglamentos de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE.
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Pese a las detalladas explicaciones técnicas, la Junta rechazó «totalmente» la inconformidad planteada porque «ambos oferentes cumplieron con presentar la información de respaldo que acredite que cumplen con los requerimientos solicitados por los términos de referencia», por lo cual, se lee en la respuesta, el oferente adjudicado deberá cumplir con cada uno de ellos.
En otras palabras, la Junta resolvió que, como Constructora Ochoa sabía los términos de referencia debe de cumplir con lo requerido, pese a que, para generar la cantidad de energía fotovoltaica requerida en las bases necesitaba paneles de una capacidad que no existe en el mercado u ofertar la instalación de una cantidad mayor de estos, lo que hubiera implicado —evidentemente— cambiar la oferta.
ANTICIPOS Y DENUNCIA
El proyecto en cuestión forma parte de un grupo de nueve que fueron denunciados en julio de 2024 por el INDE, debido a inconsistencias en los procesos de adjudicación, cero avances en la ejecución y mal uso de recursos del Estado. Por el de Guacalate, se entregó un anticipo de Q9.4 millones, dieron a conocer las autoridades en aquella ocasión.
La inconformidad presentada da pie para dudar de la experiencia de Constructora Ochoa en la instalación de paneles solares, puesto que habla de aspectos muy técnicos que solo las compañías especializadas conocen, pero que a ellos se les habría pasado por alto.
O sea, el hecho de que aún no se comercializan paneles que produzcan más de 700 vatios de potencia, o bien, que debieron haber ofertado la instalación de más paneles por las «pérdidas técnicas» que se producen en todo proyecto fotovoltaico, cuando la energía de «corriente directa» (la que producen los paneles) se pasa a «corriente alterna» (la que se distribuye al usuario).
En una nota publicada por este medio el pasado 7 de julio se dan detalles de cómo se gestaron las contrataciones denunciadas por corrupción en el INDE, algunas de las empresas señaladas acreditaron su supuesta experiencia con documentos aparentemente falsos, también con el objetivo de ganar las adjudicaciones, pero las compañías privadas a las que supuestamente les prestaron esos servicios se encargaron de desmentirla.
Fuentes revelaron a La Hora que Constructora Ochoa es una de las empresas que habría acreditado su experiencia con documentos adulterados.
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Debido a las inconsistencias y cero ejecución, el INDE tomó la decisión de rescindir el contrato y ejecutar fianzas, lo que causó revuelo en el Congreso y en ciertos diputados, entre ellos Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Cristian Álvarez, de CREO que, en el primer semestre del presente año, citaron constantemente a funcionarios del INDE para que dieran explicaciones por dichos contratos.
En una nota informativa del Congreso, publicada el pasado 7 de mayo, se indica que, en una citación, Castillo «intermedia» por los contratos inhabilitados. Además, se dio a conocer que el congresista citó a representantes de dos empresas, incluida Constructora Ochoa López, quienes llegaron a quejarse por «las pérdidas económicas» que les ha causado la inhabilitación de sus contratos.
CRÓNICA DE UNA NEGLIGENCIA
El plazo contractual era de 12 meses a partir del día en que la constructora recibiera copia del contrato. Esto ocurrió el 9 de junio de 2023, lo que significaba que el proyecto debía estar finalizado a más tardar el 8 de junio de 2024.
A lo largo de ese lapso, de acuerdo con documentos contenidos en el expediente que fue facilitado a La Hora por medio de una solicitud de acceso a la información pública, la supervisión documentó a través de una serie de notas y minutas las veces en que se programaron reuniones con el contratista y se les requería el avance del proyecto de manera «urgente».
En el expediente obtenido por este medio se explica que, desde junio 2023 hasta abril de 2024, la supervisión del INDE solicitó a la empresa completar los requisitos contemplados en las bases del concurso, del contrato y en los requerimientos técnicos.
En algunas reuniones programadas, ningún representante de la empresa acudió. La supervisión del proyecto, de acuerdo con los documentos, solicitaba que entregaran los planos finales del proyecto para su revisión y aprobación, así como el cronograma de ejecución del anticipo otorgado. Asimismo, en las minutas se lee que se les externaba la «preocupación» por la escasa ejecución y se les pedía tomar acciones de mitigación para garantizar la conclusión del proyecto en el tiempo contractual establecido.
Pero el tiempo pasó y fue hasta el 27 de febrero de 2024 cuando Constructora Ochoa entregó los diseños. Catorce días después, los supervisores los devolvieron con observaciones. Ese mismo mes pidieron una prórroga de 12 meses para concluir los trabajos. Pero, para aprobarlo, la supervisión pidió los diseños ya finalizados y el resto requisitos, los cuales ya nunca completó la empresa.
Como justificación del requerimiento de prórroga dijo que la Municipalidad de Escuintla se había tardado seis meses en otorgar la licencia de construcción; no obstante, en el expediente facilitado a La Hora hay documentos que muestran que el 5 de diciembre —seis meses después de adjudicado el contrato—, la empresa todavía estaba entregando los últimos requisitos solicitados por la comuna.
La causa pareciera no encuadrar con lo estipulado en en la cláusula 4.2 del contrato, la cual dice que una prórroga procede cuando se produzca un caso «fortuito», de «fuerza mayor» o por «cualquier otra causa no imputable», a la empresa, o por necesidad del INDE. En el expediente se demuestra que, una vez completados los requisitos, la Municipalidad de Escuintla entregó la licencia de construcción al mes siguiente.
Los días siguieron y el 4 de abril de 2024, el contratista pidió a los supervisores que le permitieran ingresar al lugar donde se construiría la planta, al personal y maquinaria para iniciar con los trabajos de movimiento de tierras. Pero no se les permitió porque ni siquiera se contaba con el detalle del personal que laboraría, listado que debía ser aprobado por el mismo equipo de supervisión y, además, seguían sin recibir el diseño final del proyecto.
Días después, el 25 de abril, otra vez la empresa requirió ingresar maquinaria y personal para empezar con el movimiento de tierras, y como la situación continuaba igual, tampoco se les permitió el ingreso.
TÉRMINO DEL CONTRATO
En los documentos obtenidos vía acceso a la información pública, también se encuentra un documento en el cual el equipo de supervisión del INDE encargado del proyecto sugiere que, debido a las actuaciones de la constructora, el contrato debe ser dado por terminado en beneficio de los intereses de la institución.
Las grandes conclusiones de un informe que entregaron a la Gerencia General del INDE son:
- El contratista incumplió con la entrega completa de los diseños finales del proyecto.
- El contratista incumplió con los plazos de entrega de las actividades propuestas en el cronograma de ejecución presentado en la oferta.
- El contratista ha incumplido con la ejecución del programa de inversión del anticipo; y,
- El contratista incumplió con los compromisos que adquirió en reuniones sostenidas con los supervisores del contrato donde se le requirió tomar medidas correctivas pertinentes y urgentes para cumplir con las condiciones del contrato.
QUÉ DICE LA EMPRESA
Durante días, La Hora intentó comunicarse con el propietario de la empresa, pero el señor Samuel Porfirio Ochoa de León, no contestó las llamadas. Fue hasta que uno de sus trabajadores llegó al Congreso de la República —para hablar de otro proyecto que presenta retrasos en Alta Verapaz— que fue posible obtener comentarios de alguien de dicha constructora.
Brian Ortiz, uno de los supervisores del proyecto de Guacalate, aseguró que este no lleva 0% de ejecución porque «en principio, sí ejecutamos, en realidad». A la vez que reconoció que ya recibieron los Q9.4 millones de anticipo, aseveró que ellos comenzaron a elaborar el diseño, pero que los supervisores no se los autorizaban. «Comenzamos con movimientos de tierra y chapeos y después ya no nos dejaron ingresar», aseguró.
«No se nos autorizaba nada del diseño, como lo han visto en las publicaciones del diputado Inés Castillo«, expuso el Ortiz, quien añadió que el INDE debió haberles dado un proyecto «ya definido», solo para construir. Como no fue así, afirmó, «tuvimos que rediseñar».
Al ser cuestionado por la falta de experiencia de la empresa dijo que Constructora Ochoa ha participado en «varios proyectos de energía fotovoltaica que se pueden verificar en Guatecompras». Al preguntarle cuáles, respondió al reportero de La Hora: «Fijate que no estuve en ese lapso, pero sí recuerdo que vi algunos»; no obstante, este medio revisó las 294 contrataciones que ha recibido desde 2013 a la fecha y, como se mencionó al inicio de esta nota, ninguna tiene que ver con la generación de energía eléctrica.
Además, siempre en relación con la experiencia de la empresa y los requerimientos técnicos del concurso, Ortiz admitió que no dominaba esos términos.
«Realizamos el estudio de cuántos paneles se van a ir, cuánto de estructura y de todo… Los supervisores del INDE nos dicen que no cubrirá toda el área, a mi me dan los cálculos, la relación de la energía potencial partido (dividido)… yo no soy ingeniero eléctrico, sino civil, no sé mucho de esos temas, pero más de algo me recuerdo. Me dicen, ‘la relación es 0.22 y ustedes me están pidiendo 0.2, y esa mínima diferencia aumenta el número de paneles’, y entonces tuvimos que rediseñar», intentó explicar Ortiz.
